Defender la democracia

Todas las reformas electorales en México ocurrieron por exigencias de la oposición, fueron consensuadas entre todas las fuerzas políticas y se presentaron al Congreso después de ese proceso. Hoy es el Ejecutivo el que quiere una reforma y la envía al Congreso antes de negociarla. Es decir, no es una reforma que tenga como fin perfeccionar la democracia, sino impedirla.

Debería ser muy claro, pero parece que hay que explicarlo. López Obrador quiere una autoridad electoral a modo porque, de otra forma, no podría robarse la elección, que es lo que busca. Sabe perfectamente que no puede hacerse fraude en las elecciones que organiza el INE. Lo sabe porque en 2006 no hubo tal fraude, como siempre ha insistido. Si hubiese ocurrido en esa ocasión, podría repetirlo en 2024 y no necesitaría cambiar nada. No lo hubo entonces ni lo habrá nunca bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) y la participación de millones de ciudadanos.

Pero López Obrador sabe que no podrá ganar en 2024. Y como él afirma que nunca ha perdido, porque o gana o le robaron, le es indispensable robarse la elección presidencial próxima. Para ello tiene que destruir al INE. Lo intenta ahora con una reforma constitucional que, creo, no pasará. Lo hará mediante cambios legales, inconstitucionales, como lo hizo con la electricidad y la Guardia Nacional. En ambos casos, los jueces frenaron las leyes, y en el primero la Suprema Corte de Justicia Nacional no logró determinar la inconstitucionalidad de la ley, pero sí se juntaron votos suficientes para que cualquier recurso sea procesado con éxito. Si hacen algo parecido con la ley electoral, también se frenará en el Poder Judicial.

Vendrá entonces la elección de cuatro consejeros que reemplacen a quienes terminan su mandato. Para nombrarlos es necesario contar con dos terceras partes de los diputados, que no tiene López Obrador. Puede negociar con el PRI, pero negociar no es lo suyo. Tal vez no logren nombrar a esos consejeros, y tengamos que ir a la elección con un Consejo General debilitado. Peor aún, con toda seguridad no le darán presupuesto suficiente al INE para la organización de la elección de 2024.

Con todo, estoy seguro de que los mexicanos sabrán llevar adelante el proceso electoral. Con una reforma legal inconstitucional, con un consejo debilitado, con presupuesto mutilado, López Obrador cerrará así un sexenio deplorable, trágico. Después de contar con millones de votos, con la esperanza de los mexicanos, con todo en las manos para tener una presidencia exitosa, terminará con cientos de miles de muertos, billones más de deuda, obras faraónicas inútiles y con el intento, no visto en décadas, de robarse una elección presidencial.

Si usted cree que exagero, le pido que me explique para qué entonces quiere una reforma electoral. Si ganó, amplia y legítimamente, bajo este conjunto de reglas e instituciones, ¿por qué querría modificarlas? Lo hace porque sabe que sus candidatos, Claudia y Adán, no ganan ni de milagro. Lo hace porque sabe que el voto útil que le favoreció en 2018 ahora irá en su contra. Lo hace porque sabe que su frente político, su movimiento, se desmorona ahora gracias a sus errores, sus ocurrencias, su autoritarismo y su incapacidad.

Desde ya se ha empezado a organizar la sociedad para defender al INE. El respaldo ciudadano a esta institución es claramente superior a la popularidad presidencial que, como sabemos, no significa nada. La democracia permite que la población le dé la oportunidad a cualquiera de tomar las riendas del país, pero también le da el derecho de cambiar de opinión y corregir sus errores. Eso quieren hacer los mexicanos, y eso harán en 2024. López Obrador, quien jamás ha sido un demócrata, quiere impedirlo. Ahora que les gusta mucho la frase, no veo a nadie mejor para ilustrarla: traidor a la patria.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 28 de octubre de 2022.