El eslabón más débil

La semana pasada se publicó el informe 2019 elaborado por el Instituto Fraser sobre el estado de la libertad económica en 162 países, evaluándolos con información de 2017. Como en ediciones anteriores, en éste se vuelve a evidenciar que aquellos países en los cuales los agentes económicos privados (individuos - familias y empresas) han gozado y gozan de mayor libertad económica, mayor libertad para elegir en decisiones de consumo, trabajo y producción, son también los países que tienen mayores niveles de desarrollo económico, en donde además hay mayor paridad de género, mayores libertades políticas y civiles y la población se considera más feliz.

El índice de libertad económica tiene cinco grandes agregados: tamaño del gobierno (gasto e ingresos públicos), sistema legal y protección de los derechos privados de propiedad, estabilidad macroeconómica, libertad de comercio internacional y regulación de los mercados crediticio, laboral y empresarial. Con estos cinco elementos, los 10 países más libres del mundo son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Australia y Mauricio. Los 10 menos libres: Iraq, República del Congo, Egipto, Siria, República Democrática del Congo, Angola, Algeria, Sudán, Libia y, en el sitio de honor como el país menos libre del mundo, Venezuela. En América Latina, los cinco más libres: Chile, Panamá, Guatemala, Perú y Costa Rica. 

México se sitúa en el lugar 76 con una puntuación de 6,83. La puntuación asignada a cada uno de los cinco grandes agregados fue (entre paréntesis el lugar ocupado de entre los 162 países): tamaño del gobierno: 7,90 (18); sistema legal y protección de los derechos de propiedad: 4,18 (122); estabilidad macroeconómica: 7,89 (108); libertad de comercio internacional: 7,64 (57); y, regulación de los mercados: 7,08 (81). 

México está considerada como una economía mayormente libre (en el segundo quintil) y, después de una mejoría después del desastre de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, de ahí prácticamente no nos hemos movido en varios años, como muestran los puntajes asignados: 1980: 5,1, 1990: 6,2, 2000: 6,6, 2005: 6,8, 2010: 6,7, 2015: 6,9 y 2017: 6,9. 

Como puede observarse, el eslabón más débil del arreglo institucional y que hace que caiga significativamente el puntaje asignado a México es el sistema legal y la protección de los derechos de propiedad. Un puntaje de 4,18 y en el lugar 122 nos permite ver que éste es sin duda el principal elemento que inhibe el crecimiento y el desarrollo económico. Y lo peor es que, al respecto, cada vez estamos peor ya que la calificación se ha reducido de 6,76 en 1990 a 4,18 en 2017. Un sistema judicial, particularmente en las entidades federativas (en donde mayormente se dirimen las controversias mercantiles sobre el cumplimiento de los contratos) sin independencia de los jueces, con juzgados que no actúan con imparcialidad y notoriamente corruptos, se traduce en una muy débil garantía judicial del cumplimiento de los contratos entre particulares, lo que deriva en una notoriamente deficiente protección de los derechos de propiedad. 

Esta deficiencia institucional cuesta mucho porque genera una asignación de recursos ineficiente y desincentiva la inversión, lo que deriva en menores tasas de crecimiento económico, limitando con ello aumentos en los niveles de desarrollo. Así, en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas México es considerado un país de desarrollo medio, situándose para 2018 en el lugar 74 de entre 189 países. 

Es claro que si queremos introducirnos en una senda de desarrollo cada vez mayor es necesario dotar a los agentes económicos privados de mayor libertad y seguridad jurídica. El gobierno actual piensa lo contrario y la libertad está bajo amenaza.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 1 de octubre de 2019.