El bono educativo

En esta era de la economía del conocimiento, la educación representa el "activo" más importante de una sociedad. En última instancia, es la fuerza motriz de la prosperidad en el largo plazo. Pero el debate educativo en se ha degenerado a un asunto fiscal, es decir, a los ingresos públicos que se puedan destinar al gasto educativo. La calidad, el uso eficiente de la inversión en capital humano, las bases de una reforma estructural del sistema educativo-estos, y otros ingredientes capitales de un verdadero debate educativo, están ausentes en la "grilla" presupuestal de asegurar una obesa partida para la intermediación pública (léase, el sindicato educativo) de bienes educativos.

La iniciativa hecha en México de formalizar en ley un nivel de gasto público de 8% del ingreso nacional en educación es una muestra sobresaliente de la falta de visión de nuestros legisladores, así como de un absurdo voluntarismo político. Nuevamente, gastar más toma prioridad sobre gastar mejor. En este contexto, brilla por su ausencia una propuesta viable para eficientar el gasto en educación-el esquema conocido como el bono o cheque educativo.

La propuesta alrededor de la libertad de elegir parece contundente. Los estudiantes o los padres de familia saben más sobre sus necesidades educativas o su futuro educativo que la burocracia o que el líder sindical de turno. Pero decir esto no es congruente con los estatutos del progresismo, con las normas de lo "políticamente correcto." En el fondo, la posición de las personas sobre la libertad de elegir su destino educativo es un reflejo de la disputa capital entre una sociedad cerrada ("progre", pero cerrada) y una sociedad abierta.

La meta de institucionalizar en ley un gasto público masivo en educación es parte de la fantasía tradicional de que el desarrollo depende de financiar una gran fábrica, capaz de maquilar los tabiques humanos de una sociedad "positiva." Una forma de eficientar este gasto, amén del voluntarismo político que lo propicia, sería la opción de otorgar un bono a cada familia (para educación básica), o cada estudiante (para educación superior) con valor determinado, que sea redimible en la escuela de su elección, ya sea pública o privada. Unas instituciones cobran igual o menos, otras más; pero se respetaría la libertad de elegir entre un universo de academias, sean básicas o universitarias.

Así, se desarrollaría un robusto mercado secundario que permitiría a los padres de familia, y a los estudiantes, discriminar entre proveedores buenos y proveedores malos. En otras palabras, el consumidor, no el legislador, ni mucho menos el líder sindical, tendría la última palabra. Y el esquema estaría enfocado más en la calidad del producto educativo que en la obtención de un jugoso hueso presupuestal; o por lo menos, no habría la necesidad de esconder las cifras y los datos sobre la realidad educativa del país.

La gran paradoja del debate actual, y de esta propuesta tan irresponsable del punto de vista fiscal, es que ya se destina.

Empero, la sustitución de un subsidio a la oferta por un subsidio a la demanda es, en los ojos de los progresistas, como políticamente incorrecto, mientras que en realidad es un mecanismo que elimina gran parte de una costosa intermediación burocrática. El gasto educativo representa más del 25% del gasto federal; y más del 83% del gasto educativo federal se absorbe en nómina, o sea, sueldos y salarios de la burocracia educativa. Esto, en la realidad, significa que el gasto educativo conlleva altos costos de oportunidad. La gran concentración educativa implica mal uso de cuantiosos recursos que podrían destinarse a un uso más productivo (por ejemplo, impartir justicia, u otras tareas básicas del Estado), y a la vez significan que resulta muy caro, sobre todo al erario, graduar a estudiantes de las escuelas y las universidades.

La oportunidad de ejercer la libertad de elección sería una fuerza capital tanto para dar sentido al gasto educativo como para neutralizar a los intereses políticos que pretenden reducir los problemas educativos de México a un numerito, en este caso, el 8%.