El precio justo

En visita a Monterrey el Presidente de México afirmó que las empresas deben tener utilidades razonadas, vocablo que la academia define como “fundadas en razones, documentos o pruebas”, lo que me lleva a pensar que quiso decir utilidades razonables (adecuadas, conforme a razón).

Su dicho me llevó décadas atrás, a los cursos de verano de la Universidad de Asturias en La Granda, uno de los cuáles fue sobre la historia del pensamiento liberal en Hispanoamérica, en la que presenté una ponencia sobre los liberales del movimiento de reforma en México.

Allí conocí a Marjorie Grice-Hutchinson, docta en la Escuela Escolástica de Salamanca, de quien tuve la ocasión de aprender de los debates sobre el precio justo que se dieron en el siglo XVI, sustentados en una larga tradición que se remonta a Aristóteles.

Conversamos sobre las reflexiones de los eruditos de Salamanca Martín de Azpilicueta, Luis de Molina y Tomás de Mercado, quién nació en México e ideó la teoría cuantitativa del dinero al percatarse que el tesoro de América creaba inflación en España, generando pobreza y déficit comerciales, que provocaban salida de capitales por donde se iban el oro y la plata de América.

Me fascinó la discusión sobre el precio justo, que ninguno de los escolásticos citados lo atribuía a que la transacción de marras hubiera ocurrido en forma voluntaria, y buscaron explicaciones más barrocas, como el precio natural y el legal, que ellos creían era justo por definición.

Todo dependía de otros elementos adicionales, como el de leyes equitativas, etc., con lo que entramos en un berenjenal sin salida pues el juicio de valor para fijar el precio justo es completamente subjetivo, lo mismo que su afirmación que debe ir de la mano de una utilidad moderada.

Y es aquí que regresamos al dicho del Presidente López Obrador sobre la utilidad razonable, que tiene el mismo problema que el precio justo y la utilidad moderada de los escolásticos, que seguro él desconoce por haber sido teólogos católicos que nada tienen que ver con las sectas de “cristianos” que patrocina.

La médula del problema es quién decide qué es la utilidad razonable o moderada o el precio justo, si no es el mercado, con un expedito acceso de oferentes y demandantes, y de cuya interacción se determina el precio de mercado, que es aquél en el que se da el equilibrio entre oferta y demanda.

Esto no quiere decir que no haya demandantes insatisfechos por no poder pagar el precio determinado por el mercado, por lo que tienen que recurrir a substitutos inferiores, ni que haya oferentes frustrados pues ese precio no les parece suficiente para remunerar sus esfuerzos y prefieren no concurrir.

Un mercado auténticamente libre, con reglas claras, sin monopolios, al que puedan entrar sin cortapisas todos los demandantes y oferentes que lo deseen, y sin interferencias innecesarias de la autoridad, asegura que el precio sea el justo, y la utilidad resultará de qué tan eficientes sean las empresas y no de presiones o amenazas del gobierno.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 31 de enero de 2020.