El ascenso y caída de Argentina

En la víspera de la Primera Guerra Mundial, el futuro de Argentina parecía promisorio. Desde la adopción de la Constitución de 1853 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Argentina experimentó un periodo de excepcionalismo económico conocido como la ‘Belle Époque’.[1] Para 1896, Argentina alcanzó el ingreso per cápita de EE.UU. y obtuvo un nivel de prosperidad considerablemente mayor que Francia, Alemania, Italia y España.[2] Un crecimiento económico sólido y las reformas institucionales posicionaron a Argentina entre los 10 mejores países en 1913 en términos de PIB per cápita.[3] Algunos académicos han llamado a la Buenos Aires del siglo XIX “Chicago en el Río de la Plata”, dada la similitud histórica entre ambas ciudades.[4] La Buenos Aires del siglo XIX presumía de las mejores tasas de alfabetismo de América Latina,[5] inmigración europea sin precedentes,[6] y una rápida modernización de su infraestructura.[7]

Parece que Argentina dio un salto al desarrollo en menos de medio siglo.[8] En 1913, el ingreso per cápita de Argentina se posicionaba en 72% del de EE.UU.[9] En 2010, Argentina logró apenas un tercio del nivel estadounidense. En 1860, Argentina necesitaba unos 55 años para lograr el nivel de ingreso per cápita de Suiza. Hoy Argentina necesitaría más de 90 años para lograr el nivel suizo de prosperidad. ¿Cómo puede una sociedad que obtuvo una abrumadora riqueza y esplendor en menos de medio siglo pasar de ser un país desarrollado a ser un país subdesarrollado? La pregunta más obvia es, ¿qué salió mal? La respuesta radica en la falta de un robusto marco legal inclusivo y participativo que hubiera prevenido que se socaven las reformas. Un experimento contrafactual para Argentina sugiere que las rupturas institucionales constituyen una explicación importante para las narrativas de desarrollo.

La importancia del marco institucional de jure y de facto para el crecimiento y desarrollo a largo plazo

Una vez obtenido, el desarrollo económico ampliamente disperso no debe darse por sentado. Los beneficios del desarrollo pueden perjudicarse fácilmente si el marco institucional no logra asegurar los derechos de propiedad, mantener bajos costos de transacción, y un robusto imperio de la ley.[10] La ausencia de este marco institucional de jure y su implementación de facto fácilmente puede ralentizar el crecimiento económico y resultar en su estancamiento.[11]

En su sentido más general, un marco institucional de jure captura el conjunto de normas que asignan el poder político vía la ley electoral, la Constitución, y la legislación.[12] Por otro lado, el marco institucional de facto determina en gran medida la distribución de recursos económicos. También establece límites a poderosos grupos sociales y determina el balance de poder político y las rentas económicas derivadas de las actividades económicas productivas e improductivas.[13] Una vez las reglas y su grado de aplicación son establecidos, el poder político de jure y de facto tiende a persistir. Cuando las poderosas élites pierden poder político debido a cambios institucionales, todavía pueden ejercer una poderosa influencia en la política y la acción colectiva a través de varios métodos como más cabildeo, presión, intimidación, o fuerza bruta para asegurar que el nuevo conjunto de instituciones económicas no disminuya sus rentas.[14] Lo que diferencia los cambios institucionales exitosos de los fallidos es la existencia de una masa crítica exigiendo cambios institucionales y asegurándose de que las reformas institucionales no se vean socavadas.[15] Las sociedades con un marco institucional de jure y de facto de base amplia, pluralista, inclusivo y participativo, como algún nivel de independencia judicial,[16] son significativamente más prósperas en el largo plazo que sociedades donde el poder económico y político de jure y de facto está concentrado en las manos de unas pocas élites.[17]

Rupturas institucionales y el descarrilamiento argentino

Muchas teorías se han propuesto para explicar el particular declive de Argentina, pasando de ser un país rico en la víspera de la Primera Guerra Mundial a ser un país subdesarrollado a principios del siglo XXI. Estas teorías enfatizan en las explicaciones institucionales y no-institucionales del desarrollo a largo plazo, como las diferentes tradiciones políticas traídas por los inmigrantes europeos, el cierre de la frontera expansionista en las Pampas sin alternativas significativas,[18] una política migratoria fuera de control, que impidió fomentar la escasez de trabajo,[19] y una alta tasa de dependencia demográfica y su asociada baja tasa de ahorros nacionales.[20] Una vertiende diferente de la literatura argumenta que, a diferencia de EE.UU., a Argentina le hacía falta la reserva del capital humano necesario para alentar un progreso tecnológico ampliamente disperso y basado en la innovación como motor de un desarrollo sostenible.[21] Las diferencias sin precedentes en la inversión de capital humano entre Argentina y EE.UU. explican por qué Buenos Aires y Chicago divergen a finales del siglo XX, pese a compartir circunstancias históricas, condiciones climáticas, y dotaciones de factores productivos. Si acaso, el descenso argentino es una prueba de la riqueza implicada en sus activos base y en sus fundamentos.

