El valor de la democracia

La democracia, entendida como el gobierno en manos de los ciudadanos, constituye la forma de organización política prevaleciente en la mayoría de las naciones. El mecanismo fundamental de la soberanía popular consiste en la votación libre y confiable, en la cual cada elector cuenta con un voto.

Para que el proceso funcione, los países suelen poseer una Constitución que protege las libertades individuales. Así, para establecerse como tal, la democracia debe ser “liberal”, es decir, exhibir características liberales, como la libertad de expresión y un sistema judicial independiente.

En la actualidad, la modalidad democrática predominante es la “representativa”, según la cual los ciudadanos eligen a representantes para que tomen las decisiones de gobierno. Estos delegados deben rendir cuentas y puedan ser castigados en caso de mal desempeño, incluyendo la derrota en las siguientes elecciones e, incluso, la remoción por incompetencia.

En situaciones menos frecuentes, la modalidad democrática es la “participativa”, en la que los ciudadanos toman las decisiones directamente, pudiendo involucrar asuntos ejecutivos o legislativos, cuyas consultas comúnmente se conocen como plebiscito y referéndum, respectivamente.

El predominio de los sistemas democráticos en el mundo es un fenómeno relativamente moderno. Su triunfo sobre los regímenes autocráticos que, con diversas variedades, imperaron por muchos siglos, se debe, en buena medida, al creciente entendimiento social de su valor.

El público comprende intuitivamente los beneficios de la democracia, los cuales contrastan con los abusos y las miserias causadas por las dictaduras. Además, especialistas de diferentes disciplinas han examinado, de forma rigurosa, los efectos de la democracia.

Específicamente, el análisis empírico revela que existe un impacto favorable, al menos indirecto, de la democracia sobre el crecimiento económico. Por ejemplo, en un estudio para 184 países, durante 1960-2010, el economista Daron Acemoglu y sus asociados concluyeron que la democracia aumenta el desarrollo económico en el largo plazo, porque implica la inversión significativa de factores como la salud y el capital humano.

Además, la democracia no solo tiene una utilidad como medio para algo más, sino que constituye un bien en sí mismo. El ser humano es, por naturaleza, sociable, y el ejercicio de su capacidad de asociación con otros en las decisiones públicas le permite una vida más satisfactoria.

En México, la experiencia democrática es reciente. De forma clara, inició en 1997 con la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por parte del partido oficial, y se profundizó en 2000, con el triunfo de la oposición en la contienda presidencial. Después de siete décadas de hegemonía oficial, la alternancia fue posible, entre otras razones, gracias a los avances en la conformación de un sistema electoral confiable.

Por desgracia, la iniciativa presidencial de reforma en materia electoral, actualmente en discusión en el Congreso, de aprobarse, conllevaría un retroceso significativo en la democracia en el país. Sus principales daños pueden agruparse en tres áreas.

Con mucho, el efecto más adverso se ejercería mediante la sustitución del INE, actual autoridad electoral, que goza de amplia credibilidad, con un nuevo órgano, cuya organización y operación tenderían a carecer de independencia y efectividad.

En particular, los candidatos a consejeros serían escogidos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante votación directa popular, lo cual favorecería a activistas que fueran simpatizantes del partido oficial. Además, se buscaría desmantelar la organización, perdiendo la experiencia acumulada en el servicio civil de carrera, y se le quitaría la responsabilidad del padrón electoral.

Una segunda área consistiría en la reconfiguración del Congreso. Si bien se pretende reducir su tamaño, eliminando 200 diputaciones y 32 senadurías, lo cual resultaría defendible, los escaños restantes en ambas cámaras se convertirían en plurinominales, al basarse su elección en listas estatales. Con ello, se perdería el carácter bicameral y federalista, y desaparecería la escasa conexión entre los legisladores y los electores y, por ende, las posibilidades ciudadanas de exigir cuentas.

Un tercer ámbito de debilitamiento provendría de las restricciones al financiamiento público de los partidos, que se limitaría a los años de elecciones, al tiempo que se mantendrían las trabas al financiamiento privado, lo cual arriesgaría la supervivencia de los partidos de oposición y fomentaría la recaudación ilegal de recursos.

En los últimos años, el sistema democrático de México se ha fortalecido, pero su permanencia no está garantizada. Los ataques presidenciales a la democracia ponen en peligro las posibilidades de cosechar cabalmente las bondades de este sistema.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 16 de noviembre de 2022.