Desaceleren la respuesta a una crisis percibida

Repitiendo su petición por un plan de estímulo fiscal el 5 de febrero, el Presidente Obama dijo que “El tiempo para hablar se acabó. El momento de actuar es ahora, porque sabemos que si no actuamos, una mala situación se volverá dramáticamente peor. La crisis podría convertirse en una catástrofe para las familias y empresas alrededor del país”.

Esta es la quinta vez en mi vida adulta que un presidente ha pedido o se le ha concedido autoridad sin precedentes con poca o ninguna supervisión por parte del Congreso. Cada una de las veces anteriores resultó en un desastre.

El primero de estos episodios se dio en agosto de 1964. Luego de un supuesto ataque por parte de barcos de torpedo de Vietnam del norte a dos navíos de guerra de EE.UU. operando en una misión de inteligencia electrónica en el Golfo de Tonkin el 4 de agosto, el Presidente Johnson ordenó un ataque aéreo de EE.UU. al lugar de donde salieron estos barcos vietnamitas. El 5 de agosto, el Presidente Johnson le pidió al Congreso aprobar una resolución “expresando la unidad y determinación de EE.UU. en respaldar la libertad y proteger la paz en Asia del sureste”, con apoyo explícito “a toda acción necesaria para proteger a nuestras Fuerzas Armadas”, aunque repitió previas aseguraciones de que “EE.UU. no busca una guerra más amplia”. El 10 de agosto, luego de menos de nueve horas de debate en el Congreso, este aprobó una resolución conjunta que autorizó al presidente “para dar todos los pasos necesarios, incluyendo el uso de las fuerzas armadas, para asistir a cualquier miembro del Tratado de Defensa Colectiva de Asia del Sureste que solicite asistencia en su defensa de su libertad”, una resolución que fue aprobada en el Congreso sin un solo voto en contra y en el Senado con tan solo dos votos en contra. En ese entonces, el Senador Morse advirtió “Creo que esta resolución es un error histórico”. Como lo fue. En 1967, un comité del Senado descubrió que el centro de comunicaciones navales en las Filipinas había cuestionado si había habido algún ataque a los barcos destructores de EE.UU. el 4 de agosto. Luego de un inmenso número de fatalidades en Vietnam, Camboya, Laos, y 58.000 estadounidenses, la guerra no terminó hasta que los vietnamitas del norte capturaron Saigon en 1975. En contraste con el razonamiento basado en la “teoría de dominó” del gobierno, no había un esparcimiento de comunismo hacia el resto de Asia del Sureste. EE.UU. y el Vietnam ahora unificado tienen relaciones pacíficas y productivas, y EE.UU. ha adquirido otra exótica cocina asiática.

El segundo de estos episodios sucedió el 15 de agosto de 1971 cuando el Presidente Nixon anunció su Nueva Política Económica vía televisión un domingo y mientras el Congreso estaba en su receso de verano. Provocado por una huída del dólar que asustó al Secretario de la Tesorería John Connally y actuando bajo su propia autoridad sin consultarle al Congreso o a las autoridades financieras internacionales, Nixon impuso un sistema comprensivo de controles de salarios y precios de 90 días de duración, un recargo de 10 por ciento a todas las importaciones, y acabó con el sistema de Bretton Woods de comprar y vender oro a un precio fijo de dólares. En el nombre de aumentar el empleo, también le pidió al Congreso aprobar un paquete de medidas presupuestarias, ninguna de las cuales fueron aprobadas. El recargo a las importaciones fue eliminado en diciembre de 1971. Los controles de salarios y precios fueron gradualmente transformados en “guías” por el Presidente Ford y el Presidente Carter. Los continuos controles de precio por sobre la gasolina, sin embargo, derivaron en líneas de espera en las estaciones de servicio hasta que los controles finalmente fueron eliminados como una de las primeras medidas que tomó Reagan en 1981. ¿Cuáles fueron los efectos de la Nueva Política Económica de Nixon? La inflación de precios al consumidor aumentó de 4,4 por ciento en 1971 a 13,5 por ciento en 1980, y el PIB real cayó en 1974, 1975 y 1980. El Congreso debería haber revisado cuidadosamente las medidas importantes que Nixon implementó sin consultarles.

El tercero de estos episodios sucedió a principios de octubre de 2002 cuando el Congreso aprobó la Resolución para la Guerra en Irak, dándole al Presidente George W. Bush casi completa discreción acerca de cuando y cómo iniciaría la guerra en Irak. La resolución citó numerosas condiciones para justificar una guerra con Irak sin mencionar si Irak era una amenaza directa a EE.UU. Esta resolución fue aprobada por una mayoría grande bipartidista en tanto el Congreso como el Senado, incluyendo el respaldo de Joe Biden y Hillary Clinton, y cinco de las enmiendas propuestas para limitar la discreción del Presidente Bush sobre el asunto también fueron rechazadas por una gran mayoría bipartidista. El resultado fue que las fuerzas armadas de EE.UU. iniciaron una guerra en contra de Irak en marzo de 2003. A principios de la guerra, se volvió evidente que Irak no tenía armas de destrucción masiva y tampoco había respaldado a al-Qaeda, así que el argumento para sostener una guerra pasó a basarse en razonamientos nebulosos, tales como crear y preservar la democracia en el Medio Oriente. La experiencia de EE.UU. tanto en Irak y Afganistán mostraron que nuestras fuerzas armadas pueden derrotar casi cualquier gobierno existente rápidamente pero que no tenemos el conocimiento ni la paciencia para ser un poder ocupante exitoso en un ambiente hostil. De cualquier manera, el acuerdo del nuevo estatus de las fuerzas con el gobierno iraquí compromete a las fuerzas armadas estadounidenses a retirarse para fines de 2011, haciendo de la guerra en Irak unas de nuestras guerras más largas con un resultado todavía incierto. Este es otro caso en el cual el Congreso no se tomó el tiempo suficiente para considerar un asunto muy importante, en parte debido al apuro de irse a casa en aras de ser reelegidos nuevamente.