Una voluminosa y creciente corriente de la literatura sugiere que el entorno institucional de Argentina explica en gran medida el declive del siglo XX. Algunos académicos creen que los arreglos institucionales y los viejos rasgos heredados del colonialismo español empezaron a reaparecer y ayudaron a terminar con el excepcionalismo económico después de la ‘Belle Époque’.[22] Otros creen que la raíz del declive radica en un esquema de distribución de la tierra a mediados del siglo XIX, el cual favoreció un pequeño número de latifundistas, a diferencia de esquemas en Canadá o Nueva Inglaterra que favorecieron a un gran número de pequeños terratenientes.[23] Muchos académicos creen que el punto de inflexión, que llevó a la divergencia entre Argentina y cuatro colonias británicas (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU.) ­­fue la erosión del Estado de Derecho en la década de 1930.[24] Se cree que el golpe de Estado de 1930 erosionó la independencia de la Corte Suprema y llevó a la toma del poder por parte de Juan Perón en 1943 con implicaciones a largo plazo.[25]

Usando un enfoque de análisis factorial, computo las dimensiones latentes de las instituciones políticas de jure y de facto explotando los seis componentes diferentes de las instituciones políticas (como los ha delineado el economista Péter Földvári). Los cuatro componentes más importantes son las características de la anterior ley electoral, la competencia y apertura política, límites ejecutivos a quienes ostentan el poder, y la habilidad de las personas no pertenecientes a las élites de enfrentar a aquellos que tienen el poder.[26] La muestra está compuesta por un panel fuertemente balanceado de 28 países durante el periodo 1850-2012. Los dos indicadores latentes obtenidos por los factores rotados con la variación común más fuerte reflejan la distribución del poder político de jure y de facto. Valores más altos indican menos poder político concentrado en las manos de los grupos más poderosos e instituciones políticas de jure y de facto de base más amplia, más pluralistas, participativas, e inclusivas. El Gráfico 1 presenta los puntajes latentes de jure y de facto para el periodo 1850-2012 en Argentina en comparación con aquellos de EE.UU.

Los patrones de desarrollo institucional entre EE.UU. y Argentina indican la existencia de una amplia brecha que persiste a través del tiempo. La característica más impactante del desarrollo institucional argentino es la persistencia de colapsos tales como oscilaciones entre la democracia y la dictadura, las cuales eran frecuentes y en su mayoría violentas. Comparado con EE.UU., el marco institucional argentino en la década de 1850 se vio afectado por el legado adverso de décadas de guerra civil entre unitarios y federalistas, y por la pesada sombra del colonialismo español. Un contraste marcado con EE.UU. son las restricciones a la participación política por nivel de riqueza y alfabetización que fueron heredadas del periodo de la colonización española persistieron por un largo tiempo.[27] Mientras que las pruebas de alfabetización y otros requisitos arbitrarios de votación arbitrarios desaparecieron en Nueva Inglaterra y los Estados del norte a finales del siglo XIX,[28] Argentina no introdujo el voto secreto y obligatorio para la población adulta hasta 1912.

Con la introducción de la Ley Sáenz Peña en 1912, Argentina tuvo su primera experiencia con un gobierno representativo de corte liberal.[29] La Ley Sáenz Peña estableció el voto secreto y la representación de partidos minoritarios en el Congreso, y el voto masculino universal, secreto y obligatorio a través de la creación del Padrón Electoral. Pese a la oposición conservadora, la ley fundamentalmente alteró el proceso político y cambió radicalmente la naturaleza de la política argentina al prohibir el fraude electoral y la intimidación de los votantes.[30] Puede verse como una ruptura de la clase conservadora dominante en el periodo 1853-1912, y también como un intento de transición de jure y de facto a un sistema de pesos y contrapesos políticos. La transición a una balota abierta y obligatoria llevó a un rápido crecimiento en el padrón electoral y facilitó la transparencia electoral, que llevó a un incremento sin precedentes en la participación electoral. La reemergencia de viejos valores coloniales y la influencia de regímenes autoritarios en Europa hizo que la transición al sistema de pesos y contrapesos de jure y de facto tuviera una vida corta.[31] Mientras la Constitución de 1853 en si misma representa un quiebre de una larga historia de anarquía y desorden,[32] Argentina en la víspera de la independencia de España no contaba con instituciones políticas de jure y de facto que fuesen participativas –y sus bases informales. Estas instituciones no lograron defender el marco institucional subsecuente que buscaba un crecimiento económico sostenido.[33] Las reformas institucionales promulgadas después de la Constitución de 1853, como la modernización del código civil y del código de comercio, para que fueran más similares a aquellos en EE.UU. y Europa,[34] tuvieron un periodo de vida corto debido a que los antiguos rasgos coloniales empezaron a reaparecer en un periodo crítico, cuando iniciaba la transición hacia el sistema de pesos y contrapesos en 1912.

