Estatismo y educación

Colombia transita un camino muy peligroso hacia la estatización de la vida. Habrá que dedicar estas líneas, siguiendo el ejemplo de Hayek, “a los socialistas de todos los partidos”, pues el punto de partida de los debates que se dan hoy en nuestro país es la expansión de la acción estatal y no su límite y control. Los grandes avances que se lograron después del shock que supuso la aprobación de una nueva carta política en 1991 y un proceso agresivo de apertura económica a partir de 1992, que incluyeron mejoras evidentes en el conjunto de bienes y servicios a los que pueden acceder los consumidores, se exponen hoy como asuntos normales que hubiesen ocurrido sin importar las decisiones en materia de legislación y política pública. 

¿Alguien recuerda el botín que eran los hospitales públicos, las electrificadoras, las fábricas de licores, las empresas de aseo, entre otras muchas? No importaban las pérdidas, con tal de repartir entre clientelas electorales suficientes puestos y contratos. Se asumía que el estado nunca se quebraría y con aumentar los impuestos habría para pagar y sobrante. Hoy esa línea de argumentación llega con más fuerza y se abandona el camino de incipiente liberalismo económico que en algún momento se trató de tomar, denunciando como “salvaje neoliberalismo” todo aquello que implique competir, entrar en las dinámicas de un mercado verdaderamente libre y consolidar el imperio de la ley. 

Hoy se celebran los incrementos por decreto al salario mínimo por encima del IPC, en un país donde la mitad de la fuerza laboral está en la informalidad; se vitupera en contra de un sistema de aseguramiento en salud que cubre a más del 90% de la población, alegando que es privado y genera lucro; se critica un sistema pensional de ahorro individual y subsidio a las pensiones más bajas, promoviendo en cambio un sistema insostenible de subsidio a pensiones altas y más recursos del presupuesto general de la nación para cubrirlo; se reclaman mayores incrementos salariales para funcionarios públicos, sin importar que en el sector real de la economía pocos estén en capacidad de empatar esas compensaciones; se pretende ahogar a las instituciones de educación privadas con regulaciones, destinando los limitados recursos estatales a establecimientos oficiales administrados por el estado, limitando la libertad educativa. 

El estado vuelve a verse como la solución, el garante, la entidad omnipresente y omnipotente que velará siempre por el bien común y frenará las “nefastas inclinaciones” del individualismo y del capital. En muchas regiones de Colombia las nuevas generaciones sueñan con hacer parte de la burocracia estatal, pues les garantiza estabilidad, mejores condiciones y estar al margen de las presiones que implica la competencia laboral. Mientras tanto, millones de indios, chinos, vietnamitas, israelíes y hasta islandesas, se preparan cada día más para competir en el nuevo mercado laboral mundial, crear nuevas empresas, ahorrar e invertir en los cada vez más arriesgados fondos de inversión y generar riqueza.

El sistema educativo está fallando, negarlo no tiene sentido. Se ha generado una bola de nieve en la que la educación privada terminará por ser cada vez más costosa y la pública gratuita corre el riesgo de quedar relegada, atrapada, como parece estarlo, por intereses gremiales, ocupados solo en mejorar las condiciones laborales de sus asociados, estando ya por encima de lo que ofrece el mercado laboral en la mayoría de los municipios del país. 

Las familias con ingresos entre dos y cinco salarios mínimos legales mensuales buscan opciones de educación privada para sus hijas, porque las consideran mejores que la oferta estatal, y encuentran que cada día es más costoso, a veces sencillamente inalcanzable. Los establecimientos privados hacen de tripas corazón para mantener los más altos estándares de calidad, pero también sienten el impacto del alto costo de operar en un país donde la energía está por las nubes, la importación de tecnología es difícil, los salarios se decretan por encima del IPC, cada ocurrencia del legislativo implica ajustar internamente los proyectos educativos y asumir inversiones, sin la chequera de papá estado, entre otras. 

Por alguna extraña razón, hay sectores que las asumen como entidades viciadas y viciosas por responder a las dinámicas del mercado. Me pregunto si en el futuro habrá tanta inversión en educación, si el estado aumenta su intervención, limita aún más las tarifas y pretende homogeneizar un currículo nacional en educación básica y media, como algunos hoy promueven con tanta vehemencia. 

Aunque no lo crean, la forma como se concibe el sistema educativo define el camino que seguirán la sociedad y el estado. Un sistema con alta intervención generará una sociedad que acepta la restricción de su libertad y verá con desconfianza toda competencia, toda innovación, todo cambio. La regulación se requiere, por supuesto. El estado juega un papel, claro que sí. Lo grave es cuando el estado va en contravía del crecimiento económico y se opone a las dinámicas del mercado, cercenando el potencial creativo y competitivo de la sociedad. 

Una sociedad libre es aquella en la que niños y niñas pueden crecer en libertad, en la que sus familias pueden escoger entre múltiples alternativas la que consideran mejor para su educación, en la que todas sienten la necesidad de crear y ser más productivas, sin por eso dejar de lado la recreación, el ocio, el descanso. La dependencia del estado, que tantos ven como la solución, es contraria a la libertad, pero muchas veces se interioriza en el aula y se toma, sin ser conscientes de ello, el camino a la servidumbre.