El impuesto negativo sobre la renta

En 1962, el insigne economista Milton Friedman formuló la propuesta de un Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) como la medida más eficiente entre los posibles apoyos gubernamentales para aliviar la pobreza. 

Aunque la penuria, en un sentido absoluto, se reduce con el crecimiento económico, las sociedades también interpretan esa noción en un sentido relativo, en términos de un ingreso mínimo aceptable, el cual, obviamente, aumenta con el progreso. 

De ahí que la mayoría de los países tengan programas oficiales cuya meta es la disminución de la pobreza relativa, es decir, la reducción del número de personas cuyo ingreso es inferior a un nivel de referencia. 

Si bien la participación del gobierno podría justificarse por las “externalidades positivas” asociadas a una menor indigencia, el problema es que, con ese pretexto, las autoridades suelen recurrir a una madeja de acciones variopintas, como las leyes de salario mínimo, las subvenciones agrícolas, los apoyos alimenticios y las ayudas en la vejez, entre muchas otras. 

Además de que no siempre guardan relación con los pobres y, en muchos casos, se traslapan entre sí, estas intervenciones tienden a generar ineficiencias. 

En particular, muchos programas desalientan el esfuerzo laboral, propician la dependencia del gobierno y perpetúan las condiciones de miseria.

La propuesta del profesor Friedman es sustituir los complejos sistemas vigentes con un solo programa simple, que minimice las distorsiones, basado en el INR. El método toma su nombre del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, del cual es una extensión para los ingresos bajos. 

En particular, el INR parte del umbral de percepciones que los sistemas del ISR establecen, una vez descontadas las exenciones y deducciones permitidas, a partir del cual los individuos deben pagar impuestos. 

La idea es que, para percepciones menores a ese nivel, las personas no sólo no paguen impuestos, como sucede actualmente, sino que reciban un subsidio igual a un porcentaje de la diferencia entre tal umbral y sus percepciones. 

Cuando las percepciones son cero, el subsidio se convierte en la renta mínima garantizada. A medida que las percepciones aumentan, el subsidio disminuye hasta desaparecer en el punto en que aquellas alcanzan el umbral mencionado.

Una ventaja de este esquema es que los individuos mantienen el incentivo a trabajar, porque el incremento de las percepciones laborales siempre aumenta el ingreso total, incluyendo el subsidio. 

Lo anterior contrasta con los programas asistenciales, en los que el subsidio se pierde cuando las percepciones alcanzan cierto valor y, con ello, disminuye el ingreso total. En otras palabras, para ciertos niveles de percepciones es preferible continuar en el sistema de bienestar que trabajar.

Según Friedman, el INR tiene, además, otras ventajas. Primera, se dirige a la población de menores ingresos y no a segmentos que reflejan objetivos o intereses particulares. Segunda, se otorga en efectivo, que es la forma más potente de ayudar. Tercera, es general y, por lo tanto, puede remplazar al sistema de bienestar existente. Cuarta, hace explícito el costo de los subsidios. Y quinta, utiliza la infraestructura del ISR, lo que permite eliminar la carga administrativa de los programas sociales vigentes.

La decisión del porcentaje del subsidio y del umbral de referencia depende de la sociedad y de su voluntad de financiarlos con impuestos. El autor advierte de que la principal desventaja es política, derivada del riesgo de que una mayoría imponga la carga del subsidio sobre una minoría.

En cualquier caso, el supuesto fundamental es que el INR sustituya los sistemas existentes. Adicionarlo a éstos aumentaría los problemas, en lugar de reducirlos. Por desgracia, los intereses creados han llevado a algunos países a adoptar variantes más amplias del INR sin reducir otras subvenciones. 

Finalmente, en meses recientes, un precandidato a la presidencia de la República planteó, como iniciativa electoral, un ingreso básico universal, entendido como cierto monto mensual que cada ciudadano recibiría del gobierno.

Esta propuesta guarda semejanza con iniciativas de otras naciones, como la rechazada mediante referéndum en 2016 en Suiza. Difiere drásticamente de la propuesta de Friedman, entre otros aspectos, porque no se dirige a mitigar la pobreza.

A México le convendría implantar el INR en sustitución de los más de cinco mil programas sociales existentes. Este reemplazo propiciaría la formalización, reduciría el costo de los apoyos y aumentaría el bienestar, especialmente de los más pobres.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 14 de febrero de 2018.