El deterioro de la democracia en Uruguay

En días pasados, The Economist Intelligence Unit publicó su Democracy Index 2015. En ese informe se cataloga a Uruguay como la única “democracia plena” de Latinoamérica. Algo de lo cual debemos sentirnos felices los uruguayos, dado que únicamente 20 naciones del mundo integran esa selecta categoría. Además, por si eso fuera poco, según el puntaje obtenido ocupamos un puesto (el No. 19) por encima de Estados Unidos (No. 20).

En nuestro país contamos con una separación de poderes genuina, con un sistema de controles y balances que funciona, y con una prensa variada e independiente que informa libremente. La suma de estos factores facilita que en gran medida los derechos individuales estén garantizados y protegidos.

De los elementos mencionados, contar con un Poder Judicial competente es fundamental. Asimismo, que los medios de comunicación investiguen e informen son tan esenciales para la calidad democrática, que Thomas Jefferson proclamó: “Una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad pública”.

Sin embargo, la posibilidad de existencia de estos últimos reposa en el Poder Judicial, porque éste es quien tiene el rol de hacer respetar la Constitución. Es decir, de limitar el poder de los gobernantes y de ese modo proteger al hombre común.

A nuestro juicio, de las tres ramas en que está dividido el poder estatal, ésta es la más relevante para el bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque un Poder Judicial competente es esencial para el Estado de Derecho, para la forma republicana de Gobierno y para que los derechos individuales estén garantizados en los hechos, y no se vean reducidos a “palabras floridas” en boca de los gobernantes.

Y, es precisamente con respecto a nuestro Poder Judicial, donde percibimos nubes negras en el horizonte. Las amenazas son de dos tipos: unas de corto plazo, que van afectar al servicio judicial en lo inmediato; y otras, de mediano plazo, que lo resentirán en un futuro más o menos cercano.

El primer tipo de amenaza es relativamente fácil de solucionar, dado que por el momento, al menos, contamos con una democracia plena. Es un asunto de índole presupuestaria. En consecuencia, la información acerca del modo en que el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria del partido gobernante están tratando al Judicial —que traerá aparejada la presión popular para que se rectifiquen rumbos—, posiblemente corregirá la situación creada.

La segunda clase de peligro es menos visible, pero sus potenciales consecuencias serán tremendas y permanentes. Un gravísimo problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero que los gobernantes parecen incapaces de solucionar. Nos estamos refiriendo a la pérdida sostenida de la calidad educativa.

Con respecto al primer tipo de problema, la alarma cundió cuando se supo que en la recientemente aprobada Ley Presupuestal (que regirá por dos años), los gobernantes no sólo no tuvieron en cuenta ninguna de las previsiones presupuestarias del Poder Judicial, sino que ni siquiera se le menciona. Tal situación provocó que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, declarara que “por primera vez que tengamos noticia en el presupuesto nacional el inciso 16, Poder Judicial, no figura con ninguna norma, ni siquiera con alguna de las normas sin costo que tenemos”.

Lo peor para Chediak es, que el dinero solicitado no era para aumentar el sueldo de los funcionarios, sino estrictamente para la mejora del servicio a los ciudadanos. Tal circunstancia fue especialmente enfatizada en la Comisión parlamentaria de Presupuesto y Hacienda.

Hay quienes consideran que la causa de tal asombrosa situación, es la de “sancionar” al Poder Judicial porque durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), declaró inconstitucionales varias leyes por él promovidas (lo que provocó su público enojo e incluso el deseo de reformar la Constitución con el fin de quitarle a la Suprema Corte esa atribución y dársela a un nuevo órgano… ¿independiente?). Asimismo, porque desde 2011 se viendo arrastrando un conflicto entre los judiciales y el Ejecutivo, porque no les pagó el aumento de sueldo del 26 % que estaba incluido en la Ley Presupuestal de 2010, a pesar de las sentencias dictadas en tal sentido. Todo esto fue generando que en el período anterior, las relaciones entre ambas ramas del Estado fueran muy ríspidas.

Consultado al respecto, Chediak expresó que no iba analizar las intenciones del Gobierno, pero que indudablemente envió una “señal fuerte”, al excluir del Presupuesto al Poder Judicial. Subrayó, que la decisión del Ejecutivo de ignorar todas las iniciativas del Poder Judicial, es “atípica” en nuestro país.

En consecuencia, el ministro alertó a la opinión pública que “el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado está en problemas por falta de presupuesto y eso ‘no es bueno’ para la salud democrática del país”. Recalcó, que “estamos en dificultad de mantener el servicio como lo tenemos ahora”. Eso obviamente se traducirá en dificultades para cumplir adecuadamente el rol que la Constitución les encomienda. Subrayó, que “la democracia uruguaya es una y depende del adecuado funcionamiento de los tres poderes (…) Cuando los motores son fuertes, los frenos deben ser fuertes también”.

La situación planteada de “asfixia presupuestaria”, llevó a que la Corte creara un Comité de Crisis para que analizara cómo reducir los gastos al “mínimo imprescindible”. Pero aun así, si el Ejecutivo no concede un refuerzo presupuestal, el Poder Judicial se verá obligado a “suspender servicios antes de fin de año”.

Alarmante y elocuente, ¿no?

Con respecto al segundo tipo de amenazas para el mantenimiento de la calidad democrática en Uruguay, el tema fue plantado por Elena Martínez, ministra de la Suprema Corte de Justicia, docente de la Universidad Católica y del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU).

En una entrevista que le realizó la revista Tribuna del Abogado, afirmó que “los estudiantes de Derecho tienen acotada seriamente su capacidad para expresarse de forma oral y escrita”. Además, que la educación que se les brinda es “excesivamente teórica”, lo cual genera dificultades al momento de armonizar esos conocimientos con la práctica. En su opinión, se produce una “enorme distancia entre el saber y el saber hacer”.

Martínez manifestó que desde los primeros días de clase, detecta “limitaciones en los estudiantes para expresarse oralmente”. Luego percibe “serias dificultades” para escribir, “problemas de redacción y ortografía” y “una insuficiente comprensión lectora”. Y esas carencias no son propias de un grupo reducido de alumnos, sino que es un “panorama de alcance general”.

Si consideramos que hay una relación intrínseca entre lenguaje y pensamiento, nos daremos cuenta que personas que se expresan mal, piensan en forma equivocada. Y, si esto es pernicioso para los individuos en general, ¡se torna nefasto al tratarse de jueces que deberían analizar con sustento lógico y jurídico los recursos que se presentan ante ellos!

En conclusión, si tomamos en cuenta la conjunción de los factores mencionados, es de temer que se avecine un negro panorama para la calidad democrática en Uruguay.

Este artículo fue originalmente publicado en PanAm Post (EE.UU.) el 7 de marzo de 2016.