La corta transición a la democracia en 1912 después de la Ley Sáenz Peña contribuyó poco al crecimiento a largo plazo de Argentina. Aunque el voto secreto y obligatorio llevó a una mayor rendición de cuentas y estimuló el Estado de Derecho,[35] múltiples académicos sugieren que las transiciones democráticas pueden incentivar la redistribución del ingreso y de la riqueza y la erosión de los derechos de propiedad, especialmente si son introducidos en el contexto de pobreza generalizada, bajos niveles de educación, y la cuasi-ausencia de una clase media.[36] Por ende, la democracia en dichas circunstancias puede tener un efecto supresor para el crecimiento económico.[37] En 1914, una de las primeras medidas de política pública introducidas por el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue congelar los alquileres para los inquilinos y una serie de incrementos de salarios en la burocracia en el sector público, lo que llevó a una redistribución a gran escala del ingreso y la riqueza. La Ley Sáenz Peña de 1912 fue una manifestación de mayor libertad política a costa de una menor libertad económica. Esta ley también acompañó la práctica de contratar empleados administrativos para empleos inexistentes por parte del gobierno de la Unión Cívica Radical –UCR–. Estas políticas sentaron las bases de la redistribución populista y búsqueda de rentas por parte de grupos privilegiados, las cuales aumentan los costos de transacción,[38] erosionan los derechos de propiedad, y restringen el crecimiento económico.[39]

Para 1930, la joven democracia argentina cae ante el golpe de Estado militar, que marcó el principio de la Década Infame. Los antiguos rasgos coloniales del militarismo, la inexperiencia con el autogobierno, el tradicional irrespeto por la ley y el orden, y los abusos de poder volvieron a ser la norma. Junto con la enorme erosión del Estado de Derecho, la élite conservadora detrás del golpe (concordancia) prohibió los partidos políticos, derogó la Constitución de 1853, suspendió las elecciones legislativas, y consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 1938 y 1942. Algunos académicos creen que el golpe de 1930 y el gobierno peronista de los años 1946-1955 fueron una versión argentina del fascismo italiano.[40] La política económica se inclinó fuertemente hacia el favoritismo gubernamental de grupos de interés claves, principios corporativistas, y hacia una intervención activamente dirigista del Estado en múltiples áreas económicas. El colapso institucional de 1930 sentó el precedente del desarrollo institucional de jure y de facto subsecuente. Una serie de rupturas institucionales fueron instigadas cuando Juan Perón llegó al poder. La persecución, represión, y acoso a los oponentes políticos se volvieron costumbre, acompañados del favoritismo gubernamental demostrado a grupos de interés leales y de las renuncias de los jueces de la Corte Suprema, lo cual ilustra el abandono del Estado de Derecho en Argentina y el fin de la independencia judicial. A pesar del golpe de Estado por parte de los militares en 1955, una serie de gobiernos frágiles de la UCR fracasaron en el intento de eliminar el favoritismo gubernamental luego del exilio de Perón en España, y continuamente usaron el poder ejecutivo para declarar estados de emergencia económica, lo cual debilitó en mayor medida las instituciones políticas de jure y de facto como método de contrapeso a los abusos del poder ejecutivo. Cuando Perón volvió del exilio y fue elegido presidente en 1973, Argentina atravesó una serie de rupturas institucionales de jure y de facto como la expropiación de los tenedores de bonos en el extranjero, la nacionalización de bancos claves, la censura de la prensa extranjera, y la derogación de la autonomía universitaria con favoritismo político. La ruptura definitiva llegó con la dictadura militar en 1976, cuando prácticas como la violencia guerrillera en varios sectores de la sociedad civil, la violencia brutal contra los opositores políticos, los arrestos sin un proceso judicial, y las violaciones masivas de Derechos Humanos se convirtieron en la norma.

La cuasi-ausencia de pesos y contrapesos institucionales de jure y de facto, junto con altos costos de transacción y derechos de propiedad débiles, restringieron dramáticamente el desarrollo económico poterior a la Segunda Guerra Mundial.[41] La debilidad de las institucionales políticas de jure y de facto para absorber conflictos y llevarlos a una resolución pacífica fue una barrera significativa al crecimiento y desarrollo sostenido. Una serie de rupturas de jure y de facto, junto con el retorno de normas culturales antiguas de irrespeto a la ley y el orden y prácticas absolutistas, deterioraron la protección de los derechos de propiedad e incrementaron los costos de transacción. Sin un marco institucional de jure y de facto que apoye la libertad económica, el gobierno limitado, y el Estado de derecho, la tasa de inversión se desplomó,[42] la productividad total de los factores se estancó,[43] y los retornos sobre la inversión de capital humano se quedaron atrás en comparación a otros países.[44] En menos de medio siglo, Argentina pasó de ser un país rico en el último año de su ‘Belle Époque’ a ser un país subdesarrollado a finales del siglo XX. El Gráfico 2 muestra las trayectorias de desarrollo a largo plazo de Argentina y EE.UU. junto con las fechas de las rupturas institucionales.

