El impacto de la reforma tributaria de EE.UU. en México

Las modificaciones impositivas a las utilidades de las empresas, dentro de la reforma fiscal en proceso de aprobación en EE.UU., buscan incrementar el atractivo de ese país para las inversiones globales. México debería revisar su marco tributario para no perder competitividad.

Las nuevas reglas estadounidenses tendrían repercusiones internacionales. Ello es así porque el capital es el factor productivo que puede moverse con más facilidad entre regiones y los impuestos son un determinante clave de la rentabilidad. Por su trascendencia, destacan los siguientes cambios.

Primero, se recortaría la tasa marginal del ISR corporativo de 35 por ciento a 20 por ciento. Así, EE.UU. pasaría de tener la tasa de gravamen más alta entre los países de la OCDE a una por debajo del promedio, el cual es 24 por ciento.

Segundo, por cinco años se autorizaría la deducción inmediata del gasto de capital, exceptuando el de estructuras, lo que equivaldría a disminuir a cero la tasa marginal impositiva de las nuevas inversiones.

Tercero, se establecería un sistema territorial en el que se gravarían sólo las utilidades generadas en EE.UU. En consecuencia, desaparecería el impuesto de ese país sobre los dividendos recibidos de las filiales extranjeras. 

De esa manera, se pretende eliminar el incentivo que tienen las corporaciones para mantener fuera de EE.UU. las utilidades del exterior. A su vez, las menores tasas marginales impositivas internas harían más provechoso canalizar los excedentes externos a esa nación.

Cuarto, se topa en 12 por ciento el gravamen para las utilidades acumuladas en el extranjero antes de la reforma, lo que podría resultar en una entrada cuantiosa de recursos.

La repatriación de capitales apoyaría la inversión en EE.UU. aun si, como con frecuencia se arguye, las corporaciones la destinaran a liquidar pasivos o recomprar acciones. Los fondos resultantes de tales transacciones estarían disponibles para créditos e inversiones de capital en otras empresas y proyectos.

Quinto, dejarían de ser deducibles pagos de las corporaciones a sus filiales afuera. Esta regla podría desalentar la inversión extranjera directa de EE.UU., especialmente en países con una tasa marginal del ISR corporativo más alta.

Finalmente, se eliminarían o limitarían otras deducciones y facilidades fiscales. De aprobarse, el nuevo código fiscal sería más competitivo y eficiente, lo que impulsaría la inversión de las compañías de EE.UU. y de otras naciones y, con ello, los salarios, el empleo y el crecimiento económico.

Las modificaciones descritas dejarían en desventaja a México. La principal razón es que la tasa marginal del ISR corporativo de nuestro país rebasaría en diez puntos porcentuales a la de EE.UU. 

Al respecto, debe recordarse que es la tasa marginal, y no la promedio pagada, la que influye en la decisión de invertir. El problema para México se magnifica con el reconocimiento inmediato de los gastos de capital que amplificaría la diferencia.

Tradicionalmente, la política fiscal de México ha guardado congruencia con la de su vecino del norte, a fin de evitar una desventaja en la creación de negocios. Es por ello que, entre otras razones, nuestro país mantiene una tasa marginal de 30 por ciento en el ISR empresarial, cinco puntos porcentuales por debajo de la de EE.UU.

El sistema territorial y las otras disposiciones podrían limitar aún más el apetito de las empresas para iniciar y ampliar operaciones en México.

Las desventajas relatadas son dinámicas, al reflejar cambios en los incentivos para las nuevas inversiones. Por lo tanto, ya toman en cuenta las 'ventajas' estáticas comúnmente referidas del país, tales como el menor costo laboral en las manufacturas, sector que, por lo demás, va en camino de transformarse hacia una menor utilización de mano de obra no calificada.

No es del todo razonable postular como antídoto a lo dicho la reciente profundización de la depreciación cambiaria. La debilidad del peso frente al dólar ha reflejado la percepción de riesgos que se han traducido en un estancamiento de la inversión y el agravamiento inflacionario, con la consabida caída de los salarios reales.

Finalmente, la adecuación de la estructura impositiva empresarial de México se justificaría por el mayor bienestar económico generado, objetivo último de cualquier política económica. El control del déficit público, que es un medio para la estabilidad financiera, debería incluir el examen de las erogaciones, las cuales, dicho sea de paso, han aumentado considerablemente durante el presente siglo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 29 de noviembre de 2017.