El papel de la propiedad

Por fin, el sector privado mexicano se propone incorporar reformas integrales en el marco constitucional de la economía mexicana. La propuesta implica revisar los apartados sobre los derechos de propiedad, como medio para consolidar una política económica que trascienda el ciclo presidencial de seis años. Hay mucho que reformar, desde el capítulo económico de la Constitución hasta las base jurídicas del régimen de concesiones.

En ningún momento, en ninguna nación, se ha observado un episodio prolongado de alto crecimiento económico, no acompañado por un régimen confiable de derechos de propiedad. En ausencia de un marco jurídico que garantice la certidumbre del principio de que "lo mío es mío," surgen problemas típicos de economías subdesarrolladas: asignación ineficiente de recursos, incertidumbre, pérdida del cálculo económico, subcapitalización y poca inversión de largo-plazo. Asimismo, la negación del principio implica la aberración moral que unos tienen derecho al fruto del trabajo de otros-- todo para unos, nada para mi.

En concreto, sin la definición de los derechos de propiedad, desaparecen las bases fundamentales de la prosperidad: los incentivos. Por ello, a pesar de su generalidad, esta nueva propuesta de reformar el marco constitucional vigente en materia de los derechos de propiedad representa un paso fundamental.

El concepto de rectoría estatal que se maneja en el lenguaje constitucional de los países latinoamericanos es incompatible con la sociedad abierta. De facto, los propietarios son concesionarios; de jure, ni tienen derechos de propiedad sobre los activos que trabajan, ni son pertenecientes de esos mismos activos. Por ejemplo, el articulo 27 constitucional mexicano afirma que "La Nación" es propietario colectivo de todos los terrenos y las aguas del territorio nacional.

Sin embargo, lo que es la propiedad de todos, en realidad suele ser propiedad de nadie. Las concesiones reemplazan a la propiedad como criterio jurídico de las actividades formales. Eso genera el favoritismo caracteriza a nuestra tradición mercantilista, así como la inevitable economía informal. Los ejemplos abundan, como muestras patentes de un Estado que, en nombre del bienestar, regula, norma, conseciona, quita y dispone, a diestra y siniestra, elevando costos de transacción que conlleva formalizar la actividad económica: la evasión fiscal, el transporte informal, el comercio ambulante, la vivienda no regulada, el soborno como mecanismo distorsionado de eficiencia, de poder hacer ante un millar de normas que, sin el pago de una cuota (soborno), impiden la actividad de hacer o emprender.

Otro buen ejemplo es el articulo 25 constitucional, mismo que le otorga al Estado el deber constitucional de "planear, conducir, orientar y dirigir" la actividad económica del país. Eso es incompatible con la confianza a largo-plazo y con los fines de crecimiento sostenido. Es totalmente incongruente invitar al inversionista privado, nacional o externo, a que canalice sus recursos en proyectos condicionados a la "planeación y conducción" de agentes estatales, con cheques en blanco de discrecionalidad, y procurar simultáneamente la entrada de amplios flujos de inversiones productivas. Esta es, y sigue siendo, una de las principales causas de la concentración de los flujos de capital en actividades especulativas de corto-plazo en países como México.

Se habla mucho del modelo de mercado, de las condiciones de crecimiento a largo plazo, pero en la gran mayoría de los debates la propiedad y el acceso a la propiedad no representan opciones, puntos de consideración, o prioridades sociales. Eso explica la gran importancia de la nueva propuesta del sector privado mexicano.