Análisis contrafactual

Aquí desarrollo un modelo de desarrollo a largo plazo para examinar qué tanto contribuyen las instituciones de jure y de facto al desarrollo a largo plazo. Para un grupo de 28 países en el periodo 1850-2012, los efectos de las instituciones políticas de jure y de facto en el desarrollo a largo plazo son tanto fuertes como robustos ante algunas revisiones de especificación y variables de control. Un país donde las instituciones políticas de jure mejoran por un punto base –en la escala latente del Gráfico 1– puede esperar que su ingreso per cápita aumente en 2,6% en el largo plazo. De igual forma, un país donde las instituciones políticas de facto mejoran por un punto base puede esperar que su ingreso per cápita aumente 2,2% en el largo plazo. Los efectos benéficos de las instituciones políticas de jure y de facto son los más poderosos frente a las rupturas institucionales como aquellas que afectaron a Argentina en el siglo XX. Los efectos de las instituciones políticas de jure y de facto no desaparecen una vez que otros factores de desarrollo previamente reconocidos son tomados en cuenta, tales como la geografía física,[45] la historia legal,[46] el sistema legal,[47] y la cultura.[48]

¿Cómo podría haberse desarrollado Argentina en la ausencia de las rupturas institucionales? Abordo los efectos de los colapsos institucionales usando un método de control sintético para el estudio de casos comparados.[49] Aprovecho para esto la fecha precisa de las rupturas y construyo un escenario contrafactual. El escenario es construido proyectando el desarrollo a largo plazo de una Argentina sintética derivada de un promedio ponderado de otros países con características de crecimiento y desarrollo similares y con tendencias paralelas antes de la ruptura. Me apoyo en la optimización de la programación cuadrática restringida para encontrar la ponderación más adecuada para la Argentina sintética y reducir la discrepancia predictiva entre la Argentina real y la sintética al mayor grado posible.

El Gráfico 3 presenta un escenario contrafactual en el desarrollo a largo plazo de Argentina en ausencia de cuatro colapsos institucionales significativos. La evidencia sugiere claramente que los colapsos institucionales restringieron de manera importante el desarrollo a largo plazo de Argentina. Sorprendentemente, la Ley Sáenz Peña de 1912 y el golpe de Estado de 1930 muestran un crecimiento contrafactual y un patrón de desarrollo similares, aunque la primera representó una transición hacia los pesos y contrapesos, mientras que el segundo representó del Estado de Derecho. La Argentina anterior a la Ley Sáenz Peña comparte el crecimiento y las características de desarrollo de Chile (50 por ciento), Alemania (22 por ciento), EE.UU. (21 por ciento), y Uruguay (6 por ciento). De una manera similar, si Perón no hubiese llegado al poder, la Argentina de la posguerra habría seguido el crecimiento y patrón de desarrollo de otros países en la zona templada (Chile y Uruguay), de países de Europa occidental como Suiza y Suecia, y de EE.UU. La ausencia de la dictadura militar y la dependencia en tendencias pre-dictadura está asociada con el costo más generalizado para el desarrollo a largo plazo de los colapsos. En 2010, el PIB real per cápita de Argentina fue de 10.990 dólares internacionales Geary-Khamis (G-K). De no haberse dado el golpe de Estado de 1930, el PIB per cápita hubiera crecido hasta 18.564 dólares internacionales G-K, mientras que un nivel similar hubiera sido alcanzado en la ausencia de la Ley Sáenz Peña, asumiendo que Argentina hubiese continuado sus tendencias preexistentes. En términos per cápita, el golpe de Estado de 1930 está asociado con una diferencia del 68% entre la Argentina contrafactual y la real en 2012, lo que indica un costo a largo plazo sustancial e importante de los colapsos institucionales.

Lecciones del declive argentino

El singular declive de Argentina, pasando de ser un país rico en la víspera de la Primera Guerra Mundial a ser un país subdesarrollado para fines del siglo XX, plantea varias implicaciones normativas para quienes diseñan las políticas públicas y quisieran derivar lecciones de este. Una de las mayores amenazas al desarrollo a largo plazo no es el tipo de régimen político per se, debido a que el crecimiento y los episodios de desarrollo exitosos pueden encontrarse tanto en dictaduras como en democracias.[50] La amenaza clave para el desarrollo a largo plazo emana de la redistribución populista del ingreso y la riqueza.[51] Argentina nunca logró la transición hacia un sistema político de acceso abierto debido a que la transición hacia los pesos y contrapesos en 1912 llevó a la erosión de los derechos de propiedad e incrementó los costos de transacción a través de la redistribución populista. Se puede decir que ese giro decisivo hacia el populismo tuvo grandes implicaciones negativas para el desarrollo a largo plazo, ya que alentó las frecuentes cambios entre la dictadura y la democracia, cambios que se encuentran a la cabeza de las rupturas institucionales.[52]

