Derechos sociales en decadencia

El 10 de diciembre cumple 50 años la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un documento que confirma el poder de los derechos individuales como idea política.

Los derechos individuales contenidos en la Declaración de Independencia y en la Constitución de Estados Unidos han sido el ideal americano por 200 años y ampliamente adoptados en el resto del mundo. El concepto de los derechos individuales se ha convertido en norma internacional y aun los gobiernos que rutinariamente violan los derechos de sus ciudadanos tratan de esconder tales actos, inventando excusas y sosteniendo que sus actos reflejan conceptos que están por encima de los derechos ciudadanos.

Los padres fundadores de Estados Unidos hubieran reconocido los primeros 21 artículos de la declaración de las Naciones Unidas, los cuales proclaman derechos civiles y políticos a la vida, la libertad y propiedad; el debido proceso legal e igualdad ante la ley; libertad de expresión, de prensa y de religión. El resto de los artículos, sin embargo, proclaman derechos a la alimentación, a la vivienda, educación, tratamiento médico, jubilación y hasta vacaciones pagadas. De hecho, las Naciones Unidas mantiene que la gente tiene derecho a un expansivo estado de bienestar.

En muchos países industrializados, el crecimiento económico ha puesto esos bienes y servicios al alcance de la gente. Pero una esperanza o una expectativa no es un derecho.

Los derechos garantizados por nuestra Constitución tienen que ver con la libertad de perseguir nuestros propios objetivos sin interferencia del Estado, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Por lo tanto, mi derecho a la libertad de expresión es mi derecho a no ser censurado ni castigado por decir lo que pienso. Eso no garantiza que tenga algo importante que decir ni que los demás me oirán o que un editor me publicará.

Los "derechos sociales", por el contrario son derechos sobre bienes y no una simple libertad de acción. Son derechos a recibir ciertos bienes, nos los ganemos o no. Y eso significa que alguien tiene obligatoriamente que dárnoslos. Cuando la declaración de la ONU dictamina que tengo derecho a recibir servicio médico, por ejemplo, no significa simplemente que tengo la libertad de contratar al médico, hospital y seguro que quiera, sino que debo recibir servicios de salud pagados por el Estado. Esto quiere decir que los contribuyentes están obligados a sostenerme y los médicos y enfermeras tienen que aceptar tales arreglos.

Los derechos clásicos expresan la idea de la autopropiedad. Reflejan la idea de que las relaciones entre individuos deben ser voluntarias. Los "derechos sociales", por el contrario, reflejan que el Estado es dueño de la gente que trabaja y produce riqueza.

Eso no es una expresión de benevolencia. Por su propia naturaleza, un derecho no es un regalo ni un favor que debe ser agradecido. Los "derechos sociales" son reclamos ejecutables sobre la propiedad de otros. Pero en una sociedad libre y civilizada la gente no es dueña de las otras personas.

El concepto de los "derechos sociales" refleja un papel del gobierno mucho mayor que el previsto por los padres fundadores de la nación. La Corte Suprema todavía no ha reconocido como derecho constitucional a esos llamados derechos sociales.

Hace dos años, el Congreso hizo lo correcto al limitar la caridad pública. Por todo el país se está reduciendo el número de personas que reciben ayuda estatal, sin que aumente la pobreza porque esa misma gente está consiguiendo trabajo. En Florida, el número de recipientes de ayuda social se ha reducido en 47,8%. Pero los programas para los pobres son una pequeña parte del estado de bienestar. Los programas más costosos son Medicare (servicios de salud para los pobres) y el Seguro Social, los cuales imponen altas deducciones de impuestos a los salarios para sostener a los ancianos bajo un programa que va camino a la bancarrota.

Mientras tanto, no hay mucho que celebrar en el 50 aniversario de la declaración de las Naciones Unidas, un intento de vender más estatismo disfrazado de libertad.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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