El cuarto de estos episodios sucedió en octubre de 2008 cuando el Congreso aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008, incorporando el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP por su sigla en inglés) que le dio al Secretario de la Tesorería casi completa autoridad sobre cómo gastar $700.000 millones (!) para comprar los activos “en problemas”, principalmente seguridades respaldadas por hipotecas, y para aumentar el capital en determinados bancos. Esta ley se derivó de una propuesta de tres páginas del Secretario de la Tesorería Henry Paulson el 19 de septiembre que, a su vez, fue el resultado de una preocupación de Paulson y el director de la Fed Ben Bernanke de que los préstamos entre los principales bancos de Wall Street había prácticamente cesado luego del colapso de Lehman Bros. La ley propuesta fue expandida a 110 páginas pero fue rechazada en el Congreso el 29 de septiembre. El Senado alargó la ley a 451 páginas, añadiendo alrededor de $150.000 millones de gastos para medidas no relacionadas, y aprobó la ley alargada el 1 de octubre. La ley alargada luego fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente el 3 de octubre, haciendo posible para los miembros del Congreso irse a casa y postularse para sus respectivas reelecciones. El único limitante considerable que el Congreso añadió a la propuesta original de Paulson fue requerir aprobación por parte del Congreso para desembolsar los siguientes $350.000 millones de los gastos autorizados. Resulta que el Secretario Paulson no tenía una idea muy clara de lo que haría con todo este dinero. Originalmente el esperó utilizar gran parte de este para comprar seguridades respaldadas por hipotecas de los bancos. El 14 de octubre, sin embargo, el programa pasó a comprar acciones preferidas y seguros de los nueve bancos más grandes y luego de cientos de bancos más pequeños. Como resultado, este programa fue un fracaso costoso. El 5 de febrero de 2009 un panel del Congreso que supervisa TARP reportó que la Tesorería gastó $254.000 millones en acciones preferidas y seguros que puede que solo hayan valido $176.000 millones. Y para la irritación del gobierno, gran parte de los bancos utilizaron el dinero de la Tesorería para aumentar su ratio de capital en lugar de utilizarlo para aumentar sus préstamos. El gobierno de Obama y el Congreso todavía no han determinado qué hacer con el monto restante de este programa.

El quinto de estos episodios, por supuesto, fue el actual debate en el Congreso acerca del plan de estímulo fiscal de más de $800.000 millones (!) de gasto adicional y reducciones tributarias. Gran parte de los detalles de este plan fueron aparentemente seleccionados por Nancy Pelosi, pero el principio general parece ser el consejo del Jefe de Personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, “Uno nunca quiere que una crisis seria se desperdicie. Y esta crisis provee una oportunidad para que nosotros hagamos cosas que antes no se podían hacer”. El presidente Obama y los demócratas en el Congreso han utilizado esta oportunidad para conseguir la aprobación de políticas que ellos han respaldado por años, envolviéndolas en un paquete y llamando a este el plan de estímulo fiscal. La única coherencia en este plan es política, no si es que es un método efectivo o eficiente de estimular la economía. El Congreso aprobó este plan con poco debate o siquiera un voto republicano el 29 de enero. Un grupo de republicanos moderados negociaron para obtener reducciones tributarias más grandes consistentes con mantener el límite de $800.000 millones sobre la suma de las medidas de gasto y tributarias. Nuevamente, como en los cuatro episodios anteriores, habían muchas razones para no apresurarse a aprobar un programa de tal magnitud. La principal causa de la actual crisis financiera es que muchos bancos no pueden evaluar su propia solvencia o aquella de sus actuales o potenciales competidores, principalmente debido a la dificultad de avaluar seguridades respaldadas por hipotecas y otros derivados complejos, y ni siquiera TARP ni el plan de estímulo fiscal tratan de resolver este problema. Nuestro sistema político, desafortunadamente, está fuertemente sesgado hacia tratar de proteger a las personas en contra de los efecto de una crisis sin tener que lidiar con las causas de la crisis. Al Congreso: Desacelérense. Debieron asegurarse de entender las causas de la crisis financiera y las potenciales soluciones antes de que cargar a sus hijos y nietos con otro trillón de deuda federal. Los pasos que hasta ahora han dado son mejor descritos como abuso fiscal de niños.