Dos maneras de enriquecerse

Los individuos, las personas dentro de la sociedad, tienen dos formas de incrementar sus ingresos: a través de la cooperación voluntaria por medio de la producción y el comercio, o afectando la riqueza generada por otros. Si se pudiera resumir el accionar humano en dos grupos están, primero, los que con su esfuerzo tratan diariamente de poder beneficiar a sus congéneres por medio de la participación en actividades que, sin ningún tipo de privilegios ni de coerción, son realizadas con el fin de mejorar el bienestar de los demás a cambio de una remuneración. Esa es la forma fundamental como la humanidad ha podido prosperar y obtener el nivel de vida que con tanto esfuerzo ha podido lograr hasta la actualidad.

En cambio, existe otro grupo de individuos que, en el proceso de adquisición de sus ingresos, disminuyen la riqueza de otros miembros de la sociedad. Desde tiempos inmemorables, personas con ventajas en el uso de la fuerza y la extorsión han podido beneficiarse con los ingresos de otros miembros de la sociedad. Modernamente, los mismos gobiernos destinados a salvaguardar la propiedad de todos, facilitan transferencias hacia ese segundo grupo, muchas veces sin proponérselo. Es decir, existen políticas públicas que, aún siendo muy bien intencionadas, se traducen en transferencias de riquezas amparadas en legislaciones. Estas transferencias se producen, entre otras formas, como subsidios, exenciones, exoneraciones, o regulaciones que protegen contra la competencia.

Estos privilegios adquieren un matiz de legitimización porque provienen de la autoridad del gobierno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las legislaciones –o las medidas administrativas (o la inacción)– pueden propiciar un orden institucional que conduzca a crear riqueza, o lo contrario, que reduzca el ritmo de creación de las mismas. Cuando las legislaciones fomentan la obtención de ingresos previamente generados por otros, o perjudican a otros miembros de la sociedad, entonces se impulsa un orden institucional que no es conducente a generar prosperidad. Esto se lleva a efecto independientemente de que algunos miembros de la sociedad incrementen sus ingresos.

Efectos negativos que limitan la prosperidad

En sentido general, en cualquier sociedad del mundo, cuando se exonera del pago de impuestos a ciertos grupos, el resto tiene que compensar al Estado por la disminución en las recaudaciones que se produce. Es decir, lo que unos dejan de pagar en impuestos otros deben pagarlos si la meta de recaudaciones del gobierno se mantiene igual. En un ambiente de constante incremento en el gasto público, como es el caso dominicano, lo anterior es particularmente relevante. En consecuencia, los beneficios destinados a determinados segmentos de la sociedad terminan perjudicando al resto de los contribuyentes, ya que estos acaban transfiriendo parte de su riqueza al Estado para mantener los beneficios del primer grupo.

El mismo razonamiento aplica para la implementación de subsidios en general sobre servicios o bienes, como podría ser, a manera de ejemplo, el caso de la energía eléctrica o de los combustibles. En ambas situaciones, mantener precios diferenciados para algunos implica que otros tienen que pagar más. La pérdida de riqueza se genera por la vía de mayores precios y/o por impuestos que deben ser pagados para poder mantener el subsidio o, si es el caso —en el país que sea—, para cubrir las exenciones de quienes son beneficiados con las mismas.

La dinámica de transferencia anterior se traduce en menos riquezas que pudieron haber tenido un uso alternativo mejor. Los dueños de las riquezas transferidas en forma de mayores impuestos, por ejemplo, pudieron haber empleado los recursos que está empleando el grupo beneficiado. Los recursos con que cuenta una sociedad son escasos, por tanto, si el capital y el talento humano no es empleado en su mejor uso alternativo, la economía no alcanza su potencial. Cuando alguien emplea los recursos en un proceso que solo se sostiene porque está siendo subsidiado, la sociedad como un todo tienen una pérdida. El mejor uso alternativo de los recursos escasos solo se logra por medio de un proceso en que cada quien pueda, de forma libre y voluntaria, interactuar y cooperar con otros miembros de la sociedad, al amparo de las leyes que protegen la vida, los derechos de propiedad y los contratos.1

Otra forma de enfocar la transferencia de riquezas de un grupo a otro reside en el orden institucional y en el imperio de la ley. La autoridad gubernamental tiene como fin fundamental la seguridad de los ciudadanos, la protección de los derechos de propiedad, y garantizar un clima de paz y estabilidad.2 Los cambios en legislaciones, la introducción de elementos que permiten el incremento de ingresos de algunos grupos, alteran la estabilidad; y, por supuesto, interfieren con el proceso normal de creación de riqueza de la sociedad.

