El coqueteo con el autoritarismo

Mientras que todas las otrora economías socialistas se han liberalizado y han fortalecido sus mercados a lo largo de las últimas dos décadas, estas no han logrado fortalecer su Estado de Derecho (ver Cuadro 1). Bajo el socialismo, los sistemas legales no están diseñados para proteger los derechos de los individuos. En cambio, estos sirven los intereses de una élite política. Con este objetivo en mente, los jueces, fiscales, y otros funcionarios del poder judicial están entrenados y se espera que sirvan a esos intereses. Lo más preocupante es que algunas de las economías anteriormente socialistas han experimentado un debilitamiento de su Estado de Derecho durante los últimos años.

A mediados de junio, cientos de miles de checos salieron a las calles de Praga a pedir la renuncia del Primer Ministro Andrej Babiš, en vista de tanto una investigación criminal en la República Checa acerca de un presunto fraude como de una investigación de la Unión Europea (UE) acerca del abuso de fondos de la UE por parte del conglomerado Agrofert. Aunque la policía en la República Checa recomendó que el Sr. Babis sea llevado a las cortes para enfrentar acusaciones de usar incorrectamente los subsidios de la UE, solo el fiscal del estado puede formular cargos. Sin embargo, es poco probable que esto suceda dados los existentes lazos políticos entre el Primer Ministro y la recientemente designada Ministra de Justicia Marie Benesova. De hecho, muchos checos consideran que el Sr. Babiš está utilizando al gobierno para que éste lo encubra. Como respuesta, el Sr. Babiš dice ser inocente y alega prácticas corruptas por parte de Transparencia Internacional y una agenda política detrás del reportaje de los periodistas checos.

En 2011, el partido del actual primer ministro de Hungría Viktor Orbán (Fidesz), teniendo una mayoría parlamentaria de dos tercios, aprobó una nueva constitución que redujo el poder de la Corte Constitucional de vetar legislación. Además, aumentó el número de jueces en la Corte Constitucional, para crear espacio para nuevos miembros leales a Fidesz. Dado que es requerido que los jueces mayores de 62 años renuncien, sus asientos fueron suplidos con todavía más jueces leales. A fines del año pasado, Fidesz también debilitó la independencia de la corte aprobando una ley que prácticamente establecía un sistema de cortes administrativas paralelas que es supervisado directamente por el Ministro de Justicia. En mayo, el gobierno húngaro anunció la suspensión indefinida de esta reforma, la cual hubiese dado pasos hacia una mayor interferencia política con el poder judicial.

En Polonia, el Partido Ley y Justicia (PiS) que gobierna imitó a Fidesz reformando el poder judicial del país y le dio a los políticos impresionantes poderes sobre este. En particular, el gobierno controlado por el PiS aprobó una ley que reducía la edad de jubilación de los jueces en las cortes comunes, de los fiscales, y de los jueces de la Corte Suprema a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. La nueva ley sobre la Corte Suprema que vino después, impuso un requisito de jubilación a los 65 años tanto para mujeres como para hombres. Esto implica que 27 de los principales 72 jueces del país se espera que renuncien antes de lo esperado, sean reemplazados con nominados por el Consejo Nacional del Poder Judicial, que está dominado por el partido PiS. Además, como el presidente de la República tenía el poder de extender los periodos de servicio activo de los jueces y como el Ministro de Justicia tenía el control de los procesos disciplinarios en contra de ellos, el poder judicial había perdido su independencia y su imparcialidad, y se había vuelto dependiente de la rama ejecutiva. En medio de protestas públicas y de la presión internacional, el gobierno polaco eventualmente derogó la ley y reinstauró a los jueces que habían sido forzados a una jubilación temprana.

Mientras que en Hungría y Polonia el gobierno está dirigido por los conservadores, en Rumania el partido de gobierno es el Partido Social Demócrata (PSD), que también hace lo mejor que puede por socavar el Estado de Derecho reduciendo la independencia del poder judicial. Por ejemplo, el Ministro de Justicia ha sido autorizado para influenciar las designaciones judiciales y cambiar el código de procedimientos criminales de Rumania. Como resultado de esto, los fiscales encuentran ahora nuevos obstáculos en sus investigaciones. A principios de este año, el PSD también aprobó una ley de emergencia que reducía las sanciones en contra de los políticos corruptos. El líder del PSD, Liviu Dragnea fue uno de sus beneficiarios. El Presidente Klaus Iohannis luchó en contra de este ley, la llevó ante la Corte Constitucional, e hizo un llamado a un referéndum acerca de las reformas judiciales. Esa lucha de poder se acabó en junio, cuando los rumanos votaron en un referéndum no vinculante en contra de la ley de emergencia, y cuando el Sr. Dragnea fue enviado a la cárcel por tres años y medio luego de que la Corte Suprema sostuvo un fallo de convicción por peculado. La Primera Ministra rumana Viorica Dăncilă ahora declara que ella planea abandonar las reformas judiciales introducidas a principios de 2019.

Para concluir, el autoritarismo está creciendo en muchas economías que antes eran socialistas. Más notablemente, los partidos en el poder tratan de reducir la imparcialidad y la independencia del poder judicial. Como James Madison dijo en el "Federalista No. 10",

“para asegurar el bien público y los derechos privados, [...] la mayoría [...]debe ser dejada, por su número y situación local, incapaz de planear y llevar a la práctica esquemas de opresión”.

El futuro dirá si el Estado de Derecho y las instituciones soportaron los ataques.

Este artículo fue publicado originalmente en IREF (Francia) el 3 de julio de 2019.