España: El "viejo" modelo de crecimiento

La política económica del gobierno socialista es un retorno al pasado. En su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación, el Sr. Rodríguez Zapatero habló en prosa quizá sin saberlo, esto es, abrazó el keynesianismo macroeconómico y el dirigismo microeconómico como los fundamentos de su estrategia para combatir la crisis y sentar las bases de un crecimiento sostenido. Este enfoque no es nuevo. Es una resurrección del viejo programa socialdemócrata que llegó a su apogeo a finales de los años setenta y estalló en pedazos ante el envite de la estanflación. Para el socialismo reinante, el gasto y el déficit público son los instrumentos adecuados para salir de la recesión y desde los poderes públicos se planificará el modelo económico-empresarial de la España del futuro. El PSOE vuelve a recrear un proyecto estatista e intervencionista que ha fracasado siempre y en todas partes.

El brutal impulso fiscal introducido por el gabinete, seis puntos del PIB entre 2007 y 2008, no ha tenido impacto positivo alguno sobre la economía española. Por añadidura, la disminución de ingresos derivada de la recesión, del aumento del gasto público discrecional y los fondos que deberán destinarse a las operaciones de reestructuración del sistema financiero conducirán a un desequilibrio presupuestario en el entorno del 9 por 100 del PIB en 2099 y del 10 por 100 del PIB en 2010. Su financiación reducirá aún más los recursos disponibles para el sector privado produciendo un efecto contractivo adicional del consumo y de la inversión. Al mismo tiempo, la acumulación de deuda pública y privada en un contexto recesivo y de restricción crediticia es insostenible lo que acentuará el descenso de los flujos de crédito, internos y externos, a la economía española. Sin un cambio de rumbo radical, España está abocada a una crisis fiscal porque no será capaz de generar los ingresos necesarios para pagar su endeudamiento.

El “nuevo modelo de crecimiento” planteado por el Sr. Rodriguez Zapatero incurre en lo que Hayek denominó la “fatal arrogancia”, esto es, la presunción de que el gobierno es capaz de saber cuáles con los sectores con futuro y, objetivo gubernamental, con mayor capacidad de elevar la productividad de la economía. Ni la teoría económica ni los hechos avalan la tesis según la cual los políticos y los burócratas tienen ventaja competitiva sobre el mercado para realizar esa tarea. Por el contrario, una abrumadora experiencia muestra que los programas estatales dirigidos a “elegir ganadores” suelen tener costes muy superiores a los beneficios que proporcionan. Uno de los principales asesores económicos de Obama, Austan Goolsbee, ha demostrado que el gasto público en I+D+i eleva los salarios de los trabajadores empleados en él pero tiene un efecto insignificante sobre la cantidad y calidad de la innovación (Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientist and Engineers?, AEA, 1998).

El grueso de las investigaciones empíricas realizadas desde los años noventa del siglo pasado arroja una conclusión: el mejor mecanismo para estimular la innovación y mejorar la productividad no es incrementar las subvenciones, los incentivos fiscales etc. sino la competencia. La OCDE ha construido una batería de indicadores en las que se refleja con una claridad meridiana la existencia de una correlación robusta y directa entre la existencia de mercados libres y competitivos e incrementos de la productividad. Por eso, esta variable ha tenido un mejor comportamiento en economías como la estadounidense o la británica que en otras como la francesa o en la alemana con niveles más elevados de intervención estatal. Es la presión competitiva la que fuerza a las empresas a incorporar nuevas tecnologías y a innovar para obtener beneficios y sobrevivir.

En este contexto, una reforma laboral que elimine o, al menos reduzca, de manera sustancial las rigideces laborales existentes en España es un instrumento imprescindible para avanzar hacia el nuevo modelo de crecimiento visionado por Rodríguez Zapatero. La tesis gubernamental sobre la inexistencia de relación entre las regulaciones laborales y la ecuación empleo/paro constituye una inédita y sorprendente aportación que contradice toda la teoría económica vigente. Con independencia de las fluctuaciones cíclicas de una economía, el nivel de desempleo viene determinado, ceteribus paribus, por el marco institucional en el que casan la oferta y la demanda de trabajo. Este determina la velocidad y/o la intensidad de los procesos de destrucción y/o de creación de empleo en las recesiones y en los auges.

Por otra parte, la rigidez o flexibilidad del mercado laboral tiene también una conexión directa con la posibilidad de que las empresas tengan incentivos para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías del conocimiento. De nuevo, los estudios disponibles sobre la cuestión enseñan que la presencia de una normativa laboral rígida desincentiva la inversión en I+D+i porque hace la reorganización del trabajo muy costosa y, por tanto, impide extraer las ganancias de productividad derivadas de esa inversión. En consecuencia, sin una flexibilización del mercado de trabajo será imposible lograr un aumento sensible de la productividad de la economía nacional (ver Gust C. & Marquez J., "International Comparations of Productivity Growth: The Role of International Technology and Regulatory Practices", Labour Economics 11, 2004).

El “nuevo modelo de crecimiento” del ejecutivo socialista es una vuelta a los viejos-malos días del estatismo. La dramática situación económica de España y las políticas implantadas por el gobierno para afrontarla conducen de manera inexorable a un largo período de recesión/estancamiento de duración imprevisible. El keynesianismo macro y el intervencionismo micro son la vía segura hacia el colapso. Se avecina un invierno del descontento.