Debilidad del Estado de Derecho

En el artículo de hace dos semanas señalé cuatro trabas al crecimiento económico: la creciente debilidad del estado de derecho, la ineficiente regulación que imponen significativas barreras de entrada y salida de los mercados, la regulación del sistema de seguridad social y la baja calidad del sistema educativo, mismo que analicé la semana pasada.

Este artículo lo destino a la creciente debilidad del Estado de derecho producto de las decisiones que ha tomado el presidente López quien, a pesar de haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, ha actuado bajo la premisa de que “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. El que hayan habido 35 controversias ante la Suprema Corte de Justicia Nacional por leyes inconstitucionales enviadas por el presidente al Congreso y aprobadas por unos legisladores serviles es el reflejo de lo que ha sido la destrucción institucional y la premeditada intención de minar el Estado de derecho, incluidas la democracia y la rendición de cuentas.

Un íntegro Estado de derecho contiene varios elementos. El primero es la definición en el marco legal de los derechos privados de propiedad, los cuales tienen tres componentes: el derecho a la posesión de bienes, el derecho que tienen los propietarios de los recursos de utilizarlos como más les convenga respetando siempre los derechos de propiedad de terceros y el derecho para transferir la posesión de un bien a un tercero a través de una transacción libre y voluntaria. Este tercer componente implica que los mercados operan en un contexto de competencia y ausentes de prácticas monopólicas sean privadas o gubernamentales, ya que por definición una transacción con un monopolio viola el principio de voluntariedad.

El segundo elemento es la protección de los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los violenten y esto incluye el papel del gobierno, su razón de existir, de proteger y garantizar la seguridad de los individuos y de su propiedad, persiguiendo y penando actos como homicidio, violación, robó, extorsión y fraude. Es por esta función que los agentes económicos privados están dispuestos a pagar impuestos.

Un tercer elemento es la existencia de un poder judicial independiente, imparcial eficiente y expedito. Este poder del Estado tiene entre sus funciones primero, garantizar el cumplimiento de contratos entre particulares y entre estos y el gobierno y segundo, de importancia suprema, proteger a los particulares de aquellas acciones gubernamentales que violenten cualquiera de los tres componentes de los derechos de propiedad.

Respecto de la definición de los derechos privados de propiedad, nuestro marco legal adolece de un defecto significativo. El artículo 27 constitucional establece que todos los recursos son propiedad de la nación, la cual tiene el derecho de transferirlos a los particulares es decir, la propiedad privada no es reconocida como un derecho natural sino como un derecho derivado. Además, en el mismo artículo se establece que la propiedad privada podrá ser expropiada por causa de utilidad pública sin especificar que deba entenderse por este término, por lo que el riesgo expropiatorio es notoriamente elevado. Al respecto, el gobierno del presidente López se embarcó en una significativa ola expropiatoria para llevar a cabo sus caprichos como el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas sin haber demostrado la utilidad pública ni la rentabilidad social de los proyectos, amén de otras expropiaciones y arbitrarias cancelaciones de proyectos de inversión privados.

Otra grave violación de los derechos privados de propiedad y el consecuente debilitamiento del Estado de derecho es el hecho de que el gobierno del presidente López así como los gobiernos subnacionales decidieron abdicar de su función principal que es la de garantizar la seguridad y la propiedad de los individuos. “Abrazos y no balazos” le dio campo libre a la delincuencia de todo tipo. Más de 185 mil homicidios en lo que va del gobierno aunada a una creciente ola delictiva que incluye extorsiones a los productores privados, violaciones, asaltos y robos de bienes privados como por ejemplo el creciente robo de trailers en las carreteras, todos ellos cometidos con una tasa de impunidad cercana al 95%. La recién aprobada reforma a la Ley de Amnistía que le otorga al presidente la facultad irrestricta para perdonar a cualquier delincuente es un factor que debilita aún más el Estado de derecho.

Otras decisiones y acciones del presidente López que han debilitado el Estado de derecho son las relativas al sector energético, mismas que han violentado los derechos privados de propiedad. Entre estos están ordenar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negar la entrada en operación de plantas privadas de generación eléctrica, la decisión de que sea solo Pemex quien pueda importar combustibles y otros derivados del petróleo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las importaciones de gas, favorecer a Pemex en el mercado interno de gasolinas y el frustrado intento (gracias al Poder Judicial) de favorecer a la CFE en generación de electricidad, todos ellos en abierta violación del artículo 28 constitucional y del T-MEC. También destaca la decisión del presidente de debilitar los dos órganos autónomos del Estado en materia de competencia económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), buscando inclusive su desaparición.

Una más que hasta ahora no ha progresado es la intención de eliminar la independencia del Poder Judicial de la Federación, buscando subordinarlo de facto al Poder Ejecutivo. De progresar, sería el último clavo al ataúd del Estado de derecho y los individuos y empresas perderíamos la protección que ahora tenemos en contra de actos gubernamentales que violenten nuestros derechos de propiedad (la cual ya se debilitó con la reciente modificación a la Ley de Amparo).

Reconstruir lo destruido por López y fortalecer el Estado de derecho, el gran pendiente para el próximo gobierno.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 5 de mayo de 2024.