El aumento del estatismo eléctrico

A principios del presente mes, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa “preferente” para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, la cual, una vez discutida y votada en un plazo breve, debe turnarse a la Cámara de Senadores para un proceso semejante.

En esencia, el proyecto de decreto busca incrementar el carácter dominante de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de electricidad. Para ese objetivo, las modificaciones liberan a la CFE de cierta disciplina de mercado e imponen restricciones a la participación privada. Con ello, se desea dar marcha atrás a la limitada apertura de ese sector, que se inició en 1992 y se fortaleció con la reforma constitucional de 2013.

Los principales cambios pueden clasificarse en tres grupos. En primer lugar, el despacho de energía de las centrales eléctricas, que opera el Centro Nacional de Control de Energía para satisfacer la demanda nacional, ya no regiría su asignación de acuerdo a los criterios de competencia, eficiencia e imparcialidad, sino al de una prelación a favor de la CFE.

Se establece que el sistema eléctrico debe ser alimentado primero, por las hidroeléctricas de la CFE, segundo, por las demás plantas de esa comisión, tercero, por las eólicas y solares de los particulares, y cuarto por las de ciclo combinado (con base en vapor y gas) de empresas privadas y el resto de generadores de otras tecnologías.

En segundo lugar, se limitaría la participación de los productores privados, especialmente los de fuentes variables. En concreto, la asignación en el despacho se basaría en contratos de entrega física en hora o fecha futura determinada, y no en razones económicas, lo cual dejaría fuera a los generadores eólicos y solares que no cuenten con almacenamiento o coberturas que les permitan satisfacer ese requerimiento.

Al mismo tiempo, se entregarían Certificados de Energía Limpia a las viejas hidroeléctricas de la CFE y se eliminaría la obligatoriedad de esta entidad de comprar electricidad mediante subastas de largo plazo, cuya ausencia ha sido la práctica de la actual administración.

En tercer lugar, se permitiría la revisión y revocación de permisos de generación privada. En particular, se obligaría a que éstos queden sujetos a los criterios que emita la Secretaría de Energía. La Comisión Reguladora de Energía podría cancelar los permisos de autoabastecimiento aduciendo fraudes y se revisaría la legalidad y la rentabilidad para el gobierno de los compromisos con los productores independientes.

En términos generales, estas modificaciones reducirían el bienestar social, como se ilustra en los siguientes efectos.

El abandono del criterio de eficiencia en el despacho eléctrico incrementaría el costo de atender la demanda. Además, al eliminarse las presiones competitivas, la CFE tendería a ahondar las deficiencias en su gestión, típica de empresa estatal que persigue objetivos no-económicos, lo que acrecentaría su improductividad.

Igualmente, la energía ofrecida tendería a ser de menor calidad, ya que se desalentaría la generación sustentada en fuentes limpias, y se favorecería a las plantas que utilizan insumos sucios, como el combustóleo y el carbón. Ello aumentaría la contaminación, sin compensación para la sociedad.

La alteración retroactiva de las reglas exacerbaría la desconfianza de los particulares en el gobierno, lo que desalentaría la generación privada y, sobre todo, reduciría los proyectos de inversión en esa industria y en toda la economía.

Asimismo, el mayor costo y el compromiso gubernamental de mantener fijas, en términos reales, las tarifas a los usuarios implicarían un mayor “subsidio”. Dados los menores incentivos de mercado para la inversión pública, es probable que este cargo fuera creciendo a medida en que se incremente la obsolescencia de las instalaciones. Por otra parte, el gobierno tendría que dedicar recursos para defenderse ante los tribunales y otras instancias, al suscitarse controversias constitucionales y de violación a tratados internacionales y, en su caso, resarcir daños.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 24 de febrero de 2021.