El nuevo ataque al mercado eléctrico

La tarifa eléctrica en España está intervenida masivamente. Más del 60% de la tarifa son impuestos y costes regulados. Además, la parte mal llamada “liberalizada” incluye impuestos a la nuclear, a la hidráulica y el impuesto escondido del coste de CO2. Ante semejante barbaridad, solo a un burócrata se le ocurre la idea de que la solución es intervenir aún más.

El gobierno, que recauda más de 14.000 millones de euros de la tarifa eléctrica, el triple que el beneficio operativo en España de todo el sector, y que mantiene la tarifa con un 60% de impuestos y costes regulados, te dice que va a bajar la luz interviniendo.

Lo que no se le ocurre a nadie serio es proponer una nacionalización “de facto” que nos devolvería a un entorno que trajo apagones, menos inversión y quiebras. Ustedes no se acordarán de FECSA o Sevillana que tuvieron que ser rescatadas. Es fácil echarles la culpa a las eléctricas de todo pero nos olvidamos que trabajan en el marco regulatorio que les dejan.

El gran engaño del mercado eléctrico es decir que está liberalizado. El estado elige el mix energético, impone una planificación obligatoria, interviene e introduce distorsiones en el precio y, además, es el que más se lucra con las subidas de la energía.

El Consejo de ministros ha adoptado una propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo proponiendo la estatalización del sector eléctrico español, siendo el Estado el comprador único de la energía, realizando subastas públicas y regulando los precios de la generación y definiendo el gobierno los precios que pagaran los clientes domésticos e industriales.

Una vez más, la propuesta de reforma no presenta memoria económica, ni impactos para los inversores, ni impactos para la industria, ni análisis legales ni técnicos. Es un batiburrillo de lugares comunes ideológicos que pone en peligro la seguridad jurídica y vuelve a introducir riesgo regulatorio.

La propuesta consiste simplemente en el control público por parte del gobierno de cada estado miembro del sector eléctrico, eliminando el mercado único europeo.

Es un modelo de funcionamiento público que ya ha demostrado ser un fracaso en toda Europa y por eso se eliminó, con fijación de precios centralizada en la que el Gobierno decide el mix energético, las tecnologías que se desarrollan y los precios que pagará cada consumidor.

Usted pensará que eso bajará los precios de la luz, pero es falso. La realidad es que la propia planificación central ha atiborrado la tarifa de costes adicionales y crecientes que se han convertido en una barrera para la competitividad en España y Europa.

Pensar que interviniendo el 20% del mercado vas a bajar la tarifa que ha aumentado en el 80% restante por las decisiones políticas de los gobiernos es una broma. 

Piénsenlo un momento. ¿De verdad se creen ustedes que va a bajar la luz si la gestionan políticos, los mismos que han decidido una y otra vez alterar los precios para subirlos? ¿Por qué se cree usted que se ha disparado el coste de las emisiones de CO2? Por decisión política de limitar la oferta de permisos. ¿Por qué se cree usted que paga dos veces las políticas climáticas en el precio de la gasolina y también de la electricidad? Por decisión política.

¿Quién se cree usted que va a pagar las inversiones millonarias necesarias si el gobierno establece arbitrariamente lo que considera que son los costes de producción? Usted, en más impuestos.

No olviden ustedes que la tarifa es una máquina de recaudar impuestos. La recaudación de impuestos eléctricos sumará en 2022 unos 14.000 millones de euros incluso con la bajada del IVA, comparado con 8.600 millones en 2021. Es decir, el estado vía impuestos recauda casi el triple de lo que gana el sector eléctrico en EBIT (beneficio operativo), pero el sector corre con todo el riesgo de invertir y crear empleo.

No es una novedad, y parte de la falacia de que las eléctricas se forran “vendiendo sardinas a precio de percebes” con la electricidad. La realidad es que el margen bruto en España en el sector es muy bajo comparado con las elevadas inversiones necesarias. El dato de rentabilidad sobre capital medio empleado en España de las eléctricas (4,1%) es inferior al coste de capital (4,5-5,5%). Además, un 85% de la generación de las centrales nucleares y más del 80% de la generación hidroeléctrica está sujeto a contratos bilaterales físicos con precio fijado.

La tarifa es cara porque los gobiernos la han llenado de impuestos y costes fijos y esos mismos gobiernos han impuesto un mix de generación intermitente y volátil que hace que la luz sea mucho más cara en periodos de baja eolicidad o poco sol.

El 60% de los ingresos de la energía nuclear en 2020 se han ido a impuestos. Y en 2022 el gobierno de Cataluña aumentó un 33% el impuesto nuclear. Las empresas corren con los costes, y el estado absorbe el 60% de los ingresos En Francia los impuestos de las nucleares son de 10€/MWh, la mitad que en España.

La electricidad en Europa no es más barata donde las empresas son públicas o parcialmente públicas. Francia tiene electricidad competitiva porque tiene 56 reactores nucleares y la energía nuclear –que Podemos y PSOE quieren eliminar– es el 70% de la producción eléctrica. En el caso de Nordpool (países nórdicos) es igual. Un mix fundamentalmente hidráulico (51%) y nuclear (21%).

Los países donde la eléctrica es de participación pública tienen mayores precios para los consumidores. De hecho, el mercado de futuros muestra que la tendencia es exactamente la misma a cinco y diez años (Bloomberg). En Italia y Grecia, donde la eléctrica es parcialmente estatal, el precio de la luz es mayor al de la media de sus comparables.

Esta nacionalización encubierta no tiene como objetivo bajar el precio de la electricidad, sino aumentar el control estatal que ya de por sí es elevadísimo. Pone en peligro la seguridad jurídica y además destruye la unidad de mercado en Europa en un momento en el que es esencial incentivar la inversión, no perjudicarla.