El otro problema europeo y una idea latinoamericana

El futuro de la unión monetaria y el desempleo masivo ocuparán la mayoría de los titulares económicos en Europa Occidental durante 1998, pero el asunto económico de mayor importancia que la Unión Europea afronta hoy en día es la crisis en los sistemas de pensiones de reparto. Los dirigentes europeos, temiendo las repercusiones de desmantelar un Estado del Bienestar que se está derrumbando por su propio peso, no se han esforzado seriamente en solucionar esta crisis, ya que las reformas cosméticas que han adoptado mantienen la estructura básica de estos sistemas intacta.

Esas reformas, no obstante, no prevendrán que esos sistemas acaben en bancarrota. En 1996 la OCDE estimó que el valor presente neto de los beneficios futuros de las pensiones, expresado como porcentaje del PIB, asciende a un mínimo del 250 por ciento del PIB en 9 de 13 países de la Unión (Grecia y Luxemburgo no fueron incluídas en el estudio); y el valor presente neto de la deuda implícita de los sistemas de reparto excedía el 100 por cien del PIB en 6 de esos 13 países.

En un sistema de reparto, el gobierno impone impuestos a los trabajadores activos para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, rompiendo así el vínculo entre el esfuerzo y la recompensa. Las cotizaciones para las pensiones son un impuesto sobre el empleo de la mano de obra, no una inversión. A medida que la proporción de ancianos en la población total de la UE aumenta, la relación de trabajadores activos a trabajadores jubilados disminuye, lo que significa que los trabajadores europeos tendrán que pagar cotizaciones aún mayores de las que pagan actualmente para financiar los sistemas públicos de reparto. Con 18 millones de parados (el 11 por ciento de la población activa de la Unión), el impacto negativo de las altas tasas de cotización es más que evidente. Por consiguiente, cualquier medida que aumente todavía más el costo de la mano de obra es económicamente errónea y disfrutaría de poca popularidad política.

Una reducción de las pensiones sería igualmente impopular e insuficiente para evitar la bancarrota eventual del sistema de reparto. Reducir las pensiones también sería injusto para los jubilados, la mayoría de los cuales, privados de la satisfación y dignidad de procurar los medios para su propia jubilación, dependen del Estado. Finalmente, desde el punto de vista de un político, reducir las pensiones es equivalente a un suicidio político ya que los ancianos forman alrededor del 16 por ciento de la población total de la UE (y, por supuesto, un porcentaje mayor de la población con derecho al voto).

La tercera solución posible para salir de la crisis podría ser mediante medidas inflacionistas o a través de la emisión de nueva deuda pública. Pero los criterios de Maastricht para la unión monetaria no permiten que ningún país tenga una tasa de inflación que esté 1,5 puntos porcentuales por encima de la media de las tres tasas de inflación más bajas de los países miembros. Y, aunque la deuda implícita de los sistemas públicos de reparto no forma parte de los criterios de convergencia para la deuda pública, los mercados castigan a aquellos países con gobiernos despilfarradores en la economía global de hoy.

Por tanto, las medidas que favorecen una mayor intervención del Estado van a hacer poco para aleviar la crisis de las pensiones al mismo tiempo que van fomentar el conflicto intergeneracional a medida que menos y menos trabajadores son forzados a mantener a más y más jubilados. Pero este conflicto se puede evitar si los europeos adoptasen una reforma que de momento ni siquiera han considerado con seriedad: la privatización.

El sistema privado de capitalización individual ha funcionado muy bien en América Latina, especialmente en Chile, país que fue el primero en implementarlo en 1981. Los críticos de los sistemas privados de pensiones admiten que estos proporcionan mejores beneficios, aún sostienendo que la transición sería demasiado dolorosa en los países industrializados para que sean una alternativa viable. Cabe recordar, no obstante, que algunos países latinoamericanos han completado la transición con éxito bajo circunstancias económicas muchísimo peores que las que afronta cualquier país de la Unión Europea hoy en día.

La privatización de las pensiones fortalecería la sociedad civil en la UE de la misma manera que lo ha hecho en los países latinoamericanos que han seguido el ejemplo de Chile. Las pensiones allí han cesado de ser un programa de redistribución de riqueza en el cual diferentes grupos compiten en el ámbito político para determinar quién se beneficia a costa del resto. Por el contrario, la privatización ha establecido un vínculo directo entre el esfuerzo individual y los beneficios. Además, una gran parte de la población, que estaba deshauciada en el pasado, ha obtenido derechos de propiedad visibles y ahora tiene, a través de sus cuentas individuales de capitalización, un interés directo en la buena marcha de la economía.

A medida que la Unión Europea continua liberalizando sus relaciones comerciales con Latinoamérica, es hora de que importe una idea sociopolítica latinoamericana, la privatización de las pensiones, que beneficiará mucho a los trabajadores europeos.