Dinámica demográfica y la destrucción

El próximo 29 de octubre se conmemora (en su acepción de recordar un evento triste) aquel día de hace cuatro años cuando Andrés M. López, siendo presidente electo anunció que, con base en una encuesta ilegal y amañada, el pueblo bueno y sabio había considerado que era conveniente cancelar el aeropuerto en Texcoco y ampliar en su lugar la base aérea militar en Santa Lucía. En consecuencia, y dado que “el pueblo nunca se equivoca”, no le quedaba de otra más que cumplir con su mandato. Con ese anuncio inició un proceso de destrucción que continúa y que en los siguientes dos años se profundizará con un costo inconmensurable.

En el artículo de la semana pasada apunté que la población está en un proceso paulatino e irreversible de envejecimiento como resultado de la menor tasa de fertilidad (el año pasado fue de 2,08, ligeramente inferior a la tasa de remplazo requerida para mantener la población constante que es de 2,10) junto con la mayor esperanza de vida que es de 71 años (nótese que cayó cuatro años entre 2018 y 2022 debido a la destrucción del sistema de salud pública que dejó a 15 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud, el desmantelamiento de los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos y el pésimo manejo de la pandemia de Covid).

Así, se proyecta que para el año 2050 la población de hasta 15 años de edad representen sólo el 15% del total mientras que los de 65 años y más represente el 40 por ciento. Más aún, la dinámica demográfica apunta a que el bono demográfico está por finalizar por el índice de dependencia empezará a aumentar.

Es por esta dinámica demográfica que si la economía no empieza a crecer a tasas elevadas y sostenidas, México se encamina a ser un país de viejos pobres. Y es aquí en donde hay que situar el tsunami de destrucción que el presidente López ha causado porque lo que ha hecho en diferentes ámbitos de la política pública derivan cada uno por sí mismo y todos ellos en su conjunto en una destrucción, valga la redundancia, del potencial de crecimiento de la economía. Destaco, por la restricción de espacio, tres aspectos de esta destrucción.

Primero y sin duda la más importante es la destrucción institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y la menor certeza jurídica. Quizás al presidente no le importa eso de que “la ley es la ley” (y para muestra están las violaciones al T-MEC en materia de energía eléctrica), pero a los agentes privados es obvio que sí les importa y la consecuencia de esa pérdida de certeza jurídica ha sido una caída de la inversión. Así, la evolución de la Inversión Fija Bruta muestra que ésta registró su último pico en julio de 2018 (que coincidentemente es cuando López ganó las elecciones). El último dato (julio de 2022) muestra que la IFB se encuentra en un nivel similar al de mayo de 2011 y es 3,3% inferior al último pico referido. Es obvio que sin inversión no puede haber crecimiento futuro ni la posibilidad de generar un flujo creciente de ingreso que evite que haya cada vez más viejos pobres.

Segundo es la crisis fiscal que se avecina. El gobierno presume que la deuda pública no ha aumentado, lo cual es falso; a junio de este año el saldo de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 13,5 billones de pesos, un incremento de 25% respecto del cierre de 2018. Es importante señalar que estos no han aumentado más porque el gobierno decidió utilizar los recursos que había en diferentes fondos, destacando el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Hacia futuro ya no habrá tales ahorros y sí un grave problema de finanzas públicas y presiones de endeudamiento por el crecimiento acelerado que tendrá el rubro de pensiones; sin una reforma tributaria no habrá manera de fondearlas ni tampoco seguir sufragando los diferentes programas “sociales” creados por el presidente, además de educación, salud, seguridad, etcétera.

Tercero, la destrucción del sistema educativo nacional. De por si la calidad del servicio educativo ha sido históricamente muy baja, pero a partir de que el presidente canceló la reforma educativa de 2013 esta ha caído. Peor aún, el presidente quiere una educación ideologizada y “humanista”, aunque los egresados sean analfabetos funcionales. Sin capital humano de alta calidad crecer es más difícil, notoriamente más caro y asegura una población que tendrá una baja productividad y bajos salarios; pobre.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 10 de octubre de 2022.