FEPA

La compañía estadounidense llega al país tropical para realizar una importante inversión. Pero en seguida se topa con el funcionario estatal de turno. El gerente de la empresa pública, el ministro de Estado o el propio presidente. Mire Míster, aquí las cosas no son como allá. Nosotros queremos trabajar con usted, pero ¿cuánto hay?, ayúdeme a ayudarlo, arreglemos como caballeros.

El Míster se entera rápidamente que no hay forma posible de llevar a cabo su inversión sin coimear a un par de funcionarios públicos del país tropical. Entonces el Míster se olvida por un momento del Sermón de la Montaña y hace un cálculo. Por un lado, pone la utilidad esperada por su inversión y, por otro lado, la cantidad de dinero que el funcionario público le pide que deposite en la cuenta de un banco de una isla del Caribe.

Con el objetivo de evitar que los ciudadanos estadounidenses y las compañías que tienen su domicilio o que posean activos en los Estados Unidos realicen prácticas corruptas en países extranjeros, el Congreso de los Estados Unidos expidió en 1977 el Foreing Corrupt Practice Act (“FCPA”) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Según esta ley, el Gobierno estadounidense tiene la competencia y sus jueces la jurisdicción para procesar y castigar penalmente a ciudadanos o empresas estadounidenses o que tengan activos en los Estados Unidos que cometan actos de corrupción fuera de territorio estadounidense.

El FCPA ha sido un éxito. Los Místers del mundo ahora saben que no pueden andar participando en actos de corrupción cuando invierten en los países subdesarrollados. Saben que, si así lo hacen, van a estar sujetos a la poderosa e implacable jurisdicción estadounidense y que sus delitos difícilmente van a quedar en la impunidad.

Ahora el Congreso de los Estados Unidos ha ido un paso más allá. Recientemente se expidió el Foreign Extortion Prevention Act (“FEPA”) o Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera. FEPA es la otra cara de FCPA. FEPA impone responsabilidad a los funcionarios públicos extranjeros que exijan, reciban o acepten sobornos de personas o empresas estadounidenses o de cualquier persona que se encuentre en territorio estadounidense o que tenga activos en ese país. FEPA le da jurisdicción a los jueces estadounidenses para juzgar y castigar a funcionarios de otros países que hayan celebrado prácticas corruptas con las personas sometidas a FCPA.

FEPA es una pésima noticia para los funcionaros corruptos ecuatorianos que están acostumbrados a recibir coimas para celebrar contratos. Si lo hacen, ya no serán juzgados solamente por jueces ecuatorianos a quienes pueden fácilmente presionar o manipular, sino que deberán someterse al poderoso sistema judicial estadounidense, donde serán castigados y sus activos decomisados. Y FEPA es especialmente relevante ahora que se ha aprobado la extradición. Si un juez estadounidense condena a un funcionario público ecuatoriano, puede solicitar que sea extraditado a los Estados Unidos.

Por eso, una forma de prevenir la corrupción en un país como Ecuador, en donde el sistema judicial no sirve, es exigir que los contratos más importantes sólo se celebren con personas o compañías sometidas al FCPA y al FEPA.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 15 de mayo de 2024.