El acuerdo fiscal

El gobierno y el FMLN echaron pie atrás cuando ARENA estableció como condición previa para autorizar los 550 millones en préstamos que se había estado negociando que el FMLN corrigiera el Presupuesto General de la Nación para 2017, que ha sido presentado con un faltante de 800 millones de dólares en sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos ineludibles, en violación directa de la Constitución Política.

También inmediatamente el gobierno y el FMLN comunicaron que ARENA había cortado las negociaciones que ellos habían querido continuar. La verdad es que ARENA está abierta transparentemente a dichas negociaciones con una postura que ha hecho pública, que es la misma que se había estado negociando, pero por supuesto exigiendo que el acuerdo se haga sobre la base de un presupuesto honesto y ajustado con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ya se habían discutido.

El gobierno debe firmar este acuerdo. El pedir explícitamente que debe decirse la verdad no debe ser tomado como una condición adicional. Es obvio que una negociación no puede estar basada en la mentira, y menos todavía si la mentira es de al menos 800 millones de dólares. Si el presupuesto presentado se usara como base de las operaciones del gobierno (que tiene que usarse así) en unos pocos meses se presentaría una crisis peor, porque los gastos no presupuestados tendrían que realizarse porque están basados en leyes de la República: 6,2 millones de devoluciones de renta, 147,1 millones de devoluciones del IVA, 120,2 millones de subsidio de energía eléctrica, 26,3 millones de pensiones IPSFA, 150 millones de amortización de deuda en bonos, y 221 millones de deuda en CIP. Sumando a estas cifras la sobreestimación de ingresos se totalizan 808 millones, y añadiendo otros gastos como los de las elecciones, se llega cerca de 1.000 millones de dólares (cifras revisadas de FUSADES). Al presentarse la necesidad de hacer esas erogaciones, que sería muy rápidamente, el gobierno regresaría diciendo que tiene otra gran crisis de liquidez, y que necesitaría que ARENA autorice otros mil millones de dólares ya para evitar la quiebra del país.

Como esos 1.000 millones no habrían estado en el presupuesto, serían adicionales a los 1.200 que el gobierno está pidiendo ahora. A nadie, y menos al país le conviene entrar en esa cadena de chantajes, porque esa sí es la ruta segura al impago. El verdadero objetivo de los que queremos preservar la integridad fiscal del estado salvadoreño no debe ser evitar el impago inmediato, sino evitar el inmediato y cualquier otro que pueda surgir en el futuro. Si no se controla, la dinámica fiscal de este gobierno llevará inevitablemente a una serie de conatos de impago hasta que un día uno de esos conatos se convertirá en realidad, cuando la pita se haya estirado tanto que tenga que romperse. El propósito de la propuesta de ARENA no es negar la autorización de mayor endeudamiento para pagar las obligaciones del gobierno, sino asegurarse de que realmente se paguen, de que las finanzas públicas se transparenten y de que se pongan bajo control, lo cual evitará que el país caiga en este, o en un futuro impago.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (EE.UU.) el 7 de noviembre de 2016.