Drogas: Una guerra injusta

Hace un cuarto de siglo, el presidente Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Lo critiqué en mi columna de la revista Newsweek del 1 de mayo de 1972, “Prohibición y drogas”: “¿Acaso tenemos el derecho a utilizar la maquinaria gubernamental para impedir que un individuo se haga adicto al licor o a las drogas? Si se tratara de niños, casi todos contestáramos afirmativamente, pero al tratarse de adultos, mi respuesta es que no. Razonemos con ellos, advirtiendo las consecuencias. Oremos con ellos y por ellos. Pero, no tenemos el derecho a usar la fuerza directa ni indirectamente para prevenir que alguien se suicide y mucho menos que consuma licor o drogas”.

Esa falla ética básica inevitablemente ha generado males específicos en los últimos 25 años, igual a lo que antes sucedió bajo la Ley Seca.

• Uso de soplones. No se necesitan soplones en casos de robos o asesinatos porque las víctimas los denuncian. En el narcotráfico, el delito consiste en una transacción hecha de mutuo acuerdo y ninguna de las partes está motivada a reportarla, sino todo lo contrario, quieren que no se sepa. Por eso se requieren soplones, lo cual unido a las inmensas sumas involucradas genera corrupción, inevitablemente, igual como sucedía durante la Ley Seca. También conduce a la violación de los derechos civiles de la gente, incluyendo prácticas policiales vergonzosas. Con tanto dinero de por medio, los narcotraficantes no son los únicos corrompidos y tanto policías que ganan sueldos bajos como otros funcionarios mejor pagados caen en la tentación.
• Cárceles llenas. En 1970 habían 200.000 en prisión. Hoy son 1,6 millones. Además de 2,3 millones en libertad bajo fianza o provisional. El intento de prohibir las drogas es la mayor causa del aumento del número de presos. Y no hay luz al final del túnel. ¿Cuántos otros ciudadanos se volverán delincuentes antes que gritemos “basta”?
• Número desproporcionado de negros en las cárceles. Mientras en las cárceles de Sudáfrica, antes de Mandela, habían 729 negros presos por cada 100.000 habitantes de esa raza, en EE.UU. hay 3.109 negros presos por cada 100.000 estadounidenses de color. Increíble: en la tierra de la Declaración de Derechos encarcelamos a cuatro veces más ciudadanos negros que el único país en el mundo que ejercía la horrible política de “apartheid”.
• Destrucción de los barrios. La prohibición de las drogas ha sido uno de los más importantes factores en la destrucción de los barrios pobres de nuestras ciudades. Esos barrios gozan de ventajas comparativas en el negocio de las drogas: aunque la mayoría de los compradores no viven allí, la mayoría de los vendedores sí. Los jóvenes ven con envidia la riqueza de los involucrados en la venta de drogas y comparan lo que estos ganan con el fruto del estudio y el trabajo normal. Y pronto se acostumbran a los disparos entre grupos competidores. Las balas y los asesinatos provienen de la ilegalidad del comercio y, al igual que cuando la Ley Seca, surgen los Al Capone.
• Aumentando el daño a los adictos. La prohibición hace exorbitante el precio de las drogas e impredecible su pureza. Los adictos tienen que entrar en contacto con delincuentes para poder adquirir la droga y muchos se vuelven delincuentes para poder financiar el hábito. Las inyectadoras son difíciles de conseguir, por lo que son intercambiadas, produciendo el contagio de enfermedades. Los adictos que buscan tratamiento tienen que confesar que son delincuentes y los profesionales que los tratan se convierten en soplones o en delincuentes también.
• Inmenso sufrimiento. El Departamento de Salud informa que dos terceras parte de los pacientes terminales de cáncer no reciben dosis adecuadas de calmantes. Evidentemente que ese es el resultado de la presión de la DEA para que los médicos no prescriban narcóticos.
• Daño a otros países. Nuestra política antidrogas ha provocado miles de muertes y pérdidas fabulosas en Colombia, Perú y México, desestabilizando a sus gobiernos. Todo porque no podemos hacer cumplir las leyes en nuestro propio país. Si lo lográramos, no existiría un mercado de importación. No existiría el cartel de Cali. Países extranjeros no sufrirían la pérdida de su soberanía al aceptar que nuestros “asesores” y militares operen en su tierra, detengan a sus barcos y derrumben sus aviones. Podrían manejar sus asuntos, mientras que nosotros dejaríamos de desviar a nuestras fuerzas armadas de su debida función.

Por más bien intencionada que sea, ¿acaso puede una política ser moral si conduce a la corrupción generalizada, encarcela a tantos, tiene resultados racistas, destruye nuestros barrios pobres, hace estragos entre la gente débil y acarrea muerte y desintegración en naciones amigas? 

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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