El verdadero historial de Uribe
Los demócratas en el Congreso que quieren apabullar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia (TLC) sostienen que el país sudamericano, devastado por el terror, no protege adecuadamente los derechos humanos y no es merecedor de un TLC. En opinión de los demócratas, la forma de convertir a Colombia en un país más justo es negarles la oportunidad de profundizar sus lazos comerciales con EE.UU.
Se trata de un modo curioso de pensar, especialmente si proviene de un partido que también postula que EE.UU. debe levantar el embargo sobre la dictadura cubana para ayudar al pueblo de ese país. Teniendo en cuenta el funesto historial de Cuba en materia de derechos humanos y el arduo trabajo que ha hecho Colombia en los últimos seis años en defensa de la vida humana, cuesta bastante cuadrar el círculo.
Algunos liberales clásicos podrían argumentar que el comercio abierto con todos los países es un derecho individual. Los defensores de los derechos humanos podrían retrucar que hacer negocios con una dictadura fortalece al tirano. Los aislacionistas podrían no querer tener vínculos comerciales con nadie. Pero cuesta comprender que un sistema racional de creencias estaría a favor de expandir los lazos comerciales con un dictador y, al mismo tiempo, estar en contra de profundizar los lazos comerciales con una democracia, en particular una que ha derramado tanta sangre en nombre de la guerra de EE.UU. en contra de las drogas.
El senador de Vermont Patrick Leahy es uno de muchos demócratas a los que el tema parece dividir. Leahy dice que aún no ha decidido su voto. Pero el mes pasado, en una carta publicada en The Wall Street Journal, me acusó de considerar "los asesinatos de cientos de sindicalistas en Colombia" como un hecho "irrelevante", porque soy partidaria de impulsar el libre comercio como una forma de consolidar el capitalismo democrático y aumentar las oportunidades económicas para todos los colombianos. Aún trato de entender ese vínculo.
Lo divertido es que Leahy, al igual que muchos de sus colegas, incluyendo al congresista por Nueva York Charles Rangel, no tienen los mismos escrúpulos acerca de las relaciones con el régimen despótico de La Habana. El senador ha dicho que EE.UU. debiera acercarse a Cuba al "levantar el embargo" e incrementar el "contacto entre estadounidenses y cubanos, en otras palabras debiéramos desmantelar las barreras entre nuestros países, no edificarlas cada vez más altas".
La Cuba a la cual se quiere acercar Leahy no sólo es acusada de fracasar a la hora de procesar a los violadores de los derechos humanos, como ocurre con Colombia. Cuba es una violadora de los derechos humanos. Resulta lamentable que el senador aparentemente crea que el asesinato de miles de cubanos, la tortura y la prisión de decenas de miles de otros, el exilio de millones y la negación de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a formar sindicatos, sea irrelevante.
Bastante lejos de esta evidente contradicción está el tema de si Colombia es culpable, como han sugerido los demócratas, de ignorar o ser cómplice de las muertes de sindicalistas colombianos. Una revisión seria sugiere que la propaganda izquierdista está tergiversando los datos con los que juegan los demócratas. Si el liderazgo del partido defiende este punto de vista, el desenlace no sólo perjudicará a Colombia, sino que también causará un gran daño a los intereses de EE.UU. en América Latina.
El gobierno colombiano ha sido muy transparente acerca de la persistencia de la violencia en el país. El presidente Álvaro Uribe habla francamente y a menudo sobre el tema y no maquilla la tragedia, como lo hizo en un discurso en Nueva York en julio.
"Todavía asesinan a 17.000 colombianos por año. Quisiéramos mostrar una reducción mayor, pero asesinaban a 35.000. Este año no han destruido ni un solo pueblo en Colombia. El año inmediatamente anterior a mi administración, los grupos terroristas destruyeron 84 pueblos en Colombia. Estuvo amenazada nuestra libertad por el terrorismo. Hubo años en que mataron a 15 periodistas. Este año no han asesinado uno solo... Tuvimos años en que secuestraron a más de 3.000 colombianos. En lo corrido de este año han secuestrado a 107. Quisiéramos tener ni un solo secuestro. Le vamos ganando al secuestro, pero aún no lo hemos podido derrotar".
Los sindicalistas ciertamente se han beneficiado de las mejoras en la seguridad. Hubo años en que más de 250 de ellos perdieron la vida, dijo el presidente en Nueva York, pero ese ritmo ha bajado. En 2006, señaló, la violencia se intensificó y el número de sindicalistas muertos subió de 25 en 2005 a 60. Este año, sólo han sido asesinados cuatro y el Ministerio de Justicia dice que las investigaciones preliminares indican que sus muertes no estuvieron ligadas al activismo sindical. El gobierno también investiga los homicidios de 12 miembros del sindicato de profesores.
En Colombia, los sindicalistas son asesinados básicamente por las mismas razones por las que son asesinados los campesinos. Están en el fuego cruzado entre las guerrillas y los paramilitares. Como explicó Uribe en su discurso en Nueva York, "los paramilitares asesinan a los sindicalistas acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, y la guerrilla asesina a los sindicalistas acusándolos de ser colaboradores de los paramilitares". Ahora, los dos principales grupos guerrilleros se enfrentan en ciertas regiones del país. "El (grupo rebelde) ELN mata a un sindicalista porque dicen que es un amigo de las FARC. Y las FARC matan a otro porque dicen que es amigo del ELN".
De todos modos, los homicidios de sindicalistas se han reducido en dos terceras partes desde que Uribe asumió la presidencia y el gobierno no ha escatimado esfuerzos para protegerlos. Un programa de protección especial para los individuos vulnerables, que permite que cualquiera que se sienta amenazado solicita ayuda especial, ahora cubre a más de 5.000 personas. Según el gobierno, 1.500 de ellos son sindicalistas. El año pasado, Colombia destinó US$24 millones a la protección de líderes sindicales y sus familias, dice el gobierno. La Fiscalía General de Colombia ha establecido un programa especial para investigar violaciones de los derechos humanos en contra de los miembros de los sindicatos. En cuanto a los asesinatos no resueltos, el fiscal se reunió con líderes sindicales y acordó una lista de 200 casos a los que se les ha asignado alta prioridad para investigar.
El gobierno de Uribe ha desmovilizado a 43.000 combatientes armados. Cerca de 33.000 eran miembros de los paramilitares y 10.000 de la guerrilla. Pero el presidente destaca que el país partió con unos 60.000 "terroristas", de modo que aún hay camino que recorrer.
Aunque no se hubiera producido ninguno de estos avances, rechazar el TLC tendría muy poco sentido. Colombia necesita el acuerdo de libre comercio con EE.UU, dijo Uribe en Nueva York, porque "en la medida en que podamos generar más empleo de buena calidad, enviando nuestros productos al mercado de Estados Unidos, en esta medida va a haber menos drogas ilícitas, menos terrorismo, más seguridad, más bienestar para el pueblo colombiano". Ojalá que el gobierno de La Habana tuviera la misma preocupación por la población cubana.
Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal el 6 de agosto de 2007.
Artículo del Wall Street Journal
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