¿Es un delito permanecer callado?

Por Timothy Lynch

La condena de Martha Stewart ha centrado la atención en la oscura ley federal que hace de mentirle a los investigadores, un delito. Hasta antes de la persecución de alto perfil de Stewart, la mayoría de personas estaban bajo la errada impresión de que únicamente es un crimen mentir bajo juramento. Los expertos legales ahora están diciendo que es muy arriesgado para los ciudadanos hablar con los investigadores. El diario The New York Times cita al abogado de la defensa Seth Taube: “Usted tiene un absoluto derecho en esta república de no hablarle al gobierno.” Sólo un problema: Eso ya no va a ser cierto.

La mayoría de la gente, incluyendo los abogados, tienen la impresión de que cuando los estadounidenses se confrontan con agentes defensores de la ley, tienen el derecho de permanecer callados. Todos lo hemos escuchado en televisión cientos de veces. Sin embargo, los fiscales de Nevada han desafiado esa proposición antes en un caso ahora en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Hiibel Vs. El Sexto Distrito Judicial. El caso envuelve a un hombre que fue acusado por rehusarse a hablar con un oficial de policía. En la cobertura de la corte superior, este caso ha sido eclipsado por casos de terrorismo de alto perfil y por la publicación de los documentos personales del Magistrado Harry Blackmun. Pero Hiibel puede ser el caso del momento que más nos quita el sueño por sus profundas implicaciones.

El ranchero Dudley Hiibel de Nevada estaba parado afuera de su camión fumando un cigarrillo cuando un policía se le acercó y demandó ver una identificación. Hiibel se sorprendió por la petición y comenzó a responder las preguntas del agente con sus propias preguntas. Cuando el agente le dijo: ¿“Tiene alguna identificación?” Hiibel contestó: ¿”Por qué?” Luego de un breve altercado verbal, Hiibel anunció: “No quiero hablar.” El oficial lo esposó y lo llevó a la cárcel. A Hiibel se le acusó de “obstruir a un oficial” y fue multado por $250 dólares. Los abogados de Hiibel han cuestionado la constitucionalidad de este cargo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, la que escucharía los argumentos del caso el 24 de marzo pasado.

Claro, el policía que confrontó a Hiibel no sólo buscaba molestar personas en el pueblo, ese día. El oficial estaba respondiendo a una llamada del 911 en la que alguien afirmaba que había visto a un hombre golpear una mujer en un camión. Era totalmente apropiado para el policía verificar las cosas. Pero por alguna razón, el agente parecía empeñado en hacer que Hiibel le diera su nombre y alguna identificación oficial cuando pudo haber tomado otros pasos para reunir la información.

El oficial pudo haber revisado el número de la placa del camión de Hiibel o tratado de hablar con la mujer sentada en el camión (quien resultó ser la hija de 17 años de Hiibel.) La ley de Nevada requiere que los ciudadanos se identifiquen cuando un policía tiene una “sospecha razonable” para creer que un crimen ha ocurrido o va a ocurrir. La Corte Suprema está de este modo enfrentada con la cuestión de si un estadounidense debe ser encarcelado por quedarse con la boca cerrada –por decir respetuosamente: “No quiero hablar.”

Algunos se encogerán de hombros y dirán: ¿”Porqué todo este alboroto” Es sólo su nombre.” Hay al menos tres respuestas para eso. Primera, sería ingenuo pensar que el gobierno se detendrá con una simple “laguna de nombre” del derecho para permanecer en silencio. Si la Corte Suprema apoya la condena de Hiibel, simplemente se generará más litigios sobre la cantidad de información que puede ser forzada de boca de la persona. Y recuerde que al decir una cosa equivocada –aún negando la intención- puede llevarlo a una acusación por “engañar a un investigador.”

Segunda, el caso tiene implicaciones para esquemas de tarjetas de identificación nacional que han sido propuestos desde los ataques terroristas del 9/11. Los países alrededor del mundo que tienen tarjeta de identificación nacionales exigen que éstas sean llevadas en público y es un crimen rehusarse a mostrarla cuando un agente del gobierno la demanda. El Departamento de Justicia ha intervenido en este caso para argumentar que los requerimientos de identificación están de acuerdo con la Constitución. Si la Ley de Nevada se respalda, un precedente se habrá establecido para una ley nacional.

Tercera, y más importante, un principio crucial está en juego. A diferencia de tantos otros países, los estadounidenses pueden criticar a los oficiales del gobierno –desde el presidente hasta al patrullero local. El corolario lógico a eso es que los norteamericanos también pueden ejercer el derecho de no hablarle a los oficiales del gobierno. Debemos insistir en que la policía haga su trabajo mientras que honra la decisión individual de hablar o de no hablar.

Las circunstancias importan, claro. Hiibel no trataba de entrar a la Casa Blanca sin identificarse, por ejemplo. Estaba parado en una vía pública y dijo: “No quiero hablar.” Por eso, fue arrestado. Pero, ¿puede realmente ser un crimen en Estados Unidos ubicarse en público pacífica y tranquilamente? Siga sintonizado. Una decisión de la Corte Suprema en este caso, se espera para el verano.

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.