Despenalizar la marihuana es lo conservador

El pasado jueves, el Partido Conservador anunció que impondría un voto en bancada contra el proyecto que busca regular el uso adulto de la marihuana. En buena medida, la decisión condujo a que se aplazara el voto en la plenaria del Senado por falta de apoyo parlamentario. Si se hunde la iniciativa el próximo martes, resultaría irónico que fuera, en parte, porque la bancada conservadora les impidió a sus miembros votar en libertad.

Al fin y al cabo, aprobar el Acto Legislativo—como pretendían hacer dos o tres senadores del partido— implicaría el comienzo del fin de la guerra contra las drogas en Colombia. Y fue Álvaro Gómez Hurtado, el más insigne líder conservador de la segunda mitad del siglo XX, quien advirtió en 1976 que, al luchar contra la producción de narcóticos con una fuertísima demanda en Estados Unidos, los colombianos estábamos “librando una batalla perdida de antemano”.

En su célebre editorial, Álvaro Gómez argumentó que los seis millones de dólares “donados” por parte de Estados Unidos para combatir al narcotráfico—una transferencia precursora al Plan Colombia— no bastaba “para establecer, ni remotamente, un equilibrio entre la potencia económica del delito internacional (…) y nuestra capacidad defensiva”. Ante el brutal surgimiento de la mafia narcotraficante en el territorio nacional, era evidente que “la prohibición de las drogas no es sino una fachada jurídica” que disimula la realidad, escribió.

No fue una posición fugaz. Como relata Juan Gabriel Uribe Vegalara en su libro Una visión del siglo XX: De Laureano a Álvaro Gómez, en medio de la campaña presidencial de 1990, Gómez insistía “en que el problema del narcotráfico se derivaba de la inmensa liquidez” que producía la demanda, y “aseguraba que ‘el negocio está en la prohibición’”. Gómez también aseveró que el problema de las drogas no requería un enfoque bilateral entre Colombia y Estados Unidos, sino una instancia multilateral que incluyera a “todos los afectados del mundo”.

En 1995, en la cátedra contra el “régimen” que dictó meses antes de su asesinato, Gómez se refirió al aumento global del consumo y concluyó que “hay que replantear la política antidroga”. “Si la droga se legalizara en el mundo y su precio bajara”, afirmó, “si, por lo tanto, dejara de ser uno de los negocios más prósperos de la tierra, sufrirían, claro, todos los que comercian con droga, cuya mayoría está seguramente en el territorio de los Estados Unidos”. Su tesis demostraba una sólida comprensión de la economía del narcotráfico. En palabras del economista Milton Friedman, “si se observa la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del Estado es el de proteger a los carteles”.

Tras el magnicidio de Álvaro Gómez, su hermano, el Senador Enrique Gómez Hurtado, mantuvo la crítica perspicaz de la prohibición de la droga desde el punto de vista conservador. De hecho, el profesor Juan Gabriel Tokatlian escribe—con algo de sorpresa— que, durante los años 90, cuando varios periodistas, intelectuales y académicos de izquierda defendieron la legalización, “incluso ciertos políticos, particularmente conservadores (énfasis mío) como Enrique Gómez Hurtado y Mario Laserna, opinaban a favor de esa alternativa. Sin embargo, el Presidente César Gaviria no estaba interesado en estimular el debate”. No fue la primera vez —ni la última— en que algunos conservadores resultaron ser más liberales —en el sentido clásico de la palabra— que los miembros del Partido Liberal.

En 2006, Enrique Gómez Hurtado publicó un libro titulado La tragedia de la droga: Perspectiva de una solución. En sus páginas cuestiona, “con fundamentos en los resultados alcanzados, la capacidad del Estado para reprimir el narcotráfico”. También propone despenalizar el consumo personal ya que la opción “tiene muchos argumentos a su favor”, en especial “que más daño hace la pena que el delito”. En 2011, Enrique Gómez Hurtado participó en una conferencia en el Cato Institute de Washington (donde yo trabajo) que impulsó el fin de la guerra contra las drogas. “El valor agregado de las drogas lo produce la prohibición”, afirmó, “y con ese valor agregado se corrompe todo, se estimula un nivel de violencia y crueldad previamente desconocido”.