Segundo, los colapsos institucionales que ocurrieron durante el desvío argentino de una joven democracia en 1912 a una dictadura militar en 1975 surgieron típicamente de la populista toma del poder político por parte de grupos de interés bien organizados. Estos grupos buscaron los colapsos institucionales para relajar las restricciones de jure sobre el poder ejecutivo para satisfacer las demandes a de sus votantes. Las rupturas institucionales pueden ser evitadas fomentando normas culturales sólidas para prevenir la llegada al poder del populismo. Estas normas incluyen la participación política activa y firme basada en un diálogo abierto y en la discusión no elitista de las políticas públicas. Cuando existe una masa crítica de grupos exigiendo cambios institucionales inclusivos, la llegada al poder de proyectos populistas se vuelve costosa para las élites en el poder. Las normas culturales imitan las restricciones ejecutivas informales y pueden ayudar a mejorar la resiliencia del marco institucional de jure y de facto en contra de la amenaza de proyectos populistas. La ausencia de la participación política y la discusión de las políticas públicas típicamente alimenta un vacío de poder, el cual los grupos de interés bien organizados suelen aprovechar para facilitar la llegada de un proyecto populista al poder. Después de la fallida transición a un sistema de pesos y contrapesos de jure y de facto en 1912 a través de la Ley Sáenz Peña, Argentina no contaba con la cultura política ni los fundamentos institucionales de un marco institucional de jure y de facto que sea participativo y amplio. El vacío de poder fue efectivamente explotado por los militares en 1930, lo cual permitió a la clase gobernante tradicional realizar un golpe de Estado. También pavimentó el camino hacia la reemergencia de viejas características coloniales como el irrespeto a la ley y el orden, el militarismo subversivo, y los abusos de poder persistentes. El efecto neto fueron tendencias populistas generalizadas en las élites tradicionales, las cuales distorsionaron los incentivos para la inversión, socavaron la protección de los derechos de propiedad, y mantuvieron los costos de transacción demasiado altos para que Argentina pudiera seguir el ritmo de crecimiento de otros países avanzados. Al final, los ciclos populistas afectaron el potencial de desarrollo a largo plazo de Argentina, pese a la abundancia de factores de producción necesarios para sostener el crecimiento a largo plazo.

Tercero, el favoritismo estatal demostrado a grupos de interés particulares es muy probable que exacerbe conflictos en la sociedad civil,[53] lo que lleva a la polarización política, la cual a su vez aumenta los retornos de los colapsos institucionales para los actores políticos poderosos. En Argentina, el nivel de favoritismo estatal fomentó la búsqueda de rentas de manera generalizada, en vez de la actividad económica productiva y sembró las bases del crecimiento económico lento de la era de la posguerra. Cuando Juan Perón fue derrocado en un golpe militar en 1955, él hizo un pacto secreto con los sindicatos para hacer de Argentina un país ingobernable en su ausencia,[54] pacto que perpetuó la inestabilidad política y fomentó colapsos futuros. Evitar el favoritismo estatal con el objetivo de proveer un campo de juego nivelado es la clave para evitar colapsos institucionales prolongados, los cuales tienen altos costos en el crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Y cuarto, el declive argentino a largo plazo pudo ser evitado si la transición a los pesos y contrapesos no hubiera sido contrarrestada por una redistribución populista a gran escala. Es más probable que una redistribución así de ineficiente se de en sociedades con un rápido crecimiento económico, ya que los grupos de interés tienen más que ganar. Proveer acceso amplio a oportunidades políticas y económicas a grupos que no pertenecen a las élites, en igualdad de condiciones, es significativamente menos probable que sirva a los poderos grupos de interés que se aprovecharían de una ruptura institucional. Cuando se determinó nulo el golpe de Estado de 1930, la Corte Suprema ignoró el problema pese una serie de violaciones constitucionales.[55] Preservar y asegurar la independencia de la Corte Suprema de presiones del gobierno y de los grupos de interés es posiblemente uno de las características institucionales más determinantes para abordar los efectos negativos de la presión de los grupos de interés privilegiados por una mayor redistribución, y para preservar las bases institucionales del crecimiento y el desarrollo sostenidos e incluyentes.[56]

Reconocimientos

Sinceramente agradezco a Scott Eastman y Nita Ghei por varios comentarios útiles y por sus sugerencias constructivas, y también por el aliento para escribir este boletín de políticas públicas. También quisiera agradecerle a Nuno Garoupa, Tobias Hlobil, Mitia Koyac y Ursula Spruk por sus comentarios, retroalimentación esclarecedora, y sugerencias. Cualquier error es enteramente mi responsabilidad.

Este estudio fue publicado originalmente en inglés por el Mercatus Institute el 30 de agosto de 2018. Una versión más desarrollada del estudio se encuentra aquí.

Notas:

[1] Alan M. Taylor, “Argentine Economic Growth in Comparative Perspective”, Journal of Economic History 54, no. 2 (1994): 434–37.

[2] Angus Maddison, The World Economy, 2 volúmenes. (París: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2007); J. Bradford De Long, “Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment”, American Economic Review 78, no. 5 (1988): 1138–54.

