Encareciendo la formalidad

Primero unos datos. No se desesperen. El Inegi dio a conocer la Encuesta de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de octubre de este año. De acuerdo con ésta la población de 15 años y más, es decir, la que potencialmente está en edad laboral alcanzó la cifra de 101,1 millones de individuos, un incremento respecto de un año antes de 1 millón 510 personas. De este total, en octubre, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61,1 millones, un aumento de 676,4 miles de individuos. A su vez, de la PEA total estaban ocupados 59,4 millones de personas, 992,5 miles más que en octubre de 2022, de los cuales 40,7 millones era remunerada en un puesto laboral y 13,5 millones trabajaban por cuenta propia.

Y ahora las cifras más relevantes se relacionan con el título del artículo, es decir, el empleo informal. En octubre de 2023, de una población total ocupada de 59,4 millones de personas, 32,9 millones laboraban en la informalidad, 550.000 más que un año antes. Que 55,4% del total de las personas ocupadas, por su situación laboral no tengan acceso al sistema formal de seguridad social, particularmente servicios de salud, pero tampoco financiamiento de vivienda ni aportaciones a su cuenta individual de retiro, representa su grave problema estructural, un grave problema de incentivos desalineados.

La economía mexicana tiene un serio problema para crear empleos de calidad, lo que repercute negativamente en el nivel de bienestar individual y familiar y en el desarrollo económico del país. Así, de los 992,5 miles de individuos en que aumentó la población ocupada entre octubre de 2022 y octubre de 2023, aquellos empleados informalmente aumentaron en 550.000 y, peor aún, los empleados en unidades económicas no constituidas formalmente aumentaron en 574.000 personas. Que el 57,8% del aumento en la población ocupada se haya empleado en unidades económicas informales nos indica que crear empleos formales es notoriamente caro.

Hay varios elementos que se conjugan para encarecer el proceso de creación de empleos formales. Uno de ellos es una regulación ineficiente y excesiva de entrada y salida de los mercados, particularmente de carácter estatal y municipal que, además de ser una fuente de corrupción, inhibe la creación y crecimiento de las empresas y, por lo tanto, del empleo. Otro es el incentivo a permanecer en la informalidad para no pagar impuestos ni contribuciones locales, pagando a cambio derecho de piso que cobran los empleados municipales o el crimen organizado.

Pero el que es sin duda el más importante es el esquema de cuotas patronales al sistema de seguridad social (aportaciones al IMSS, al Infonavit y a las cuentas individuales de retiro en el SAR) que, al representar aproximadamente el 30% del salario base de cotización, actúa efectivamente como un impuesto al empleo formal. De ahí que una de las propuestas más importantes es desligar el acceso al sistema de salud pública de la condición laboral de los individuos, financiando éste íntegramente con la recaudación proveniente de los impuestos.

Adicionalmente a estas aportaciones hay otros dos costos laborales importantes que toman en cuenta las empresas. El primero es el aguinaldo que representa al menos 15 días de salarios y el segundo es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa el cual se calcula a partir de las utilidades que sirven como base para el pago de Impuesto Sobre la Renta de las personas morales, topado a tres meses de salario, lo que implica pagarles a los trabajadores un salario anual integral superior a su contribución a los ingresos y a las utilidades de la empresa. La PTU (reparto de utilidades) actúa así como un impuesto implícito al empleo formal.

Como señalé, tenemos un grave problema estructural que encarece e inhibe la creación de empleos formales y, en lugar de atenderlos con el consecuente impacto positivo en el bienestar individual y en el nivel de desarrollo de la economía, los legisladores proponen reformas a la Ley Federal de Trabajo que incrementarían todavía más el costo, por arriba del aumento derivado de los salarios mínimos y su efecto sobre las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. Destaco dos.

La primera es reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo que el salario por hora efectivamente pagado a la semana aumentaría. Dado que esto sería un cambio exógeno que no tiene porque repercutir en la productividad de los trabajadores, la medida efectivamente encarecería el empleo formal, peor aún cuando se conjugaría con un aumento de los salarios.

La segunda es incrementar de 15 a 30 días de salario el aguinaldo. La propuesta del diputado de Morena Manuel Maldenebro busca cerrar la brecha que existe entre los días de aguinaldo que reciben los empleados de las empresas privadas y los 40 días que reciben los burócratas. Lo eficiente es bajarle el aguinaldo a éstos, no aumentárselos a los empleados privados, ya que se encarecería la creación de empleos formales. Dos casos de “buenas intenciones, pésimos resultados”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 3 de diciembre de 2023.