El fetiche de los subsidios y la falacia de la inclusión
Yamila Feccia señala que "el 36% de los argentinos dependen en mayor o menor grado del estado, la pobreza alcanza al 28,7% de la población y el presupuesto destinado a programas sociales se incrementó más de 23% en dólares en los últimos dos años".
Por Yamila Feccia
En los últimos cinco años el gasto público se ha acrecentado vigorosamente dando un lugar de privilegio a los subsidios, que a su vez, a través de planes asistenciales, han conspirado contra la cultura del esfuerzo y del trabajo. Así y todo el 36% de los argentinos dependen en mayor o menor grado del estado, la pobreza alcanza al 28,7% de la población y el presupuesto destinado a programas sociales se incrementó más de 23% en dólares en los últimos dos años. Frente a este escenario, ¿cuál será la estrategia conveniente del nuevo presidente para enfrentar el desbarajuste que le dejó el kirchnerismo?
Fuente: Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina (UCA).
Este incremento desmedido del gasto público ha sido impulsado en primera instancia por el gobierno de Néstor C. Kirchner y luego continuado e intensificado por Cristina Fernández. La creencia de que un mayor gasto público social conlleva a una reducción de la pobreza, ha llevado a muchos gobiernos a hacer abuso de las arcas públicas. Sin embargo, este fetiche con los subsidios y el “modelo inclusivo” que han presumido, no ha podido revertir la tendencia de una de las herencias más pesadas que deja el kirchnerismo: 11 millones de pobres y 2 millones de indigentes.
Eric Maskin, Premio Nobel de Economía 2007, sostiene que los programas sociales, como el de transferencias condicionadas, alivian la pobreza inmediata y los efectos de la pobreza extrema, pero no logran solucionar el problema de largo plazo y menos la desigualdad en el país. Esto se debe a que estos programas de transferencias de ingresos no abarcan las cuestiones estructurales que condicionan el desarrollo de las personas, y además, se corre el riesgo de que se genere una dependencia transmisible entre generaciones, sobre todo si no son acompañados por otras medidas.
Para el caso argentino, el programa de emergencia de asistencia para desempleados Jefes y Jefas de Hogar (PJyJDH) fue implementado en abril de 2002, en el marco de una de las crisis económicas, políticas e institucionales más duras que ha atravesado el país. Entre los objetivos iniciales se encontraban, no sólo la reinserción laboral sino evitar de todas maneras la indigencia y la pobreza extrema. Este programa fue prorrogado y luego reemplazado por la Asignación Universal por Hijos, que unificó muchos de los planes existentes hasta el momento. Diversos autores categorizaron el PJyJDH como el garante para “apagar el incendio” y sobrellevar el escenario crítico que había dejado la posconvertibilidad en materia social.
Hoy día, el presupuesto de planes sociales se incrementó más de 23% en los últimos dos años. Para fines del 2015 alcanzó los US$16.742 millones, frente a los US$ 13.772 millones de 2013.* Cabe aclarar que en moneda local los recursos destinados se duplicaron. Sin embargo, no evitaron que la pobreza golpee a 11 millones de argentinos. No obstante, desde el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sostienen que sin los programas asistenciales vigentes, la tasa de indigencia se duplicaría, es decir, alcanzaría los dos dígitos y superaría el 10%.
Rol de los subsidios económicos
Las erogaciones no sólo tienen destinos “sociales”, sino que los denominados “económicos” también se llevan su tajada. Por cierto, las transferencias otorgadas por el gobierno de Cristina Fernández para evitar el aumento de tarifas llego a representar un volumen similar al total del déficit fiscal (5% del PIB). Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), las jubilaciones, salarios públicos y subsidios sociales representan aproximadamente el 17% del producto, mientras que la inversión pública, implica apenas alrededor del 3%.
Es así como los subsidios económicos estuvieron en continua expansión desde 2006 a la fecha, y representan 50% de las trasferencias corrientes. El rubro Transferencias Corrientes al Sector privado fue uno de los mayores protagonistas, y el que más ha crecido en participación relativa los últimos años. A raíz de la fuerte redistribución de recursos al sector energético y transporte, los subsidios económicos pasaron de representar el 1% del PIB en el año 2006, a un 5,1% en 2014. Por cierto, las transferencias a ambos sectores, concentraron 92% de la masa total a distribuir.
La contracara del mayor peso del gasto público ha sido el crecimiento desmedido del peso relativo de los tributos nacionales, convirtiéndose casi intolerable para los ciudadanos. Según el Instituto Nacional Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la presión tributaria en 2015 llegó a 37% del PBI con un crecimiento de casi 55% desde 2004. En tanto, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio cuenta que la presión fiscal en Argentina en 2013 (31,2%) era la más alta de América Latina y el Caribe, ubicándose sólo detrás de la de Brasil.
De este modo, el embrollo de subsidios otorgados terminó afectando el bolsillo de los más pobres, y beneficiando a los sectores de mayor poder adquisitivo. Traducido en números, los transferencias otorgadas a la clase alta en el 2015 sumaron US$20.202 millones, de los cuáles US$8.966 millones se entregaron en consumo de energía, agua y servicios sanitarios; US$4.259 millones en dólar ahorro; US$3.727 millones en dólar turista; US$2.129 millones en educación superior, y US$1.118 millones en transportes. Valores por encima de los recursos destinados a programas sociales (US$16.742 millones), reafirmando la perversidad del sistema.*
Sumado al abultado deterioro fiscal que ocasionan los subsidios, y el daño que arremete el establecimiento de precios máximos, se generaron desincentivos a las empresas de servicios para realizar las inversiones pertinentes en el sector energético y de transporte.
Subsidiar la demanda para combatir la pobreza
Quedó claro que a la inclusión, no sólo se la comió la inflación, sino que quedó en una perversa subvención a la clase alta. La experiencia Argentina muestra una vez más que si el verdadero objetivo de estas transferencias es cuidar el bolsillo de los más vulnerables, la lógica indica que se debería subsidiar la demanda y no la oferta. En términos simples, identificar las familias más necesitadas y canalizar las erogaciones a través de algún mecanismo que dé cuenta la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran.
A modo de conclusión, mediante la implementación de políticas de “planes sociales permanentes” el Estado de Bienestar conduce a bloquear la capacidad y el ingenio, como asimismo los medios e incentivos a crecer de forma autodidacta, quedando en jaque el rol de las libertades individuales. Sin dudas un llamado de atención al nuevo gobierno, que deberá tener en cuenta la importancia de establecer pautas para la finalización de los programas sociales, como también objetivos concretos y cuantificables, contemplando el rol de la educación y su vínculo con el mercado laboral, en conjunto con la contención institucional requerida. Sólo a través de un plan de desarrollo de estas características se puede sentar las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Nota:
(*) Para presentar las cifras en dólares se utilizó para el año 2013 un tipo de cambio promedio de 5,47 pesos por dólar. En cambio, para el año 2015 el tipo de cambio promedio trepó a 9,39 pesos por dólar. Estos promedios se obtuvieron del Banco Central de la República Argentina (BCRA 3500). Hoy día, el tipo de cambio comprador se encuentra en alrededor de $13,47 según el BCRA.