El nacionalismo mexicano está dañando el comercio norteamericano, aquí hay una salida
Roberto Salinas-León y Martín Rodríguez-Rodríguez proponen otorgar derechos de propiedad sobre los recursos energéticos y mineros del país y, por lo tanto sobre los derechos de renta derivados de la extracción y explotación de esa riqueza potencial a los ciudadanos.
Por Roberto Salinas-León y Martín Rodriguez-Rodríguez
La agenda estatista de nacionalismo energético de México está generando tensiones con sus socios comerciales. Recientemente, la Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, solicitó consultas de resolución de disputas bajo el Acuerdo entre EE.UU., México y Canadá.
La política del presidente Andrés Manuel López Obrador es un importante paso atrás para la competitividad regional, el crecimiento y la integración energética de América del Norte.
El éxito de López Obrador en vender su cruzada de contrarreforma para volver a un monopolio estatal en hidrocarburos y electricidad apela a lo que él interpreta como temor a la inversión extranjera en sectores extractivos y nostalgia por la expropiación de intereses petroleros privados emprendida por Lázaro Cárdenas en 1938 –episodio venerado por la sabiduría popular del país. No es sorprendente que haya elegido el 16 de septiembre –Día de la Independencia de México– como escenario teatral para emitir una “respuesta” a las quejas presentadas por EE.UU. y Canadá.
En 2004, durante una visita a la Ciudad de México, el premio Nobel de economía Vernon Smith detectó esta psique de nacionalismo en torno a la política de desarrollo petrolero en México y sugirió que el país debería emular el éxito del Fondo Permanente de Alaska. Smith argumentó que empoderar a los ciudadanos comunes con una participación de propiedad individual en el petróleo y los recursos naturales del país reconciliaría el nacionalismo energético con un amplio enfoque de mercado a favor del crecimiento para las inversiones privadas en cada parte de la cadena productiva del sector energético.
Aquí, entonces, hay una salida. Alentados por la perspectiva de Smith, hemos desarrollado una propuesta de reforma que ofrece un camino creíble para México. La iniciativa implicaría un reinicio del actual Fondo Mexicano del Petróleo y convertirlo en un fondo soberano que empodere universalmente a todos los ciudadanos con la propiedad de títulos individualizados en un fideicomiso ciudadano, mitigando así también la manera discrecional en la que los líderes políticos de todas las tendencias usan y abusan de los beneficios fiscales imprevistos de los ingresos por recursos en el país.
Nuestra idea central es otorgar derechos de propiedad sobre los recursos energéticos y mineros del país y, por lo tanto sobre los derechos de renta derivados de la extracción y explotación de esa riqueza potencial. Esto implica darle la vuelta al nacionalismo y, literalmente, darle “poder al pueblo”. Si “el petróleo es del pueblo” es cierto, entonces démoslo a la gente –a través de títulos de propiedad individualizados en un fondo de riqueza de los ciudadanos. Esto creará incentivos nuevos y positivos para maximizar los rendimientos del capital de recursos y, por lo tanto, creará un electorado popular a favor de permitir la inversión a largo plazo. De esta manera, los ciudadanos se convierten en actores clave (y con suerte ruidosos) en el desarrollo del sector energético del país y no, como sucede hoy, en espectadores pasivos.
La propuesta se basa en el consenso ciudadano agnóstico a las inclinaciones ideológicas. Así, la democratización de los derechos a la renta de la energía y del subsuelo también promueve una amplia inclusión financiera, ya que requiere una arquitectura que pueda atender a todos los ciudadanos –y, en ese sentido, debe ser recibida con entusiasmo por todos los lados del debate. De hecho, The Economist afirma que tales fondos de riqueza social constituyen “una idea radical para reducir la desigualdad y merecen más atención”.
Bajo este marco, las reservas de hidrocarburos ya no son un concepto abstracto que solo entienden unos pocos elegidos entre las élites gobernantes, sino un bien de todos los ciudadanos de México –de manera precisa, lamentablemente, como dicta la Constitución de 1917: “Propiedad de la Nación”. Los beneficios directos para los ciudadanos vinculados a la explotación responsable que genera riqueza serían el primer paso hacia un ecosistema de inversión eficiente que minimice los riesgos regulatorios y reduzca la tasa crítica de rentabilidad exigida por los inversores privados en energía.
No es difícil ver cómo los ciudadanos propietarios priorizarían atraer capital y conocimientos para desarrollar las reservas de gas natural y aguas profundas en el país. Incluso la oposición actual al fracking (fractura hidráulica), sin el cual más de la mitad de las reservas totales de gas natural de México podrían quedar bajo tierra, puede superarse dando a los ciudadanos una participación individual directa en los beneficios económicos compartidos.
Aprovechar al máximo la liberalización energética de 2013 bajo un nuevo modelo de derechos de propiedad ciudadana representa un antídoto a las hostilidades del actual enfrentamiento político en México y una forma creíble de desinflar el “ruido y la furia” detrás del populismo machista que pretende interpretar el monopolio estatal de la energía como un símbolo de la “soberanía nacional”.
Quienes estén interesados en llevar el potencial energético de México –y, de hecho, de América del Norte– al siguiente nivel, y al mismo tiempo evitar las desventajas de una eventual disputa de arbitraje bajo las provisiones del T-MEC, deberían considerar la idea radical pero realizable de un fondo ciudadano para difundir la riqueza de los recursos naturales a sus legítimos propietarios: el pueblo mexicano.
Este artículo fue publicado originalmente en The Dallas Morning News (EE.UU.) el 18 de agosto de 2022.