El "oasis" latinoamericano desciende al caos

Chile, la nación más libre, estable y rica de América Latina, está en caída libre. El orden público se derrumbó, la violencia es rampante y el populismo es el nuevo credo de la clase política. Hay una recesión, caracterizada por la fuga de capitales y el aumento del desempleo. La desigualdad de ingresos podría aumentar a niveles no vistos desde la década de 1990, según una declaración reciente del Banco Central de Chile.

Tomó solo 40 días para que el “oasis” latinoamericano —como el presidente Sebastián Piñera llamó a Chile no hace mucho— desapareciera. Cómo un Chile estable y próspero cayó tan dramáticamente en un período tan corto es una lección para toda democracia occidental.

La causa inmediata de la crisis fue el pequeño aumento en el precio de los boletos de transporte público en Santiago. La subida de precios del 4 de octubre fue claramente impopular, pero inicialmente el gobierno no mostró voluntad de reconsiderar lo que correctamente llamó una medida “técnica”. Como resultado, cientos de estudiantes comenzaron a evadir la tarifa del metro. El 18 de octubre, dos semanas después del anuncio del aumento de precios, el país explotó. Grupos de protesta coordinados destruyeron casi 80 estaciones de metro, deteniendo el transporte público de Santiago. Los manifestantes atacaron la propiedad pública y privada.

Al final del día, la situación era tan desesperada que Piñera se vio obligado a declarar un estado de emergencia y poner a los militares en control. Siguieron manifestaciones masivas, y la violencia desenfrenada regresó tan pronto como se levantó el estado de emergencia. Unas semanas después, las consecuencias están en todas partes: más de $ 2 mil millones en pérdidas y daños, más de 1.200 tiendas minoristas saqueadas, se estima que 300.000 nuevos desempleados, 25 muertos, más de 2.000 policías heridos y una crisis política y económica sin fin visión.

Una pequeña subida en el precio de los billetes de metro no es suficiente para causar tanta devastación. El dolor económico comenzó con las reformas antimercado del gobierno anterior bajo la presidenta socialista Michelle Bachelet, de 2014-18. La Sra. Bachelet aumentó los impuestos corporativos en un 30%; firmó una ley que prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, incrementando dramáticamente los costos de mano de obra; aumento del gasto público a tres veces la tasa de crecimiento económico; y desató ejércitos de burócratas reguladores en el sector privado.

La inversión de capital cayó en cada año de su mandato. Una reducción tan consistente en la inversión no ha ocurrido desde la primera recopilación de datos, en la década de 1960. El crecimiento económico se derrumbó de un promedio anual de 5,3% bajo el gobierno anterior del Sr. Piñera (2010-14) al 1,7% bajo la Sra. Bachelet. El crecimiento de los salarios reales recibió un golpe del 50%. (En su campaña para presidente en 2017, Piñera prometió traer mejores tiempos. Hasta ahora no ha podido cumplir).

Pero las políticas regresivas de la Sra. Bachelet no son la causa última del problema. Las políticas son el resultado de una narrativa profundamente falsa que las élites chilenas se cuentan sobre el país. En los últimos 20 años, intelectuales, personalidades de los medios, líderes empresariales, políticos y celebridades en esta nación latinoamericana han comercializado el mito de que Chile es un caso extremo de injusticia y abuso. Comenzó en las universidades, donde los ideólogos progresistas difundieron la idea de que no había nada de lo que sentirse orgulloso cuando se trataba del historial social y económico de Chile. Según esta narrativa agresivamente igualitaria, el “neoliberalismo” había creado una sociedad de ganadores y perdedores en la que ninguno de los grupos merecía la posición en la que se encontraba.

El segundo mandato de la Sra. Bachelet y su agenda impulsada por la justicia social fueron el resultado inevitable. Incluso el señor Piñera, multimillonario, aceptó las premisas básicas de la narrativa de las élites progresistas. En su primer mandato, aumentó los impuestos para abordar lo que llamó uno de los principales problemas de Chile: la desigualdad.

Ahora está tratando de restablecer el orden comprando grupos de interés con más intervenciones económicas: un aumento sustancial en el gasto gubernamental para apoyar a los jubilados, mayores impuestos a la renta personal, esquemas de seguro de salud más generosos y un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores chilenos.

Tampoco el daño causado por las narrativas progresivas se limita a la economía. Las élites chilenas están librando una guerra sostenida contra la policía. Muchos agentes de policía no se atreven a actuar por miedo a la cobertura sensacionalista de los medios y a los castigos de los tribunales bajo el dominio de las élites progresistas. Lo mismo es cierto para los militares. La tolerancia a la violencia, el desorden público y la delincuencia era la norma en Chile mucho antes de la reciente crisis. La celebración del fracaso de las élites impregna casi todas las partes de la vida pública chilena.

El libre mercado no le falló a Chile, digan lo que digan sus políticos, y el Estado no carece de los medios para restaurar el estado de derecho. El problema central es que una gran proporción de las élites que dirigen instituciones clave, especialmente los medios de comunicación, el Congreso Nacional y el poder judicial, ya no creen en los principios que hicieron que el país fuera exitoso. El resultado es una crisis económica y política en toda regla. Otras naciones deberían tomar nota: esto es lo que el odio de élite puede hacer por usted.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 1 de enero de 2019.