Dos perspectivas sobre el legado

El Gobierno —y en particular la Presidenta Michelle Bachelet— se han esforzado en estas últimas semanas por instaurar el concepto del legado. Este legado consistiría en que las reformas realizadas por su administración tendrían a futuro efectos beneficiosos, supuestamente, para la ciudadanía.

Aún más, señaló que lo hecho hasta ahora ha sido tan fructífero que, según su particular forma de ver las cosas, esta administración sería más exitosa que la del ex Presidente Sebastián Piñera, que en busca de un nuevo período presidencial, lidera hoy las encuestas. Probablemente es ese mismo estado de ánimo el que la lleva, cuando ya su mandato está por expirar, a acelerar el paso de sus reformas. Ha indicado que en el corto plazo propondrá —nada menos— que un proyecto de reforma constitucional.

Es difícil conciliar esta excesiva benevolencia en la autovaloración de sus logros, con la opinión que una gran parte de la ciudadanía tiene sobre su gestión.

Lo que los chilenos han visto durante los últimos cuatro años es que sus posibilidades de progreso se han ido esfumando. Donde antes el dinamismo del empleo daba seguridad a los trabajadores de que podían, aspirando a algo mejor, cambiar de trabajo, hoy el estancamiento les genera desasosiego. ¿Si pierdo mi empleo, podré encontrar algo siquiera equivalente?, esta pregunta es, actualmente, el mal sueño de muchos compatriotas. Los jóvenes que terminan su educación superior, muchos de ellos como primera generación en sus familias, no visualizan con la certeza de antaño una carrera profesional promisoria. Son muchos los que no tienen claro cómo lograrán forjarse una mejor posición en la vida.

Las cifras económicas parecen estériles y frías. Pero lo que trasmiten, en el fondo, son realidades humanas como las descritas. El empleo asalariado privado ha crecido en menos de 100 mil puestos en este Gobierno, cuando lo hizo en más de 600 mil en el anterior. La inversión también ha caído, de forma consecutiva, durante los últimos cuatro años. El crecimiento económico durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet alcanzará solo un 1,8% promedio, y este año será de un magro 1,5%. Es el peor resultado del país en décadas y ha estado sistemáticamente por debajo del promedio mundial. Un país que quiere asegurar el salto al desarrollo, no lo podrá lograr nunca por esta vía. La convicción que teníamos, hace pocos años de estar a las puertas de ser un país desarrollado hoy ya no existe y con ella desaparecen las consecuentes mejores perspectivas para las grandes mayorías. Deberá hacerse un nuevo esfuerzo para lograr poner al país en esa posición nuevamente, tarea que ojalá asuma el gobierno que viene.

Estos aparentemente fríos indicadores económicos de la actual gestión también tienen consecuencias en otras dimensiones. Se argumenta que el crecimiento no es tan relevante si no va acompañado de una mayor igualdad y participación de los más postergados. Sin embargo, innumerables experimentos políticos de vertientes ya sea populistas o totalitarias, tanto durante el siglo pasado como también del actual, han demostrado hasta la saciedad que sin crecimiento no hay progreso, en especial para los menos afortunados, como es el caso de Venezuela. Chile, por su parte, es un excelente ejemplo de cómo la gran mayoría se vio beneficiada a través del progreso acelerado que tuvo hasta hace poco. Ello fue así, no solo en acceso a bienes materiales antes vistos como imposibles, sino también en mayores y mejores expectativas y calidad de vida.

Pero la Presidenta en más de una oportunidad ha insinuado que el crecimiento no es una verdadera prioridad para ella y sus actos así lo demuestran. En una reciente aparición pública indicó, para relativizar su importancia, que éste era un concepto en construcción. Ello, aparentemente, como un contrapunto a las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos en las cuales resaltaba que el país debía priorizarlo.

No es de extrañar que asevere lo anterior. De otra forma no podría —frente a la realidad concreta del magro desempeño económico de su gobierno— seguir insistiendo sobre la relevancia de su legado. Es importante visualizar la perspectiva que la inspira. La que por cierto, no es tan difícil imaginar. Es la misma que en distintas variantes justificó y justifica concentrar el poder en una élite en los totalitarismos comunistas, o expropiar la supuesta renta de los capitales para dilapidarla en ejercicios populistas. La economía de mercado, con su énfasis en los acuerdos voluntarios, no sería confiable. Sería necesario, aún a costa de un sacrificio supuestamente temporal, cambiar la estructura de poder para erradicar sus defectos.

Probablemente, el ambiente de la burocracia de Naciones Unidas, donde residió la Presidenta entre uno y otro mandato, le dio impulso a esa visión. No olvidemos que, en ese período posterior a la crisis financiera mundial del 2008, reaparecieran los agoreros que pronosticaban una crisis terminal del capitalismo.

La realidad es que el sistema financiero y el avance de la civilización están íntimamente relacionados. Han existido incontables crisis financieras y todas se han finalmente superado. Ya en los albores de la civilización, en el cercano Oriente hace más de 5000 años, no faltaron reyes que anularon todos los contratos de deuda para superar lo que estimaron una crisis. Hoy la economía mundial se recupera y la esperanza de algunos sobre un colapso final quedó atrás. Existen situaciones complejas de resolver como desmantelar las cuantiosas posiciones en activos financieros que los principales bancos centrales acumularon en estos años. Pero la evolución de los mercados muestra que existe confianza en que ello se logrará de buena forma.

Desafortunadamente mientras el mundo sale adelante, el país corre el riesgo de quedarse entrampado en un legado cuyo origen reside en un diagnóstico equivocado. Se puede observar cómo el actual Gobierno se ha esforzado en cambiar las estructuras de poder propias de las economías de mercado. Los cambios tributarios pretenden quitarles recursos a los emprendedores —motor del progreso— para ponerlos a disposición de los políticos. Y ello no es solo un problema de tasas sino también de facultades y procedimientos. En términos futbolísticos, un contribuyente tiene las mismas dificultades para defenderse de la autoridad que un equipo chileno jugando en la altura de La Paz con el Presidente Morales de árbitro.

Lo que realmente le importa al Gobierno en educación no es la calidad de la enseñanza sino respaldar a movimientos universitarios beligerantes y dar preponderancia a la burocracia sobre calidad y libre elección. Esto queda nuevamente demostrado con un presupuesto que avanza en la supuesta gratuidad más allá del 50% a costa de la subvención de la educación básica y media. Que la reforma laboral busca por su parte, consolidar el monopolio sindical, lo ratifican las veladas amenazas de algunos dirigentes frente a la propuesta de dar vigencia y libertad a los grupos negociadores.

Los trascendidos sobre otorgar cupos asegurados de representación legislativa en la próxima propuesta de reforma constitucional, tienen esa misma lógica de poder. Es más fácil manipular grupos cerrados y de vaga definición, que enfrentar los votos en un proceso abierto.

Desde la perspectiva real y concreta del bienestar, el legado de la actual administración deja mucho que desear. Queda por delante una dura y compleja tarea pendiente para corregir el rumbo y dirigir de nuevo al país hacia el progreso acelerado. Efectivamente han avanzado en su objetivo quienes creyeron ver por fin, después de 2008, el término del capitalismo y con ello la oportunidad de cambiar la estructura de la sociedad desde la cúpula de poder. La desgracia es que ese legado será una barrera más a superar si el país quiere retomar su progreso para beneficio de todos. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Mercurio (Chile) el 31 de octubre de 2017.