El debate sobre Bolton: Apartándose de la raíz del problema
La administración de Bush está planteando el debate sobre la nominación de John Bolton para embajador estadounidense ante la ONU como parte de una estrategia general para reformar este cuerpo internacional. Pero aunque usted piense que Bolton es un hombre primitivo que rompe cráneos, o crea que el es un “hombre honesto de poco tacto” que “no tiene miedo de hablar sin pelos en la lengua en la ONU”, como el presidente Bush describió a Bolton durante su conferencia de prensa emitida en televisión nacional, arreglar uno de los más importantes problemas de la organización está probablemente más allá de sus posibilidades.
El artículo 51 de la Declaración de la ONU se refiere a un “derecho inherente a la auto-defensa individual o colectiva si un ataque armado ocurre”. Muchos observadores están de acuerdo con que esta provisión incluye “auto-defensa anticipada”—en otras palabras, el derecho de actuar frente a un peligro inminente. Pero en ausencia de una amenaza inminente, la fuerza no puede ser utilizada sin la sanción explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Tal vez esto es lo que Kofi Annan quiso decir cuando el dijo en Septiembre del 2004 que la más reciente guerra en Irak era ilegal.
Pero Annan, como muchos estadounidenses liberales, sufren de una aplicación selectiva de este principio. Según el criterio de Annan, las operaciones de la OTAN en Kosovo en 1999 eran claramente ilegales. Frente a un seguro veto ruso, EE.UU. y sus aliados de la OTAN decidieron ignorar el Consejo de Seguridad. Sin importar la “ilegalidad” de tales acciones, Francia, Alemania, y una manada de otros países decidieron intervenir.
Un dilema similar podría ocurrir pronto en vista de la catástrofe en la región de Darfur en Sudán. China más que seguro bloquearía una resolución del Consejo de Seguridad demandando la intervención militar—de ser así, cualquier intervención en Darfur también se quedaría corta frente a los criterios de legalidad de Annan.
John Bolton se opuso a la intervención de Kosovo, porque de acuerdo a su criterio no había “suficiente interés estadounidense para tomar el lado de los albanianos kosovares o el de los serbios”. Los liberales tal vez se acuerden que, en 1999 por lo menos, Bolton estaba en el lado “legal”, y ellos estaban, y casi indiscutiblemente, librando una guerra ilegal.
El giro refleja más que meras políticas. Está enraizado en la tensión existente entre el Artículo 2 de la Declaración de la ONU, el cual invoca a que todos los miembros “se abstengan en sus relaciones internacionales de amenazar con o utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”, y la creciente noción de que la comunidad internacional tiene una “responsabilidad de proteger” a las personas que viven bajo tiranos brutales, o las cuales ven su seguridad amenazada por conflictos domésticos. Esta perspectiva muy diferente sobre la legitimidad del uso de la fuerza es un problema fundamental en la esencia de la ONU en el siglo veintiuno.
Esos que desean reformar la ONU—ya sean conservadores como Bolton o liberales que idolatran a Richard Holbrooke o a Madeleine Albright—deben escoger. Ellos pueden o reafirmar la soberanía de los estados y el derecho a la auto-defensa como uno de los fundamentales principios de los miembros de la ONU, o ellos pueden trabajar para establecer la legitimidad de la intervención militar como parte de la “responsabilidad para proteger”.
Si ellos escogen lo segundo, una manera de limitar el número de intervenciones militares sería establecer que excepciones del Artículo 2 ocurran solo cuando haya un consenso claro para tales acciones como esté expresado en una resolución formal del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice el uso de fuerza. Esto es un criterio difícil de suplir, seguramente, pero no es sin precedentes: el Consejo de Seguridad específicamente aprobó la acción militar en 1990 para sacar a Saddam Hussein de Kuwait.
Por ahora, pocas personas parecen dispuestas a renunciar a la legitimidad de la intervención militar en los asuntos internos de otro país. En la ausencia de tal disposición, preguntas sobre la ilegalidad o ilegitimidad siempre serán determinadas por un criterio altamente subjetivo, uno completamente divorciado del concepto práctico de amenazas como está definido en el artículo 51.
El Gen. Brent Scowcroft, concejal de la seguridad nacional para el primer Presidente Bush, y miembro de un panel de alto rango escogido por el secretario general para estudiar como reformar la ONU, explicó: “Últimamente…si uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o un estado importante cree que algo es un interés vital, la ONU no va a poder hacer algo al respecto”. Eso, el añadió, “es la naturaleza imperfecta del cuerpo que tenemos”.
Si los estados iniciaran guerras sin importar lo que el Consejo de Seguridad diga o no diga, entonces la ONU no puede cumplir su propósito original de salvar “las próximas generaciones del azote de la guerra”. Lo cual significa que toda la controversia sobre Bolton, y las habladurías de la importancia de la ONU en sí, están apartándose de la esencia del problema.
Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.