El Gran Hermano en el aeropuerto

Patrick G. Eddington considera que escanear a personas y bolsos en busca de objetos peligrosos es una medida de seguridad legítima, pero utilizar la ley para obligarte a presentar un documento de identidad y someterte a un escáner de reconocimiento facial es una forma de vigilancia masiva y control de la población.

Por Patrick G. Eddington

Muy pronto llegará la temporada de viajes de verano y, con ella, las colas cada vez más largas en los puntos de control e identificación de pasajeros de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA).

La mayoría de la gente entiende por qué es necesario controlar física y mecánicamente a los pasajeros y el equipaje, dado que el año pasado la TSA descubrió casi 7.000 armas de fuego en las personas o en el equipaje facturado, con más del 90% de las armas cargadas. Pero con sólo un arma encontrada por cada 8 millones de pasajeros controlados, está claro que la razón principal de las largas colas de la TSA son los controles de identificación.

Por supuesto que el gobierno querría conocer la identidad de alguien que acaba de intentar subir un arma cargada a bordo de un avión. Pero, ¿qué le importa a la TSA o a cualquier otra persona quién soy yo o por qué estoy volando de Washington, D.C., a San Luis?

A menos que se busque a un pasajero por un delito federal, no es asunto del gobierno, pero la TSA lo ha convertido en su asunto a pesar de que la ley que le autoriza a inspeccionar a su persona y equipaje no le da autoridad para exigirle que muestre su permiso de conducir.

En su lugar, la TSA se ha basado en "Directivas de Seguridad" no públicas que sólo pueden ser impugnadas según los procedimientos establecidos en la ley federal. Y, en teoría, a partir del año que viene, en virtud de la llamada ley REAL ID, no se podrá volar dentro del país a menos que se disponga de un documento de identidad expedido por el Estado que cumpla los criterios de la ley REAL ID, un pasaporte estadounidense válido o una tarjeta de identificación militar.

Y por si fuera poco, la TSA está dispuesta a obligarle también a someterse a un escáner de reconocimiento facial.

Escanear a personas y maletas en busca de objetos peligrosos es una medida de seguridad legítima. Pero utilizar la ley para obligarle a presentar un documento de identidad y someterse a un escáner de reconocimiento facial es una forma de vigilancia masiva y control de la población, distintivos de regímenes odiosos como la China comunista y la Federación Rusa. Son un claro ataque a la Carta de Derechos y no tienen cabida en una república constitucional que funcione como la nuestra.

El senador demócrata Jeff Merkley conoce muy bien la amenaza del reconocimiento facial. En 2023, Merkley se encontraba en el Aeropuerto Nacional Reagan, intentó no participar en el proceso de reconocimiento facial y un agente de seguridad del transporte le ordenó que se apartara para que otros pasajeros pudieran ser escaneados.

Merkley se indignó lo suficiente por el incidente como para presentar posteriormente la Ley de Protección de la Privacidad del Viajero, un proyecto de ley bipartidista que prohibiría el uso de la tecnología de reconocimiento facial en los aeropuertos estadounidenses a menos que el Congreso lo autorizara explícitamente.

Aunque el uso de la tecnología de reconocimiento facial y otros datos biométricos como medida de control de acceso a infraestructuras aeroportuarias sensibles tiene cierto valor, la ley debería prohibir el uso generalizado de la tecnología de reconocimiento facial o los controles biométricos de pasajeros no buscados por un delito. En ese sentido, Merkley y sus colegas van por buen camino en lo que respecta a la tecnología de reconocimiento facial.

Aun así, Merkley y sus colegas del Senado y de la Cámara de Representantes harían bien en dar un paso atrás y volver a plantearse la pregunta de primer orden planteada anteriormente: Si no se busca a una persona por un delito, ¿por qué tiene que presentar un documento de identidad para subir a un avión si ya ha pagado el billete?

Ya en 1999, el Tribunal Supremo afirmó que el derecho a viajar es un derecho constitucional básico. Pero en 2007 declinó conocer de un caso que cuestionaba el uso por parte de la TSA de "directivas de seguridad" no públicas a las aerolíneas que exigían la presentación de un documento de identidad para embarcar en un vuelo. El Congreso podría poner fin a este problema simplemente modificando el estatuto de autorización de la TSA para estipular que sólo se exigirá la presentación de identificación a los pasajeros que intenten embarcar en un avión con armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios.

Por lo demás, tanto si viaja para visitar a sus padres, Disney World, Yosemite o cualquier otro lugar, no es asunto del gobierno.

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Examiner (Estados Unidos) el 30 de abril de 2024.