El financiamiento electoral

Uno de los mayores peligros que confronta la democracia en nuestros días es el empeño de un creciente número de políticos en modificar las reglas del financiamiento electoral, en beneficio propio y de la dirigencia actual, basado en una visión arrogante y centralista que poco tiene que ver con principios democráticos.

Mucho se habla de la corrupción generada por adinerados grupos de presión que utilizan sus donaciones electorales a congresistas y demás políticos para que estos inclinen las leyes y regulaciones a su favor. Pero en los últimos años hemos visto que en Estados Unidos los políticamente más favorecidos han sido los abogados litigantes, los sindicatos proteccionistas y especialmente los ecologistas extremistas, cuyos líderes han ido transfiriéndose desde cargos ejecutivos en las ONG para infiltrarse como funcionarios clave en el Departamento de Interior, de Energía, del Trabajo, la Agencia de Protección del Ambiente (EPA), etc. Inclusive el Departamento de Estado ahora está repleto de activistas tratando de imponerle, por las buenas o por las malas, sus visiones ecológicas y normas laborales al resto del mundo.

En el Departamento de Estado avanza un nuevo imperialismo verde y comunitario bastante más escalofriante que las viejas invasiones de los Marines, cuyos efectos estaban a la vista de todos y no escondidos como ahora, tras miles de amenazas y presiones diplomáticas o compras de voluntades con el ofrecimiento de algún beneficio o apoyo desde Washington, la ONU o el FMI.

Lo que está muy claro es que la corrupción gubernamental crece a medida que los funcionarios del gobierno dejan de concentrarse en sus obligaciones primarias de defender la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos para dedicarse a utilizar el poder coercitivo del estado para manipular el comportamiento y las acciones de la gente, premiando o castigando a sus amigos u opositores políticos.

Las malas leyes de impuestos son quizá las que más alimentan la creciente industria del cabildeo. Esa es una consecuencia negativa de la exageración progresiva de los impuestos. Si hubiese una tasa única de impuestos de, digamos, 12% ó 15% y una sola deducción que amparase a aquellos que no tienen ingresos suficientes para pagar impuestos después de alimentar, educar y darle un techo a su familia, no existiría esa inmensa y notoriamente corrupta industria de cabildeo en Washington, cuya razón de ser es convencer a los políticos a conceder algún privilegio a determinadas personas u organizaciones representadas por ellos: los retirados, los contadores y abogados que se benefician con la complejidad de los impuestos, los textileros que no pueden competir con las importaciones, los constructores y empresas financieras que no quieren que se elimine la deducción de impuestos a las hipotecas y ese amorfo e inmenso mundo de las organizaciones sin fines de lucro, museos, orquestas sinfónicas, universidades, instituciones de todo tipo y de todo fin que crecen y se pagan grandes sueldos debido a que sus ricos donantes pueden deducir sus regalos del impuesto que le pagan al Tío Sam.

Al Gore y otros políticos recomiendan un remedio que sería peor que la enfermedad: la centralización de los fondos electorales y su distribución por parte de un panel independiente. Ese panel sería tan independiente como el que le negó la participación en los debates electorales a los candidatos de los partidos pequeños: Nader, Buchanan y Browne.

Al Gore, quien todavía no ha visto un programa gubernamental que no le guste, propone 100% de deducción de impuestos a quienes contribuyan a un fondo de 7 mil millones de dólares para el financiamiento electoral. Además, Gore es de los políticos que se siente con todo el derecho de hacer uso de la propiedad privada para sus propios fines y ordenaría a las estaciones de radio y televisión a ceder espacio a los candidatos políticos, amenazando a lo déspota latinoamericano a aquellas que no lo hagan con revocarles sus licencias de transmisión.

Thomas Jefferson mantenía que era pecado "obligar a un hombre a hacer una contribución de dinero para la propagación de opiniones en las que no creía y aborrecía". Si yo, como ciudadano libre, estoy en desacuerdo en que el estado financie el aborto o en que haya cientos de miles de personas en la cárcel por haber cometido delitos sin víctimas, como fumar marihuana, ¿por qué se va a utilizar el dinero de mis impuestos en hacer propaganda a cosas que irían contra mis más profundos sentimientos éticos y morales? ¿Es eso democracia?

La única solución es dar libertad total a la gente para que apoyen a los políticos y a los partidos que quieran sin más limitación que total transparencia e información. Es decir, que sepamos cuál empresa textil o sindicato le está regalando a cuál candidato proteccionista cuánto.©

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet