EE.UU.: Próximos pasos para la igualdad matrimonial

Trevor Burrus considera que "La pregunta importante en los casos de matrimonio homosexual es si la Corte Suprema hallaría un derecho amplio al matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución. Muchas personas están preguntando si esas decisiones implican que cada estado tendrá que legalizar el matrimonio homosexual".

Por Trevor Burrus

Las decisiones importantes de la Corte Suprema de EE.UU. sobre los casos de matrimonio entre personas del mismo sexo son una victoria importante en la lucha por la igualdad matrimonial. Los estados se están moviendo con una velocidad sorprendente e inspiradora para legalizar el matrimonio homosexual a través del proceso democrático, y las opiniones de la corte solamente agregarán más impulso a este ímpetu.

Pero el matrimonio homosexual podría volver a la corte más rápido de lo que se imagina.

Los partidarios de la igualdad matrimonial deben continuar luchando para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados.

La pregunta importante en los casos de matrimonio homosexual es si la Corte Suprema hallaría un derecho amplio al matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución. Muchas personas están preguntando si esas decisiones implican que cada estado tendrá que legalizar el matrimonio homosexual.

Hablando estrictamente, la respuesta es que no. Pero todavía es una pregunta con respuesta pendiente y lo será por algún tiempo antes de que sea contestada completamente.

La decisión importante es EE.UU. vs. Windsor, que derogó la Sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés). Firmada por el presidente Clinton en 1996, la Sección 3 de la DOMA definía en la ley federal al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Legalmente casados, las parejas del mismo sexo en estados que permiten el matrimonio homosexual no obtenían el reconocimiento del gobierno federal, incluyendo —para nombrar solo unas cosas— beneficios tributarios, beneficios hereditarios, así como también beneficios menos conocidos, como poder ser enterrado al lado de su pareja en un cementerio para veteranos de guerra.

Como era de esperar, la opinión de la mayoría vino del juez Anthony Kennedy, el voto dirimente en la Corte de cuya decisión dependen tantos asuntos. Como es su tendencia, la opinión del juez Kennedy está profundamente fundamentada en el federalismo. Nuestro sistema constitucional contiene “soberanos duales” —los estados y el gobierno federal— que tienen jurisdicción sobre áreas distintas. Nadie cuestiona que los estados tradicionalmente han tenido jurisdicción sobre la legislación familiar.

Debido al papel tradicional de los estados en la legislación familiar, el gobierno federal se entromete en el rol cuando pasan leyes como DOMA. DOMA identifica a las parejas que algunos estados han decidido considerar con igual dignidad y las trata de manera desigual, siendo así inconstitucional.

Pero ese argumento solo fue parte de la opinión del juez Kennedy. Podría haberse detenido allí, manteniendo la decisión restringida al federalismo y dejando claro que, mientras que la Constitución no requiere el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, si requiere que el gobierno federal respete las definiciones estatales del matrimonio. Pero Kennedy fue más allá, diciendo que la distinción de la DOMA entre parejas homosexuales y heterosexuales “degrada a la pareja”, “humilla” a sus niños e “impone una discapacidad sobre esa clase”. Tal lenguaje provoca la pregunta de si las prohibiciones estatales al matrimonio entre personas del mismo sexo están a punto de ser eliminadas.

La decisión de Kennedy es una mezcla de argumentos relacionados al federalismo y otros relacionados a la igualdad de protección ante la ley. Los argumentos que tienen que ver con el federalismo aplican solamente al gobierno federal, a leyes como la DOMA. Los argumentos de igualdad de protección ante la ley —particularmente el argumento de Kennedy de que negar el matrimonio entre personas del mismo sexo es una forma inconstitucional de intolerancia— se aplican a todos los estados.

Empezando ahora, los casos serán entablados por demandantes en todos los estados que todavía prohíben el matrimonio homosexual. Ellos argumentarán que los argumentos de igualdad de protección de Kennedy en EE.UU. vs. Windsor se aplican a sus legisladores estatales, quienes solamente están negando la igualdad matrimonial debido a un simple y llano deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular. Algunos jueces estarán de acuerdo; otros no, y la Corte Suprema tendrá que rectificar el desacuerdo.

Si es que y cuando ese día llegue, lo mejor que los partidarios de la igualdad matrimonial pueden hacer es presionar para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados mediante el proceso democrático. La Corte Suprema se pone comprensiblemente nerviosa cuando se le pide producir una “solución para los 50 estados”, esto es, una decisión que derogue leyes en cada estado. Los jueces están menos preocupados, sin embargo, cuando una decisión se aplica a una cantidad menor de estados que no acatan la norma. Cuando la Corte Suprema determinó que las prohibiciones al matrimonio interracial eran inconstitucionales, en el caso de 1967 Loving vs. Virginia, solamente quedaban 16 estados que prohibían el matrimonio interracial. Generalmente es mejor si la Corte Suprema va detrás de una tendencia establecida que si esta lidera una tendencia nueva.

La igualdad matrimonial obtiene dignidad y respeto para una clase de ciudadanos que desde hace mucho ha sido privada de uno de los eventos más definitivos de la vida. Aún así, si todo permanece igual, es mejor y más legítimo establecer la igualdad matrimonial mediante el proceso democrático que a través de las cortes. La Corte Suprema le dio un espaldarazo a la igualdad matrimonial, pero la lucha está lejos de haber terminado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Huffington Post (EE.UU.) el 28 de junio de 2013.