[3] Jutta Bolt y Jan Luiten Van Zanden, “The Maddison Project: Collaborative Research on Historical National Accounts”, Economic History Review 67, no. 3 (2014): 627–51; Edward L. Glaeser, “What Happened to Argentina?”, Economix Blog, New York Times, 6 de octubre de 2009; Carlos F. Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic (New Haven, CT: Yale University Press, 1970).

[4] Filipe Campante and Edward L. Glaeser, “Yet Another Tale of Two Cities: Buenos Aires and Chicago”, en Exceptional Argentina, ed. Edward L. Glaeser, Rafael Di Tella, y Lucas Llach (Cambridge, MA: Harvard University, 2013).

[5] Argentina Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Censo General de Educación, 3 volúmenes. (Buenos Aires: Talleres de Publicaciones de la Oficina Metereológica Argentina, 1910); Carlos Newland, “The Estado Docente and Its Expansion: Spanish American Elementary Education, 1900-1950”, Journal of Latin American Studies 26, no. 2 (1994): 449–67.

[6] Gino Germani, “Mass Immigration and Modernization in Argentina”, Studies in Comparative International Development 2, no. 11 (1966): 165–82.

[7] Alan M. Taylor, “Peopling the Pampa: On the Impact of Mass Migration to the River Plate, 1870–1914”, Explorations in Economic History 34, no. 1 (1997): 100–132; Blanca Sánchez-Alonso, “Those Who Left and Those Who Stayed Behind: Explaining Emigration from the Regions of Spain, 1880–1914”, Journal of Economic History 60, no. 3 (2000): 730–55.

[8] Leandro Prados de la Escosura, “World Human Development: 1870–2007”, Review of Income and Wealth 61, no. 2 (2015): 220–47.

[9] Leandro Prados de la Escosura, “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America”, Journal of Latin American Studies 41, no. 2 (2009): 279–307.

[10] Barry R. Weingast, “The Political Foundations of Democracy and the Rule of the Law”, American Political Science Review 91, no. 2 (1997): 245–63; Rok Spruk, “Institutions, Growth and Long-Run Development Paths” (Disertación PhD, Universidad Utrecht, 2016), https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/342098.

[11] Douglass C. North, “Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction”, World Development 17, no. 9 (1989): 1319–32; Jeffrey D. Sachs y Andrew M. Warner, “Fundamental Sources of Long-Run Growth”, American Economic Review 87, no. 2 (1997): 184–88; Edward Glaeser et al., “Do Institutions Cause Growth?”, Journal of Economic Growth 9, no. 3 (2004): 271–303; Daron Acemoglu, Simon Johnson, y James A. Robinson, “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, in Handbook of Economic Growth, ed. Philippe Aghion y Steven N. Durlauf (New York: Elsevier B.V., 2005), 385–472; Stephen M. Haggard y Lydia Brashear Tiede, “The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?”, World Development 39, no. 5 (2011): 673–85.

[12] Stefan Voigt, “How (Not) to Measure Institutions”, Journal of Institutional Economics 9, no. 1 (2013): 1–26.

[13] Douglass C. North, “Institutions”, Journal of Economic Perspectives 5, no. 1 (1991): 97–112.

[14] Brian R. Binger y Elizabeth Hoffman, “Institutional Persistence and Change: The Question of Efficiency”, Journal of Institutional and Theoretical Economics/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (1989): 67–84; Daron Acemoglu y James A. Robinson, “De Facto Political Power and Institutional Persistence”, American Economic Review 96, no. 2 (2006): 325–30.

[15] Raghuram G. Rajan y Luigi Zingales, “The Persistence of Underdevelopment: Institutions, Human Capital or Constituencies” (Paper de discusión No. 5867, Centre de Investigación en Política Económica, Londres, 2006); Peter J. Boettke, Christopher J. Coyne, y Peter T. Leeson, “Institutional Stickiness and the New Development Economics”, American Journal of Economics and Sociology 67, no. 2 (2008): 331–58.

[16] Rafael La Porta et al., “Judicial Checks and Balances”, Journal of Political Economy 112, no. 2 (2004): 445–70.

[17] Lars P. Feld y Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross-Country Evidence Using a New Set of Indicators”, European Journal of Political Economy 19, no. 3 (2003): 497–527; Stefan Voigt, Jerg Gutmann, y Lars P. Feld, “Economic Growth and Judicial Independence, a Dozen Years On: Cross-Country Evidence Using an Updated Set of Indicators”, European Journal of Political Economy 38 (2015): 197–211; Rok Spruk, “Institutional Transformation and the Origins of World Income Distribution”, Journal of Comparative Economics 44, no. 4 (2016): 936–60.

[18] Guido Di Tella, Manuel Zymelman, y Alberto Petrecolla, Las Etapas del Desarrollo Económico Argentino (Buenos Aires: Editorial Universitaria Buenos Aires, 1967).

[19] Carlos F. Díaz-Alejandro, “Argentina, Australia and Brazil before 1929”, in Argentina, Australia, and Canada, ed. D. C. M. Platt y Guido di Tella (Oxford: St. Antony’s College, 1985), 95–109.

