El Salvador: El argumento más artero

El argumento más artero que ha presentado el gobierno a favor de la expropiación que quiere hacer de las pensiones es que realmente nada va a cambiar porque el dinero de todos modos ya está en manos del gobierno porque los fondos de pensiones le han prestado el dinero. Nada va a cambiar, entonces.

Este argumento es del tipo de los favoritos del FMLN, que se orientan a adormecer a la población para que no ofrezca resistencia ante la violación de sus derechos. Es, por supuesto absurdo. Es cierto que por obligación los cotizantes ha prestado al gobierno la mayor parte de sus ahorros al gobierno, pero el haber recibido un préstamo no significa haber adquirido la propiedad de los fondos, que siguen siendo propiedad de los cotizantes.

En realidad, el argumento es tan absurdo que el gobierno no se ha atrevido a hacerlo de una forma oficial. Oficialmente, dice que se va a quedar con los ahorros contra una promesa de pagar una pensión en el futuro. El gobierno se gastaría el dinero en efectivo de los cotizantes (que es todo lo cotizado, como lo explico adelante), y la promesa sería cumplida supuestamente por un gobierno que no tendría dinero para pagarlas y tendría que subir los impuestos para hacerlo. Ahora las pensiones se pagan con los recursos ya ahorrados por los cotizantes. Después de la reforma, al menos la mitad dependerían de la voluntad de gobiernos futuros que, como este, verán a las pensiones como una carga para el estado, no como el pago de lo que los mismos cotizantes han ahorrado.

¿Por qué digo que el gobierno se puede gastar todo lo que expropie, si está en instrumentos financieros, la mayor parte de ellos a largo plazo? Porque esos instrumentos, una vez capturados por el gobierno, se pueden vender y convertir en efectivo. Tome el caso de los bonos emitidos por el mismo gobierno.

Ahora, estos bonos son propiedad de los cotizantes a los fondos de pensiones. El gobierno tiene que pagarlos al vencimiento y para mientras paga intereses sobre ellos. Después de la reforma, los bonos serían del gobierno, que podría hacer dos cosas. Una, eliminar la deuda, ya que tendría que pagársela a sí mismo. Simplemente se elimina toda y la deuda con los cotizantes se convierte en una promesa que ya verían otros gobiernos como pagarla. La otra es vender los bonos en el mercado con lo cual el gobierno podría obtener cerca de 4 mil millones de dólares entre bonos del gobierno y otros documentos de créditos y depósitos que ahora tienen los cotizantes. Para vender estos bonos el gobierno no necesitaría aprobación de la Asamblea, porque la deuda respaldada por los bonos fue aprobada por la Asamblea para venderla a los cotizantes de las pensiones. Es decir, pasar la reforma equivale a autorizar al gobierno a volverse a endeudar por 4 mil millones de dólares sin pasar por la Asamblea. Ese dinero, ese efectivo, se lo habrá expropiado a los cotizantes, que ahora quedarán con una promesa vaga de que un gobierno futuro les pagará sus pensiones.

¿Es esto dejar las cosas como ya están? Las personas que de buena fe creen que nada cambiaría con la reforma propuesta por el gobierno parecen no entender los mecanismos financieros de la expropiación. Ojalá que no los lleguen a entender cuando ya sea tarde para los cotizantes del sistema de pensiones.

Peor todavía es el argumento cuando lo plantean como si una administración anterior ya había expropiado las pensiones. Eso no es cierto. Los cotizantes tienen cuentas individuales en las que ellos ahorran, y esos ahorros están invertidos en varios instrumentos, incluyendo los del gobierno.

La expropiación la quieren hacer ahora para asegurarse el financiamiento de enormes gastos sin sentido en lo que queda de este gobierno. Después de ellos, el diluvio.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 8 de febrero de 2016.