Elizabeth Warren olvida que la demanda afecta los precios

Parece como si las políticas económicas fracasadas están condenadas a repetirse. Luego de que se presentara en la Cámara de Representantes una propuesta de ley en contra de la especulación con los precios, apuntando específicamente a los precios de la gasolina y la energía, la Senadora Elizabeth Warren ha presentado una ley más integral para prohibir la especulación en los precios durante las emergencias. Para decirlo de manera sutil, esta es un desastre. 

La Ley de Prevención de la Especulación haría que sea generalmente ilegal “vender u ofrecer un producto o servicio a un precio inconcebiblemente excesivo durante un shock de mercado excepcional”. Los shocks de mercado excepcionales se definen de tal forma que comprenden desastres naturales, apagones, huelgas, desordenes civiles, guerra o emergencias de salud pública. Las situaciones extraordinarias, en otras palabras, deben ser enfrentadas con precios ordinarios para los productos. Esa es una receta para toda una serie de faltantes o malas asignaciones de productos cuando la demanda de estos se dispara, o cuando la producción y la distribución se vuelven severamente perturbadas.

La ley de Warren ni siquiera reconoce, de hecho, que un pico en la demanda puede ser una causa legítima para los precios en alza durante las emergencias. Esta concede una defensa afirmativa a las empresas acusadas de especular solamente si estas tienen ingresos de menos de $100 millones y pueden demostrar que las alzas de precios se debieron a que se enfrentaron costos adicionales para realizar su actividad. 

Pero los precios de mercado obviamente pueden subir porque más consumidores de repente quieren ciertos productos y están dispuestos a pagar más para obtenerlos (considere el agua embotellada después de un huracán). Las leyes en contra de la especulación en los precios como esta pueden por lo tanto prolongar la escasez desalentando que los aumentos en los precios reflejen las realidades de la escasez relativa que las condiciones de las emergencias suscitan. Esto alienta un consumo en exceso por parte de los consumidores y provee a las empresas menos incentivos financieros para llevar la oferta de productos a donde es requerida. 

Al principio de la pandemia, había un auge en la demanda de alcohol antibacterial. Los precios en Internet se dispararon, conforme los grandes minoristas (preocupados acerca de su reputación) mantuvieron los precios bajos y experimentaron semanas de perchas vacías. En los estados con normas anti-especulación, los consumidores pasaron más tiempo buscando los productos. Permitir que los precios reflejen adecuadamente la oferta y demanda en estas situaciones alienta un ajuste más rápido. El precio en alza aumenta la rentabilidad de re-dirigir las plantas hacia, o expandir la producción de, antibacterial para las manos, mientras que alienta a aquellos que tienen grandes inventarios a venderlos. Por el lado de la demanda, el alza de precio disuade a los consumidores de pequeña escala de acumular el producto, lo cual perjudicaría a los hospitales o a aquellos que valoran el antibacterial tanto (tal vez debido a las condiciones de salud) que están dispuestos a pagar un precio muy alto. 

La ley de Warren sería todavía más punitiva para las grandes empresas o aquellas consideradas como “socios críticos de comercialización”. Se presumiría de manera automática que las empresas han violado esta ley si satisfacen dos condiciones —cobrar “un precio excesivo” (determinado por la Comisión Federal de Comercio—FTC) comparado con el promedio suyo o del producto durante los 120 días antes de la emergencia, y tener cualquiera de las siguientes condiciones:

• Más de $1.000 millones en ingresos anuales
• El poder de excluir a otros
• Precios diferenciados entre compradores

Para estas empresas, el único argumento para defenderse de este cargo es si pueden demostrar ante una corte, utilizando una “preponderancia de la evidencia”, que este aumento precio refleja incrementos en costos que están fuera de su control. Las empresas que aumentaron sus precios significativamente para reflejar los crecientes costos salariales durante las emergencias se podrían encontrar así mismas en costosas batallas legales tratando de demostrar que ellos no controlan los salarios de los trabajadores dada las presiones competitivas en el sector. 

La mera escala de las multas tendrá efectos importantes sobre el comportamiento de las empresas. Las empresas que sean consideradas como poseedoras de una ventaja injusta y que sean determinadas culpables de cobrar precios excesivos durante las emergencias pagarían 5 por ciento de los ingresos de su empresa matriz en multas. Eso excede los márgenes bajos de ganancias vistos en muchos industrias de hospitalidad y turismo. De manera que, de hecho, los riesgos que esta ley representa no solo suprimirían los precios luego de los auges en la demanda, sino que también alentaría a las empresas a abandonar los modelos que ofrecen descuentos por compras de grandes cantidades y otras estrategias para ofrecer precios diferenciados, evitando así quedar atrapadas en esta red regulatoria.

Es intrigante que la ley propuesta por Warren demanda que durante periodos de cuartos de año cubiertos durante una emergencia, una empresa debe presentar información ante la Comisión de Títulos y Valores (SEC) detallando el cambio en el precio promedio de sus productos, sus márgenes brutos, el desglose de los ingresos adicionales que estén asociados con cambios en el precio y el volumen, y el cambio en los costos para la empresa. La empresa tendría que escribir una narrativa explicando los cambios en sus márgenes brutos y decisiones realizadas respecto de los precios, así como también detallar qué informará las decisiones en el futuro acerca de los precios. Una “narrativa” de decir “más consumidores estaban dispuestos a pagar más por el producto de mercado, entonces subimos los precios” presumiblemente no sería aceptada.

Un grupo de Demócratas ha culpado a las empresas grande con poder de mercado de la actual inflación en EE.UU. Este argumento mal concebido no supera la prueba de la razón: a menos que estas empresas de repente aumentaron su poder de mercado, no queda claro por qué podrían cobrar precios mucho más altos ahora. Algunos pensadores por lo tanto han desarrollado teorías cada vez más especulativas, como la idea de que una inflación más alta le permite a las empresas oportunistas descifrar cómo complotar para elevar los precios a los consumidores sin comunicarlo de manera directa. Aún así, si algo es cierto, es que los procesos de la SEC delineados en esta ley harían que este tipo de colusión tácita sea mucho pero mucho más fácil. Se le está pidiendo a las empresas publicar una descripción de las condiciones bajos las cuales modificarían los precios. ¡Estos son documentos disponibles al público que su competencia puede leer también!

De manera que esta ley no solo ignora cómo los precios de los productos pueden aumentar durante las emergencias debido al aumento de la demanda, sino que también podría facilitar exactamente el comportamiento colusivo de oligopolio al cual sus partidarios erróneamente culpan de la inflación.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 16 de mayo de 2022.