España: Subir los impuestos es un error

La inquietante evolución del endeudamiento del sector público plantea serias dudas sobre su sostenibilidad y, en consecuencia, preludia una crisis fiscal si no se actúa con rapidez. Este es el inevitable corolario de la trayectoria explosiva de la deuda pública impulsada por la recesión y por la política del gobierno para combatir el desplome de la economía española. Ante este panorama, los socialistas se plantean afrontar la reducción del déficit presupuestario subiendo los impuestos. Este enfoque deprecia y/o ignora todo lo enseñado por la teoría económica y por una amplia evidencia empírica. A diferencia de lo sostenido en los viejos modelos keynesianos no existe una relación automática entre las subidas impositivas y el incremento de la recaudación. Por añadidura, medidas de esa índole tienen grandes posibilidades de agudizar las fuerzas recesivas en curso, retrasar la recuperación y, por tanto, de elevar en vez de recortar los desequilibrios de las finanzas públicas.

El planteamiento teórico que inspira la política gubernamental se sustenta en tres viejas falacias keynesianas: primera, la oferta de trabajo es fija, una cantidad dada; segunda, el consumo de los hogares depende sólo de la renta actual y tercera, la inversión obedece más a las ventas y a la utilización de la capacidad productiva que a su rentabilidad. Esta visión del funcionamiento de la economía supone ignorar un principio económico elemental: la gente responde a incentivos, entre ellos, a la tasa de retorno después de impuestos de sus decisiones de trabajo, de ahorro y de inversión. Si los cambios en la tributación afectan de manera negativa a esas variables, más impuestos no se traducirán en mayores ingresos para las arcas estatales. Esta conclusión resulta incomprensible para los paladines del keynesianismo cañí pero tiene una sólida base microeconómica que permite entender e interpretar como reacciona la economía a las modificaciones de la política fiscal.

Como demuestra la moderna teoría del consumidor, basada en una larga y acreditada tradición que va de Irving Fisher a Robert H. Hall pasando por Franco Modigliani y Milton Friedman, las decisiones de consumo de las familias dependen del valor descontado presente de los flujos de ingresos que aquellas esperan percibir en el futuro, esto es, de su renta permanente. En este contexto, un alza de la fiscalidad destinada a persistir reduce ésta y, con ella, el gasto de los consumidores. En el caso español, la persistencia de una mayor carga tributaria es inevitable en tanto el cuanto el gobierno se niega a recortar el gasto público. Esto lleva a la consolidación de una presión fiscal superior a la existente en la pre-crisis si se desea que el endeudamiento de las administraciones públicas no se dispare o, al menos, se estabilice alrededor de parámetros sostenibles. En esta tesitura, la respuesta de las familias a la elevación de su factura tributaria y a la caída de su renta permanente será disminuir su consumo.

Si esa es la respuesta de los hogares en un escenario “normal”, el impacto contractivo de subir los impuestos tiene mucha mayor intensidad en un momento “anormal” como el protagonizado por la economía española. El recorte de la renta permanente producido por la elevación de la fiscalidad se superpondría a una situación en la que las familias experimentan un alto endeudamiento y su riqueza financiera e inmobiliaria está sometida a un proceso de ajuste a la baja de una dureza sin precedentes y sin expectativas cercanas de llegar a término. Eso sin contar la erosión de la renta disponible que se ha producido y se producirá en las capas de la población desempleadas. En un entorno de estas características, el incremento de los impuestos hace impensable no ya una reactivación del consumo privado sino sugiere un descenso de éste mayor que el que se produciría sin una decisión de esa naturaleza.

Incluso si se acepta la hipótesis keynesiana según la cual el consumo privado responde sólo y/o principalmente a la evolución de la renta disponible, el caso a favor de subir los impuestos es rechazable en las circunstancias presentes de la economía española. En un escenario de restricción crediticia, el efecto contractivo sobre la demanda agregada de un aumento de la tributación sería muy potente porque las familias no pueden y/o tienen severas dificultades para pedir prestado y mantener y/o elevar sus niveles de gasto. Por tanto, su consumo dependería sólo de la renta actual que se vería reducida por la subida impositiva y ello las llevaría a consumir menos (ver Campbell J.Y. & Mankiw N.G., "Consumption, Income and Interest Rates: Reinterpreting the Time-Series Evidence", NBER, 1989).

Si se pretende concentrar los incrementos impositivos en las “rentas altas”, conviene tener en cuenta algunas cuestiones adicionales. De entrada, el tipo marginal del IRPF en España se aplica a partir de los 60.000 euros/año, el gravamen más alto para esos niveles de renta de todos los países de la OCDE. Hace falta tener una imaginación portentosa para considerar unos magnates, unos plutócratas a los españoles que alcanzan esos ingresos... Por otra parte, ese segmento constituye sólo el 5 por 100 de los contribuyentes. Esto significa que, aunque se expoliase a ese colectivo, la recaudación procedente de él sería escasa y, en cualquier caso, irrelevante para tener un impacto significativo sobre cualquier estrategia dirigida a recortar el déficit público. El “señuelo” de los ricos es una tosca maniobra de distracción para camuflar la subida de impuestos a las clases medias.

Ese mismo espíritu demagógico podría imputarse a cualquier intento de aumentar la fiscalidad sobre los dividendos o sobre las ganancias del capital. Alrededor de seis millones de españoles obtienen rentas por esa vía y parece excesivo calificarles a todos ellos o a la gran mayoría de millonarios. Además, una iniciativa de esa naturaleza afectaría de manera negativa a uno de los determinantes del consumo privado, la riqueza financiera de los hogares lo que contribuiría a deprimir su gasto. Para rematar la faena, la disminución de la rentabilidad del capital reduciría todavía más los ya escasos recursos disponibles para la inversión privada. De nuevo, esto agudizaría las presiones recesivas soportadas por la economía española y frenaría la salida de la crisis.

En estos momentos, cualquier subida de los impuestos directos, indirectos o de ambos con la “benéfica” intención de yugular el déficit público es un error. Sólo contribuirá a empeorar las cosas. La idea según la cual el aumento de la factura fiscal sería financiado por los “ricos” es pura demagogia y no tiene pase. Serán las clases medias que por cierto ya soportan una situación económico-financiera de tintes dramáticos las víctimas del vampiro gubernamental. El gobierno debería haber rebajado simultáneamente el gasto y los impuestos. Por desgracia no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Como los malos cazadores dispara a todo lo que se mueve.