Una causa de inestabilidad en el imperio de la ley se produce cuando la legislación de un país es modificada para permitir que algún grupo pueda contar con protección que limite la participación en su mercado. Lo mismo ocurre cuando la legislación fiscal es modificada como consecuencia del otorgamiento de beneficios particulares, o para recuperar la caída en las recaudaciones proveniente de exenciones o exoneraciones. Modificaciones de este tipo alteran un elemento clave para la toma de decisiones de los emprendedores: el horizonte temporal de las inversiones.

Las economías más prósperas tienen un elemento común en este sentido, permiten un horizonte temporal más largo, ya que ofrecen reglas del juego que proporcionan seguridad y estabilidad. Cuando un empresario puede prever que no se producirán cambios significativos en una economía, tendrá una mayor propensión a invertir por más tiempo sus recursos escasos. Las actividades que mayor valor crean y mayor cantidad de empleos generan suelen ser aquellas que necesitan grandes inversiones. Las grandes inversiones demandan un periodo de tiempo para ser recuperadas, por lo que es necesario que los emprendedores tengan un horizonte de tiempo estable que les permita la recuperación del capital invertido, así como la reinversión de sus ganancias en nuevos y/o mejores procesos productivos.

La instabilidad que ocasionan los cambios en las reglas de juego, y la falta de seguridad en la aplicación de las mismas para todos, también encarecen hacer negocios en el país por el mayor riesgo que generan. Las demandas de retorno de cualquier inversionista, relacionadas con el riesgo, son mayores en un país inestable. La cantidad de fondos prestables se torna menor, y el costo los mismos es mayor en estos ambientes. Es decir, el los recursos para financiamiento resultan escasos y más caros. En consecuencia, el costo de financiar cualquier actividad, por mínima que sea, aumenta debido a la falta de un orden estable y equitativo desde el punto de vista jurídico-institucional.

Conclusión

El análisis anterior implica que es necesario ponderar las consecuencias de las políticas públicas sobre todos los miembros de la economía. De igual forma, ha señalado efectos económicos que tienen una incidencia negativa sobre la sociedad como un todo. Es decir, ha tratado de indicar efectos que, si son ponderados adecuadamente, evidencian pérdidas netas para toda la economía. El tipo de políticas públicas que entran dentro de este análisis contrastan con el proceso normal de creación de riqueza, el cual se lleva a cabo mediante la cooperación voluntaria a través de la producción y el comercio.

Esta cooperación entre individuos busca satisfacer las necesidades de los demás miembros de la sociedad. Cuando este proceso se efectúa en un ambiente de competencia, sin distorsiones introducidas por políticas públicas desfavorables, se crea bienestar y empleos, y las personas prosperan. La naturaleza de los seres humanos es a cooperar de forma voluntaria y pacífica, siempre que las condiciones en su entorno favorezcan esa actitud. Las sociedades más prósperas del mundo lograron alcanzar sus niveles de bienestar bajo un ambiente que permitió a sus ciudadanos progresar de formar sana, ofreciendo los mejores bienes y servicios posibles al resto de los miembros de sus sociedades y del mundo.

El fin de los gobiernos es garantizar un clima que conduzca a la creación de bienestar, tanto material como no material, para sus habitantes. Esto se logra, esencialmente, mediante el mantenimiento de un ambiente institucional que favorezca el clima de negocios y promueva la certidumbre legal. Cuando las políticas públicas no se dirigen en esa dirección se genera un ambiente que no es conducente al mejor aprovechamiento de los recursos escasos. ¿Qué debe hacerse en esa circunstancia? Cambiar el rumbo de las políticas públicas e implementar reformas estructurales que generen un ambiente de bajos costos y certidumbre, y que permita la competencia. Así se lograría un clima propicio al emprendimiento y las inversiones; y, en consecuencia, se generarían más empleos productivos y mayores ingresos, para todos.

Este artículo fue publicado originalmente en CREES (República Dominicana) el 7 de agosto de 2014.

Referencias:

1. Christopher Coyne y Lotta Moberg ofrecen una explicación sobre el impacto de las exenciones en un artículo reciente: "The political economy of state-provided targeted benefits". Working paper No. 14-13. Mercatus Ceneter, George Mason University.

2. La paz y la estabilidad pueden ser consideradas como formas inmateriales de riqueza, que se complementan con otras formas materiales y no materiales de la misma. Bruce Benson aborada esta idea y ofrece un análisis interesante sobre las funciones de los estados y sobre el surgimiento de los mismos en: Benson, Bruce L. “An Economic Theory of the Evolution of Governance and the Emergence of the State”, Review of Austrian Economics, 12 (1999).