El fracaso de los fondos europeos: Despilfarro a costa de todos
Daniel Lacalle dice que la realidad de los fondos europeos es que el Gobierno ha despilfarrado el mayor apoyo fiscal de la historia reciente y su ejecución solo se puede calificar como deficiente y exenta de transparencia.
Por Daniel Lacalle
Qué desastre. Cuando en 2021 escribí mi artículo “Cuidado con la euforia con los fondos europeos” no me podía imaginar que lo que prometía ser una mala asignación de capital se convirtiera en el mayor fracaso de gestión de fondos públicos de las últimas décadas.
El fracaso de los fondos europeos. Despilfarro a costa de todos.
En 2021, leyendo la triunfalista presentación del Gobierno, me preguntaba “¿De verdad podemos creer en un impacto del 6% en el PIB en tres años de estos fondos europeos cuando el Plan Juncker generó –si nos lo creemos- un 0,9% en cinco años?”.
La realidad de los fondos europeos es que el Gobierno ha despilfarrado el mayor apoyo fiscal de la historia reciente y su ejecución solo se puede calificar como deficiente y exenta de transparencia.
En los primeros tres años de ejecución solo ha llegado a la economía real unos 20.000 millones, un 75 por ciento menos de lo anunciado. Así lo refleja el informe del Instituto Juan de Mariana “El fiasco de los fondos europeos”.
La gestión de los fondos europeos ha sido burocrática y opaca a propósito, y el hecho de que los mayores beneficiarios sean empresas y organismos públicos que jamás tuvieron problemas de financiación es la demostración de que siempre se plantearon estos fondos como un pozo para gasto político.
La opacidad es escandalosa. La Intervención General de la Administración del Estado no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021. La Conferencia Sectorial que gobierna la coordinación del programa con las comunidades autónomas lleva más de tres años sin celebrar una sola sesión. La falta de transparencia ha sido criticada también por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, como explica el informe.
El inexistente impulso en la economía española es evidente. Entre 2019 y 2023 el PIB de España apenas ha avanzado un 2,5%, pero además la inversión (formación bruta de capital) ha caído casi un 4%, el consumo real se ha mantenido estancado y lo único que se ha disparado es el gasto público, un 12% según la Contabilidad Nacional. En renta per cápita la recuperación es de poco más del 0,1% y en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, España ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea (UE), pasando de ocho puntos de diferencia a once, según Eurostat. España queda como el país número veinte de la UE en recuperación de PIB per cápita 2019-2023.
Es peor, si tenemos en cuenta que España ha sido el mayor beneficiario de fondos europeos y que éstos se reflejan en el PIB, el crecimiento de la economía ha sido imperceptible excluyendo el impacto de una inyección de fondos desde Europa.
El informe del Juan de Mariana ahonda en este desastroso impacto en la economía real. El Gobierno español afirmó que los fondos europeos elevarían el crecimiento de forma espectacular en los primeros años, hasta el punto de incrementar la tasa anual de aumento del PIB en 2,5-3 puntos. Aumentarla. Es decir, hoy deberíamos estar creciendo al 4,5-5%. Sin embargo, el efecto real ha sido cinco veces menor. Por otro lado, el 60 por ciento de la mejora del PIB en 2023 se explica por el aumento de la deuda pública. Es decir, los fondos Next Generation no han generado efecto multiplicador real alguno.
El Gobierno prometió crear 800.000 empleos gracias a los fondos europeos. En la práctica, el paro efectivo está subiendo, al haberse incrementado de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023. Es más, si miramos la composición de los nuevos afiliados desde 2019, 350.000 son empleos públicos y el pluriempleo aumenta la afiliación en otros 150.000.
El peso del empleo público crece un 18,7% desde 2019 frente a un crecimiento modesto del 8,2% en el privado en el periodo. Por lo tanto, no solo no se ha creado el empleo anunciado, sino que el efecto en afiliación de los fondos Next Generation es inexistente. Y no olvidemos que anunciaban a bombo y platillo que “en términos agregados, el empleo generado por el Plan supondrá 12 empleos por cada millón de euros invertido", algo irrisorio hasta como propaganda.
Es importante recordar también el efecto negativo en la inversión. A finales de 2019 con los registros de cierre del primer trimestre de 2024, vemos que la inversión está todavía un 2,2 por ciento por debajo, con una caída cercana al 6,2 por ciento en la formación bruta de capital fijo de maquinaria y bienes de equipo y un descenso de 2,6 puntos porcentuales en la inversión en el sector de la construcción, explica el informe del Instituto Juan de Mariana.
Antes hablábamos del periodo 2019-2023. Pues bien, una vez que incluimos las Cifras de la contabilidad nacional del primer trimestre: “los gastos de las Administraciones eran un 11,3 por ciento mayores al final del primer trimestre de 2024 que a cierre de 2019, el PIB solamente ha subido un 3,7 por ciento durante el mismo periodo, lo que se traduce en una tasa de aumento anual muy baja, cercana al 0,8 por ciento. Por otro lado, el gasto en I+D se sitúa un 50 por ciento por debajo de la media europea y la inversión extranjera cayó un 20 por ciento durante el pasado año 2023, alcanzando registros hasta un 50 por ciento menores que los observados al comienzo de la Administración Sánchez”. Un fracaso sin paliativos.
Cabe resaltar que estos fondos vienen a cambio de unas reformas que, en realidad, son contrarreformas, y no podemos olvidar el efecto pernicioso de “la Ley de Vivienda (que está hundiendo la oferta de pisos disponibles), los cambios en el sistema de pensiones (que dispara las cotizaciones sociales mientras ensancha el agujero de la Seguridad Social) o los nuevos modelos de medición del empleo (plagados de maquillaje estadístico)” como explica el informe.
La realidad de los fondos europeos es que la lista de principales beneficiarios es una vergüenza. De la lista de los 100 mayores beneficiarios, la mayoría son administraciones públicas, RTVE o RENFE. Hay dos (solo) empresas de telecomunicaciones y hay que irse al puesto 27 para encontrar a Telefónica –44 millones–. El Gobierno ha destinado más de 8.000 millones a subvenciones y gastos indebidos, completamente fuera de lo que se suponía debería ser el destino de estas ayudas.
Ya en 2021 sabíamos que la gestión de los fondos europeos se iba a orientar al gasto político y que no iba a llegar a la economía real. Ahora tenemos la evidencia. Un fracaso que, encima, pagaremos todos. Porque este desastre hay que pagarlo.