El programa gubernamental de 2023

La semana pasada, el Ejecutivo Federal envió al Congreso, para su discusión y en su caso aprobación, el Paquete Económico de 2023 que, entre otros aspectos, contiene el detalle de los ingresos, los gastos y el endeudamiento del sector público para el próximo año.

Como de costumbre, las iniciativas contenidas pueden analizarse desde diferentes ángulos. El más común busca cuestionar si el gobierno contará con los recursos suficientes para llevar a cabo sus planes.

Este enfoque resulta especulativo, al sustentarse en la valoración de las posibilidades de ocurrencia de las premisas presupuestales, la cual depende de la percepción de cada observador.

Así, por ejemplo, juzgar la plausibilidad de los supuestos en función del “consenso de analistas”, reflejado en las encuestas, enfrenta dos problemas obvios: la revisión periódica de esos estimados, a veces cada quince días, y el desacierto que habitualmente los caracteriza.

Además, aun tomando en cuenta un lógico sesgo gubernamental hacia el optimismo, no pueden descartarse sorpresas “positivas” que permitan al gobierno ejercer, con relativa holgura, sus acciones.

A manera de ilustración, el programa para 2022 suponía un crecimiento del PIB de 4,1 por ciento y una inflación de 3,4 por ciento, ambos parámetros muy alejados de la realidad hasta ahora. Empero, la ganancia inesperada en el precio del petróleo y la fiscalización agresiva, entre otros aspectos, probablemente permitirán al gobierno concluir el presente ejercicio con ingresos y gastos mayores y un balance fiscal similar, respecto a lo aprobado.

Lo anterior no significa que sea aconsejable depender de la buena suerte, sino que el desconocimiento del futuro demanda humildad.

Ante la incertidumbre constante, tal vez lo más razonable resida en identificar algunos riesgos adversos del escenario planteado, con base en aparentes inconsistencias. Por su impacto en la recaudación, destaca el supuesto de un crecimiento económico de 3,0 por ciento, a pesar de una desaceleración de la economía estadounidense y una elevación importante de la tasa de interés real.

La prevalencia de desviaciones negativas en el dinamismo económico y otras fuentes de ingreso, como la plataforma petrolera, podría forzar al gobierno a considerar ajustes, incluyendo una combinación de más “fiscalización”, menos gasto y un mayor déficit.

Un ángulo más promisorio de análisis consiste en examinar el plan a la luz de criterios económicos y sociales. Aunque este tipo de enfoque merece estudios formales, es posible derivar algunas observaciones generales.

Con relación a la estimación de cierre de 2022, las iniciativas prevén que los ingresos presupuestarios y el gasto neto total aumenten, respectivamente, 0,8 y 3,4 por ciento, en términos reales, y que la razón de deuda pública total a PIB se incremente cinco décimas.

La relativa estabilidad en el nivel de endeudamiento gubernamental se percibe como una fortaleza de la economía mexicana. En la medida en que contribuye a la estabilidad financiera, esta característica beneficia a la sociedad.

La apreciación favorable difícilmente se extiende a la composición de los recursos y las erogaciones. En particular, la recaudación tributaria adicional, obtenida mediante métodos extralegales, vulnera el Estado de derecho e introduce incertidumbre, con efectos adversos sobre la economía y las personas.

Asimismo, como en años previos, el plan persigue algunos objetivos de gasto sin fundamento social. El caso más evidente es la pretendida “autosuficiencia energética”, de la cual se deriva el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, que absorbe un monto significativo de recursos. Esta meta es indeseable principalmente porque existen fuentes externas de suministro energético notablemente más baratas que las que podrían obtenerse internamente.

De forma semejante, algunas metas lucen convenientes, pero no con los medios propuestos. Por ejemplo, la conectividad del sistema aeroportuario nacional es loable, pero no se logra con el Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual no funciona.

Tampoco el desarrollo económico del sureste del país se impulsa notablemente con el Tren Maya, el cual sacrifica una gran cantidad de recursos que podrían dedicarse a rubros más indispensables para el progreso, como la infraestructura carretera y la seguridad pública. Un comentario semejante aplica a varios programas considerados prioritarios, como los de “Becas” y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La principal debilidad del Paquete Económico para 2023 radica en la falta de justificación económica y social de importantes proyectos y programas. El desperdicio de los recursos públicos frena el avance de la economía, en detrimento del bienestar de la población.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 14 de septiembre de 2022.