El Salvador: La libertad de expresión y la auditoría del pueblo
Manuel Hinds dice que "es la auditoría popular la única que puede salvar al país de la corrupción y la dictadura. La posibilidad de mandar a la cárcel a quien se atreve a criticarlos da a los mandatarios el poder de silenciar esta auditoría popular, usando el pretexto de haber sido calumniado o injuriado o difamado".
Por Manuel Hinds
El día de ayer se discutió en la Asamblea la abolición de la pena de cárcel para los delitos de difamación, injuria o calumnia.
Este es un caso clásico de una legislación que tiene que regular el conflicto entre dos o más derechos del individuo —en este caso el de la libre expresión, por un lado, y el del respeto y la dignidad a la persona (en lo que sean consistentes con la realidad), por el otro.
¿Hacia donde debe inclinarse la balanza? Si lo que queremos es que nuestra incipiente democracia se desarrolle y crezca como un país libre, tiene que inclinarse hacia la eliminación de la pena de cárcel, ya que esta erosiona la libertad de expresión, base fundamental de la democracia.
Hay tres razones principales por las que la libertad de expresión es tan crucial en el mantenimiento de la democracia. La primera es porque es un derecho fundamental de la persona humana. La segunda es porque es la precondición para la existencia del debate, que es la manera en la que se dirimen en una democracia las controversias sobre el camino que debe tomar la sociedad.
El tema que se debatirá el día de hoy en la Asamblea se refiere a la tercera razón por la que la libertad de expresión es crucial en una democracia: la necesidad de mantener abierto el camino para que el pueblo ejerza una auditoría directa sobre los funcionarios que lo representan.
Esta auditoría se ejerce a través de mencionar, divulgar o comentar los hechos de estos funcionarios o las opiniones que dichos hechos generan en el pueblo mismo. Esta función es crucial en cualquier democracia pero lo es más en un país con instituciones débiles como El Salvador, en donde los político pueden intimidar a las instituciones encargadas de auditarlos para que no se fijen en sus actos de corrupción o de abuso de poder.
En estas circunstancias, es la auditoría popular la única que puede salvar al país de la corrupción y la dictadura. La posibilidad de mandar a la cárcel a quien se atreve a criticarlos da a los mandatarios el poder de silenciar esta auditoría popular, usando el pretexto de haber sido calumniado o injuriado o difamado.
Esto, a su vez, les da el poder de silenciar el debate de ideas a través de pintar como injuria o difamación cualquier crítica a las ideas de los funcionarios. El resultado es negarle a los ciudadanos el derecho fundamental de expresarse. Es decir, la existencia de la pena de cárcel da a los funcionarios la capacidad de sofocar la libertad de expresión en general, bloqueando los tres caminos por los cuales dicha libertad apoya a la democracia. Esto es lo que han hecho las dictaduras por toda la historia y es lo que están haciendo las que se están creando bajo la sombra del Socialismo del Siglo XXI. Esto no puede permitirse.
Por supuesto, podría decirse que la eliminación de la cárcel podría resultar en algunos casos más de injuria, difamación y calumnia. Pero la posibilidad del daño a la sociedad y a los individuos es mucho mayor si se deja la pena de cárcel y se facilita el curso de la corrupción y la dictadura. Y, por otro lado, las injurias, la difamación y la calumnia pueden penalizarse con multas razonables, eliminando así la posibilidad de que estas acciones se vuelvan más comunes.
Es importante añadir que la abolición de la cárcel por estos motivos no debe limitarse a los periodistas o dueños de medios.
Discriminar entre periodistas y otros causaría innecesariamente un conflicto con otro principio fundamental de la ley natural y de nuestra democracia: la igualdad de todos ante la ley. La existencia de esta discriminación en el artículo 191 del Código Penal es lo que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo, razón por la cual es necesario cambiar la ley en este momento.
Y no hay que olvidar que los corruptos o los dictadores en potencia pueden también comprar medios de comunicación o comprar de otras formas las opiniones de los que no son de ellos. El pueblo no debe necesitar de ningún medio para poder expresarse —especialmente ahora, cuando la tecnología permite difundir sus ideas a cualquiera con acceso a una computadora y un módem.
Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 24 de agosto de 2011.