Más recientemente, en 2014, defendí la legalización de la droga como candidato conservador a la Cámara por Bogotá y fórmula del entonces Senador Juan Mario Laserna, cuyo padre, Mario Laserna, expuso tesis similares en los 90. La tradición conservadora que se opone a la prohibición de las drogas no se limita, por supuesto, a Colombia. En Estados Unidos, William F. Buckley, fundador de la influyente revista National Review y padre intelectual del movimiento conservador que condujo a la elección de Ronald Reagan, escribió en 1996 que “la guerra contra las drogas ha fracasado” ya que, aparte desperdiciar enormes cantidades de recursos, alienta “los procedimientos civiles, judiciales y penales de un estado policial”.

Un conservador, afirmó Buckley en 1995, debe “evaluar la practicidad de una restricción legal”. Cuando una prohibición resulta impracticable, la ley no es más que el papel en el que se imprime. Por ende, la guerra contra las drogas “no funcionaría sin un cambio en la estructura de los derechos civiles a los que estamos acostumbrados y a los que nos aferramos como parte valiosa de nuestro patrimonio”. Es decir, conservar unas libertades civiles de antiguo origen, cuyo germen se encuentra en la Carta Magna y en la tradición parlamentaria de la Inglaterra medieval, requiere deshacerse de la mucho más reciente política de prohibir el consumo de ciertos estupefacientes.

En 2008 y 2012, al competir en las elecciones primarias del Partido Republicano, el entonces representante a la Cámara Ron Paul propuso dar fin a la guerra contra las drogas dadas sus devastadoras consecuencias para las comunidades más pobres. En el 2021, Nancy Mace, congresista republicana, introdujo un proyecto de ley para despenalizar el uso de la marihuana a nivel federal, un paso lógico dado que cerca de la mitad de los estados ya aprobaron su uso recreativo y 38 permiten el uso medicinal.

La posibilidad del fin de la prohibición federal de la marihuana en Estados Unidos ya no es remota, lo cual permite imaginar un futuro en que terceros países puedan exportar legalmente sus productos de cannabis al potente mercado estadounidense. Esto hace que la posición prohibicionista en Colombia sea aún más endeble. Al final de los 1970, cuando Álvaro Gómez emitía sus acertadas advertencias acerca de la prohibición de la droga, dos tercios de la marihuana consumida en Estados Unidos provenía de Colombia, según la revista Time. Hoy existe la posibilidad de una versión —esta vez legal— de la “bonanza marimbera”. Sin embargo, el surgimiento de una industria legal, pujante y generadora de empleo requiere reformar el laberíntico marco legal colombiano.

Esto es lo que pretende lograr el Acto Legislativo del Representante Juan Carlos Losada, iniciativa que, crucialmente, no proviene del caótico y sombrío gobierno de Gustavo Petro. Razón por la cual el Partido Conservador, que, vergonzosamente, formó parte de la coalición petrista inicial, debería permitirles a sus senadores un voto libre en la sesión del martes.

El principal argumento a favor de la despenalización no es económico, sino moral. Uribe Vegalara resume la posición de Álvaro Gómez: “La intromisión del Estado en la órbita personal determinaba un fracaso de los valores superiores. Si la sociedad es tan débil como para que el Estado deba intervenir para forzar tal o cual conducta, lo que existe —sostenía— es un problema de educación y conciencia”. Especialmente hoy es oportuno recordar que el bienestar de la sociedad no depende del Estado.

En el caso de la guerra contra las drogas, la intervención estatal sólo ha impedido el desarrollo de sociedades libres, pacíficas y prósperas. Como bien entendían Gómez y Buckley, titanes del conservatismo en sus respectivos países, la posición realmente conservadora frente a la droga es despenalizar, limitar el alcance del Estado y mitigar los nocivos efectos del consumo al fortalecer a la sociedad civil.

Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacía (Colombia) el 18 de junio de 2023.