El gran desafío: garantizar idoneidad

Una breve mirada sobre la estructura de la Administración Pública Argentina, permite detectar marcados estratos, entre los cuales resulta importante distinguir los cargos de Directores, Coordinadores y Jefes que conforman la Alta Dirección Pública. 

Aquellos funcionarios de primera línea, se ubican entre las autoridades políticas (Ministros, Secretarios y Subsecretarios) y los estamentos burocráticos inferiores, y debieran ser los gestores estratégicos y operativos que hacen posible la concreción de los objetivos políticos delineados por los niveles superiores.

Desde hace años, la importancia de estos cargos constituye un eje central de discusión en la región en torno a la construcción e institucionalización de un sistema profesionalizado de la Alta Dirección Pública, bajo la premisa de que los procesos de cambio y/o mejoramiento organizacional y la ejecución consistente de las decisiones políticas, requieren de un cuerpo directivo altamente capacitado. Sin embargo, en nuestro país ni siquiera la existencia de un marco normativo ha generado las condiciones para una implementación efectiva.

De hecho, especialmente en la era kirchnerista, las designaciones se caracterizaron por una marcada discrecionalidad y por estar netamente influenciadas por factores políticos (lealtad, confianza, premio a la militancia), incumpliendo con el mecanismo de selección y con los requisitos de elegibilidad previstos legalmente, tornando el proceso arbitrario y con ello falto de imparcialidad y apertura. 

Si retomamos a diciembre de 2015, según estudios de CIPPEC, el 78% del cuerpo de Directores Nacionales y Generales, había sido designado bajo “asignación transitoria” (formato que da lugar a exceptuar los procesos de concurso y los requisitos exigidos por la norma) y solo un 5% concursado. Además un 51% del total de los funcionarios no cumplía siquiera con los exigencias mínimas para acceder a la posición (años de experiencia, titulaciones universitarias, etc.).

Hoy, vale resaltar la herencia recibida pero también recalcar que la problemática continua vigente. En este sentido, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Modernización ha encaminado un plan de acción para lograr a fin de su gestión tener concursados más del 50% de puestos de la Alta Dirección Pública. Se trata de alrededor de tres mil posiciones de las que el Gobierno anterior concursó solamente seis (la cantidad de lugares que da cuenta del tamaño de la Administración Pública Nacional, es otro punto sobre el cual se debe una seria discusión).

Mientras tanto, debe tenerse presente que las consecuencias de los nombramientos “a dedo” además de ir en contra del proceso formal como se ha mencionado, atenta contra el proceso y los resultados de gestión de gobierno. Por un lado, influyendo negativamente en la estabilidad del puesto, dado que se genera una entera dependencia respecto a la autoridad política que decidió la designación, repercutiendo en la calidad y en la continuidad de las políticas que se decidan ejecutar. Por otro lado, sin el conocimiento técnico requerido se imposibilita la adecuada realización de las tareas inherentes al cargo, convirtiéndose en un recurso que puede incluso resultar un obstáculo dentro de la organización.

Las posiciones de altos cargos requieren de un marco institucional sólido, de una burocracia provista de reglas claras y ágiles que propicien su cumplimiento, privilegiando la idoneidad y las competencias, en definitiva, la meritocracia. Bajo el contexto actual, ello indefectiblemente demanda transitar un proceso complejo de cambio de cultura organizacional en la arena pública, donde los concursos de antecedentes sólo constituyen la punta del iceberg.

​

En la medida en que esto suceda, y más aún en la medida en que se extienda a los niveles provinciales y municipales donde también tiene lugar la modalidad de la excepción a la regla, se comenzará a transitar un proceso más ordenado, organizado y coherente que permita enfocar los esfuerzos adecuados en el cumplimiento de las demandas y exigencias expresadas por la ciudadanía, a quienes en definitiva todos los funcionarios se deben por sobre cualquier padrinazgo político.

Este artículo fue publicado originalmente en El Punto de Equilibrio (Argentina) el 10 de julio de 2017.