[20] Alan M. Taylor, “External Dependence, Demographic Burdens, and Argentine Economic Decline after the Belle Époque”, Journal of Economic History 52, no. 4 (1992): 907–936.

[21] Edward L. Glaeser, Rafael Di Tella, y Lucas Llach, ed., Exceptional Argentina (Cambridge, MA: Harvard University, 2013).

[22] Keith S. Rosenn, “The Success of Constitutionalism in the United States and Its Failure in Latin America: An Explanation”, University of Miami Inter-American Law Review 22, no. 1 (1990): 1–39; Roberto Cortés Conde, Progreso y Declinación de la Economía Argentina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1998); Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum, ¿Por Qué Argentina No Fue Australia?: Una Hipótesis Sobre un Cambio de Rumbo (Buenos Aires: Siglo XXI Ediciones, 2006).

[23] Ezequiel Gallo, La Pampa Gringa: La Colonización Agrícola en Santa Fe (1870-1875) (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1983); Jeremy Adelman, Frontier Development: Land, Labour, and Capital on the Wheatlands of Argentina and Canada, 1890–1914 (New York: Oxford University Press, 1994).

[24] Andrés A. Gallo y Lee J. Alston, “Argentina’s Abandonment of the Rule of Law and Its Aftermath”, Washington University Journal of Law & Policy 26 (2008): 153–83; Matías Iaryczower, Pablo T. Spiller, y Mariano Tommasi, “Judicial Independence in Unstable Environments, Argentina 1935-1998”, American Journal of Political Science 46, no. 2 (2002): 699–716.

[25] Lee J. Alston y Andrés A. Gallo, “Electoral Fraud, the Rise of Perón and Demise of Checks and Balances in Argentina”, Explorations in Economic History 47, no. 2 (2010): 179–97.

[26] Péter Földvári, “De Facto Versus de Jure Political Institutions in the Long-Run: A Multivariate Analysis, 1820–2000”, Social Indicators Research 130, no. 2 (2017): 759–77.

[27] Stanley L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff, “The Evolution of Suffrage Institutions in the New World”, Journal of Economic History 65, no. 4 (2005): 891–921; Francis Fukuyama, “Do Defective Institutions Explain the Gap between the United States and Latin America?”, American Interest, November 1, 2006.

[28] Kirk H. Porter, A History of Suffrage in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1918); Chilton Williamson, American Suffrage: From Property to Democracy, 1760-1860 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960); Robert J. Steinfeld, “Property and Suffrage in the Early American Republic”, Stanford Law Review (1989): 335–76; Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States (New York: Basic Books, 2009).

[29] David Rock, “Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930”, Journal of Latin American Studies 4, no. 2 (1972): 233–56; Honorio Alberto Díaz, Ley Sáenz Peña: Pro y Contra (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983).

[30] Antes de la ley Sáenz Peña, el Congreso Nacional argentino pasó en la ley No. 140, la cual otorgó de manera formal el sufragio universal a hombre ciudadanos mayores de 18 años con la condición de posesión de propiedades, para ser candidato electoral. Esta restricción particular fue impuesta por la Constitución de 1853, la cual estableció requisitos de ahorro e ingreso anuales para una candidatura en el Senado.  A pesar de las 1857 provisiones derivadas de la ley No. 140, el fraude electoral generalizado y la falta de transparencia electoral implicaron que la aplicación de facto de la extensión de iure del sufragio hubiera sido casi nula.

[31] Noam Lupu and Susan C. Stokes. “The Social Bases of Political Parties in Argentina, 1912–2003”, Latin American Research Review 44, no. 1 (2009): 58–87; Nikolai G. Wenzel, “Matching Constitutional Culture and Parchment: Post-Colonial Constitutional Adoption in Mexico and Argentina”, Historia Constitucional 11 (2010): 321–38.

[32] José Ignacio García Hamilton, “Historical Reflections on the Splendor and Decline of Argentina”, Cato Journal 25, no. 3 (2005): 521–40.

[33] David Rock, Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín (Berkeley, CA: University of California Press, 1987).

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[40] Carlos S. Fayt, Naturaleza del Peronismo (Buenos Aires: Viracocha, 1967).

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[47] Robert D. Cooter y Hans-Bernd Schäfer, Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).

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[49] Alberto Abadie y Javier Gardeazabal, “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country”, American Economic Review 93, no. 1 (2003): 113–32; Alberto Abadie, Alexis Diamond, y Jens Hainmueller, “Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program”, Journal of the American Statistical Association 105 (2010): 493–505; Eduardo Cavallo et al., “Catastrophic Natural Disasters and Economic Growth”, Review of Economics and Statistics 95, no. 5 (2013): 1549–61; Andreas Billmeier and Tommaso Nannicini, “Assessing Economic Liberalization Episodes: A Synthetic Control Approach”, Review of Economics and Statistics 95, no. 3 (2013): 983–1001; Alberto Abadie, Alexis Diamond, y Jens Hainmueller, “Comparative Politics and the Synthetic Control Method”, American Journal of Political Science 59, no. 2 (2015): 495–510; Kevin Grier and Norman Maynard, “The Economic Consequences of Hugo Chavez: A Synthetic Control Analysis,” Journal of Economic Behavior & Organization 125 (2016): 1–21; Victoria Castillo et al., “The Causal Effects of Regional Industrial Policies on Employment: A Synthetic Control Approach”, Regional Science and Urban Economics 67 (2017): 25–41.

