Desarme absurdo
Juan Carlos Hidalgo dice que nadie está proponiendo que todo el mundo ande armado en Costa Rica, sino que se endurezcan los requisitos, regulaciones para la tenencia legal de armas y las penas quienes las portan de manera ilegal.
La administración Alvarado sostiene que la tenencia legal de armas de fuego por parte de individuos es responsable por la mayor parte del crimen que azota al país. ¿Cómo así? Según el ministro de Seguridad, “el mercado negro [de armas] es principalmente alimentado por el mercado lícito”. Por eso el gobierno está empecinado en reducir de tres a uno el número que una persona puede registrar para su portación. Uno esperaría que una aseveración así de contundente viniese respaldada por estadísticas igual de contundentes, pero las autoridades han fracasado en brindarlas.
¿Qué porcentaje de los crímenes se cometen con armas de fuego que están o estuvieron debidamente registradas por individuos? El jerarca de Seguridad ha tratado de confundir a los diputados y a la opinión pública con todo tipo de estadísticas que revolotean sobre esa interrogante, pero no la contestan. En el proceso, ha demostrado que los números no son lo suyo.
Resolver el acertijo no es fácil, puesto que hay tres actores distintos que pueden tener armas de manera legal: el Estado, las empresas privadas de seguridad y los individuos. De ahí que no basta con demostrar que una pistola estuvo registrada, también se debe probar que le pertenecía a una persona física. Por ejemplo, una de las armas utilizadas en el reciente asalto a la sucursal del BAC fue legal, pero se la habían robado al OIJ.
En lugar de contestar esta pregunta, el oficialismo está tratando de enturbiar el debate creando hombres de paja. Por lo tanto, no está de más aclarar que nadie está proponiendo que todo el mundo ande armado. Nadie está planteando eliminar, o siquiera flexibilizar, los requisitos y regulaciones ya existentes sobre la tenencia y portación. Más bien, ProDefensa, una asociación que agrupa a propietarios de armas legales, impulsa un proyecto de ley que endurecería dichos controles y aumentaría las penas para la tenencia ilegal –que ahora son irrisorias–.
Las mismas autoridades admiten que el crimen organizado está detrás de la ola de violencia de los últimos años. De tal forma que es absurdo sostener que los narcos y cacos no estarían haciendo de las suyas sino fuera por armas que en su momento fueron legalmente inscritas por ciudadanos responsables. El peso de la prueba está sobre el ministro de Seguridad. Lo insto a que por este medio responda sin ambigüedades.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 20 de enero de 2019.