¿Deben los Estados gestionar loterías?

Jeffrey A. Miron dice que mientras que para la mayoría de los bienes y servicios, los gobiernos dejan las decisiones de producción, distribución, venta y consumo en manos de particulares, pero que ese no es el caso con los juegos de azar en Estados Unidos.

Por Jeffrey A. Miron

Para la mayoría de los bienes y servicios, los gobiernos dejan las decisiones de producción, distribución, venta y consumo en manos de particulares o grupos privados.

Sin embargo, en el caso del juego, los Estados estadounidenses son esquizofrénicos. Históricamente, los gobiernos estatales prohibían todo tipo de juegos de azar. Sin embargo, en 1931, Nevada volvió a legalizar los casinos, lo que propició el regreso de las apuestas mutuales hípicas y de los casinos en algunos estados. En 1964, New Hampshire autorizó la primera lotería administrada por el estado, y 44 estados más eventualmente siguieron su ejemplo. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 en el caso Murphy contra la NCAA, 38 estados legalizaron las apuestas deportivas.

Por lo tanto, muchos tipos de juegos de azar son ahora legales (casinos, apuestas deportivas, carreras de caballos y más), sin embargo, las loterías privadas no son legales en Estados Unidos. Algunos estados han transferido las operaciones cotidianas a empresas privadas. Pero estas loterías siguen estando bajo control gubernamental, y las empresas privadas no pueden entrar en el mercado. El gobierno se beneficia de este monopolio, recaudando 24.400 millones de dólares del 49% de los estadounidenses que participan.

El tratamiento incoherente no tiene sentido; la política correcta es que los gobiernos no impongan límites a la oferta privada de actividades de juego, al tiempo que ellos mismos salen del negocio del juego.

El argumento a favor de la legalización es estándar: la prohibición lleva a los mercados a la clandestinidad, lo que provoca violencia y otros efectos adversos. Por ejemplo, cuando el juego era ilegal en Nueva York en la década de 1920, la práctica seguía estando muy extendida en los mercados clandestinos.

El argumento contra la provisión de loterías por parte del gobierno también es estándar: la provisión gubernamental no aborda ninguna externalidad plausible o fallo del mercado; en todo caso, fomenta la participación en una actividad que algunos consideran inmoral o adictiva. Los liberales descartan este último riesgo, pero siguen argumentando en contra de la provisión gubernamental.

El argumento de que las loterías generan ingresos es erróneo. El funcionamiento de las loterías parece una forma "gratuita" de recaudar ingresos porque los participantes eligen comprar billetes de lotería. Pero los gobiernos pueden gravar el juego privado del mismo modo que cualquier otra actividad.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 22 de noviembre de 2024.