[50] Ricardo Hausmann, Lant Pritchett, y Dani Rodrik, “Growth Accelerations”, Journal of Economic Growth 10, no. 4 (2005): 303–29; Michał Jerzmanowski, “Empirics of Hills, Plateaus, Mountains and Plains: A Markov-Switching Approach to Growth”, Journal of Development Economics 81, no. 2 (2006): 357–85; Benjamin F. Jones y Benjamin A. Olken, “The Anatomy of Start-Stop Growth,” Review of Economics and Statistics 90, no. 3 (2008): 582–87; David Cuberes y Michał Jerzmanowski, “Democracy, Diversification and Growth Reversals”, Economic Journal 119, no. 540 (2009): 1270–1302; José Antonio Cheibub, Jennifer Gandhi, y James Raymond Vreeland, “Democracy and Dictatorship Revisited”, Public Choice 143, no. 1–2 (2010): 67–101; Richard Jong-A-Pin y Jakob De Haan, “Political Regime Change, Economic Liberalization and Growth Accelerations”, Public Choice 146, no. 1–2 (2011): 93–115; Monika Kerekes, “Growth Miracles and Failures in a Markov Switching Classification Model of Growth”, Journal of Development Economics 98, no. 2 (2012): 167–77; Andrew Berg, Jonathan D. Ostry, y Jeromin Zettelmeyer, “What Makes Growth Sustained?”, Journal of Development Economics 98, no. 2 (2012): 149–166; Sabyasachi Kar et al., “Looking for a Break: Identifying Transitions in Growth Regimes”, Journal of Macroeconomics 38 (2013): 151–66; Dani Rodrik, “The Past, Present, and Future of Economic Growth”, Challenge 57, no. 3 (2014): 5–39. Para una apreciación crítica de las implicaciones a largo plazo de los regímenes políticos en el crecimiento y el desarrollo, ver Mancur Olson, “Dictatorship, Democracy and Development”, American Political Science Review 87, no. 3 (2010): 567–76.

[51] Paul Taggart, “Populism and Representative Politics in Contemporary Europe”, Journal of Political Ideologies 9, no. 3 (2004): 269–88; Robert R. Kaufman, y Barbara Stallings, “The Political Economy of Latin American Populism”, in The Macroeconomics of Populism in Latin America, ed. Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards (Chicago, IL: University of Chicago Press), 15–43; Daron Acemoglu, Thierry Verdier, y James A. Robinson, “Kleptocracy and Divideand- Rule: A Model of Personal Rule”, Journal of the European Economic Association 2, no. 2–3 (2004): 162–92.

[52] Acemoglu y Robinson discuten el patrón de transiciones políticas inestables del desarrollo institucional argentino: La historia política de Argentina revela un patrón extraordinario donde la democracia fue creada en 1912, destruida en 1930, re-creada en 1946, destruida en 1955, totalmente re-creada en 1973, destruida en 1976, y finalmente reestablecida en 1983. En medio existieron varios matices de gobiernos no democráticos variando desde las democracias restringidas a los regímenes militares. La historia política de Argentina es una de incesante inestabilidad y conflicto. El desarrollo económico, el cambio en la estructura de clase, y una desigualdad ampliamente creciente, resultado del boom exportador de la década de 1880, coincidieron con la presión en la élite política tradicional a abrir el sistema. Pero, la naturaleza de la sociedad argentina significaba que la democracia no era estable. Ver Daron Acemoglu y James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2005).

[53] Para una excelente discusión de los problemas sociales y económicos generados por un favoritismo gubernamental generalizado, ver Matthew D. Mitchell, The Pathology of Privilege: The Economic Consequences of Government Favoritism (Arlington, VA: Mercatus Center at George Mason University, 2014).

[54] James W. McGuire, Peronism without Perón: Unions, Parties and Democracy in Argentina (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997); Marcello Larraquy, Argentina: Un Siglo de Violencia Política (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2017).

[55] Para una excelente discusión de la historia de la Corte Suprema de Argentina y el comportamiento judicial a través del tiempo, ver Juan González Bertomeu, Lucia Dalla Pellegrina, y Nuno Garoupa, “Estimating Judicial Ideal Points in Latin America: The Case of Argentina”, Review of Law and Economics 13, no. 1. (2016): 1–35.

[56] Daron Acemoglu y James A. Robinson, “Political Losers as a Barrier to Economic Development”, American Economic Review 90, no. 2 (2000): 126–30.