Crisis sanitaria y económica
Gabriela Calderón de Burgos propone que el gobierno de Ecuador impulse una reforma laboral que de mayor flexibilidad al sector formal durante estos momentos de crisis, y que además reduzca el gasto público en varios rubros para concentrar más recursos en el sector de salud, en el de seguridad y en ayudar a los que más están siendo golpeados por las medidas de supresión.
Por Gabriela Calderón de Burgos
Ecuador ya estaba en medio de una crisis fiscal antes de que se presenten el coronavirus y la caída del precio del petróleo. Hay reformas estructurales que eran necesarias antes del coronavirus, pero lo son todavía más ahora que se ha agravado el estado de las finanzas públicas y cuando necesitamos que el estado tenga suficientes recursos para atender la crisis sanitaria, asistir a los más vulnerables e impulsar la recuperación económica.
Antes que aumentar el gasto, este debe reducírselo, sin descuidar o incluso fortalecer la salud y seguridad. Los mercados de capitales están prácticamente cerrados al país. El financiamiento que se ha logrado obtener de los multilaterales y de créditos bilaterales debería concentrarse en el esfuerzo de combatir la crisis sanitaria y amortiguar el golpe de las medidas de supresión para la economía.
Urge una mayor flexibilidad laboral. Muchos trabajadores preferirían sacrificar una porción de su sueldo temporalmente a tener que perder, quizás permanentemente, su trabajo. El marco legal no lo permite. El ejecutivo debería enviar un proyecto urgente a la Asamblea de reforma laboral que tenga como principio rector darle a las empresas y trabajadores una mayor libertad para negociar contratos laborales que ambas partes consideren beneficiosos, así no calcen en el modelo del código laboral vigente. La reforma laboral debería contemplar la contratación por hora, a tiempo parcial y otras modalidades de trabajo para estimular el mantenimiento y creación de empleos.
Adicionalmente, para que las empresas retengan a sus empleados, se debe rebajar la carga tributaria y crear incentivos. El impuesto sobre la renta corporativa para todas las empresas debería bajar a un 15% y para aquellas que retengan al 90% de sus empleados durante los próximos 3 años se les podría aplicar un impuesto de solo 5%.
Los consumidores ecuatorianos verán su bolsillo golpeado por gastos extra frente a la crisis e ingresos menores. Además, se enfrentarán a la escasez de ciertos productos. El gobierno puede aliviar esto eliminando unilateralmente todos los aranceles a las importaciones. También debería reducir barreras no arancelarias (normas del INEN) y eliminar el impuesto a la salida de divisas.
El gasto en sueldos del sector público debería volver a los niveles anteriores a la bonanza petrolera. Este debería reducirse en $2.000 millones —sin afectar los sectores salud y seguridad. Otro ahorro todavía más importante se podría lograr mediante una reestructuración de la deuda pública. Adicionalmente, se debe reducir el gasto en compras públicas, siendo Ecuador el país que más gasta en estas como porcentaje del PIB de América Latina. Finalmente, se debe aprovechar la caída de los precios de los combustibles para eliminar de una vez por todas su subsidio, lo cual elimina una conocida bomba fiscal.
Todas estas medidas servirán para estimular el crecimiento económico y para financiar el sistema de salud y la asistencia del estado a sectores de la población más vulnerables frente a las medidas de supresión —como los informales y beneficiarios del bono de desarrollo humano. Cualquier ahorro o recurso de una nueva deuda poco servirá si el gobierno no tiene una agenda coherente que permita la recuperación económica y, a su vez, atender las necesidades extraordinarias de la actual crisis.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 27 de marzo de 2020.