Defender la libertad

Democracia política y democracia económica son las dos caras de una misma moneda, Si alguna de las dos falta, la libertad individual y la de la sociedad en su conjunto estarían severamente limitadas y no habría, en consecuencia, un íntegro Estado de derecho.

La democracia política va más allá de las elecciones. Como señaló ayer Luis Rubio en su artículo “Democracia a la mexicana” publicado en el periódico Reforma, la democracia “tiene que ver con los derechos ciudadanos, la justicia, la libertad de expresión, los pesos y contrapesos para el ejercicio del poder y los límites al potencial abuso por parte de los gobernantes”.

De esta manera, la democracia política, tanto en lo que se refiere al acceso al poder mediante un sistema de elecciones libres y equitativas como al ejercicio del poder ya habiendo accedido a éste, requiere de un conjunto de reglas claras, transparentes, eficientes, por todos conocidas y con la certeza de que no serán modificadas arbitrariamente desde el poder mismo. Requiere, así mismo, que en el ejercicio del poder, con contrapesos fuertes, este se constriña únicamente a lo que le está permitido en el marco legal, respetando en todo momento las libertades y derechos individuales como son los de asociación, de manifestación de ideas, de pensamiento y religiosa. Esto es parte, solo una parte, de un íntegro Estado de derecho.

La otra parte lo constituye la democracia económica, siendo su pilar básico la definición eficiente, en el marco legal, de los derechos privados de propiedad, reconociendo que todo individuo tiene el derecho a la posesión de recursos y bienes como una extensión del derecho a la vida; el derecho a la propiedad es, por lo mismo, un derecho natural y no una concesión.

Teniendo eficientemente definidos los derechos privados de propiedad los individuos pueden, en consecuencia ejercer los dos derechos que se derivan de la propiedad de recursos. El primero es el derecho a que cada quien utilice los recursos de su propiedad como mejor le convenga, siendo la única limitante al ejercicio de esta libertad no atentar en contra de los derechos de propiedad de terceros por lo que el homicidio, el robo, la violación, el fraude, etcétera tienen que estar prohibidos en el marco legal, sujeto a ser penalizado quien incurra en este tipo de delitos.

El segundo es el derecho que tiene cada individuo para, libremente, transferir el derecho de propiedad de un recurso a un tercero en una transacción enteramente voluntaria y con los términos del intercambio libremente acordados. Esto último requiere que exista la igualdad de oportunidades y la libertad de acceso a todos los mercados, sean estos de bienes, servicios o factores de la producción. Esto implica que los mercados tienen que operar en competencia siendo papel del gobierno minimizar las barreras de acceso a los mercados y perseguir y penalizar cualquier práctica anticompetitiva, sea esta privada o gubernamental. Mayores opciones para libremente elegir que bienes consumir y de quién adquirirlos deriva en un mayor nivel de bienestar individual y social.

Un elemento adicional de la democracia económica es que exista un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que proteja y garantice los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los violenten, incluidos actos de gobierno ya que, respecto de esto último, el gobierno no puede interferir en el ámbito privado más que para hacer cumplir las leyes vigentes. Así mismo, es papel del poder judicial garantizar el cumplimiento de los contratos y adjudicar las garantías establecidas en los mismos en caso de incumplimiento de alguna de las partes.

La evidencia internacional es contundente: países en donde rige con mayor vigor el Estado de derecho, en donde existen simultáneamente la democracia política y la democracia económica son también los que tienen un mayor nivel de progreso económico y social.

En México estamos muy lejos de vivir bajo un íntegro Estado de derecho pero en lugar de fortalecerlo, el presidente López tiene el propósito explícito de debilitar la democracia política cambiando arbitrariamente las leyes y las instituciones electorales, su “plan B”. De lograrlo, con certeza le seguiría con su corcholata favorita una menor democracia económica y un retroceso en el nivel de desarrollo económico, un empobrecimiento de la población. Defender la libertad y el Estado de derecho y aspirar a un futuro de mayor prosperidad pasa, necesariamente, por defender la democracia política de los embates tiránicos del presidente. La sociedad presionando y la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo valer su independencia tienen la última palabra porque lo que está en juego es la libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 30 de enero de 2023.