Criminales mexicanos, ¿armas estadounidenses?

¿Ayudó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a crear su propia crisis?

La próxima vez que los defensores del control de armas destaquen la violencia en México y pidan más restricciones a la venta de armas o revivir la prohibición de las armas de asalto, deberían considerar que el problema puede no estar en las leyes vigentes, sino en aquellos que las hacen cumplir.

Varios medios de comunicación —entre ellos CBS News, Los Angeles Times, y el Center for Public Integrity— han denunciado el comportamiento escandaloso de algunos en la ATF. El senador Chuck Grassley (Republicano por Iowa) está investigando las acusaciones de que supervisores de la ATF le ordenaron a agentes que permitieran a los traficantes de armas pasar cargamentos por la frontera. Dos de esas armas aparecieron en un tiroteo en el que murió un agente de la Patrulla Fronteriza.

El agente especial de la ATF John Dodson dice que los agentes de la oficina de Phoenix recibieron la orden de dejar que traficantes de armas conocidos compraran armas. El plan, Operación Rápido y Furioso, estaba destinado a ayudar a los investigadores a seguirle la pista a traficantes de armas de poca monta para llegar al liderazgo de los carteles. Eso podría justificar el permitir que algunas compras ilícitas pasen por debajo de la mesa, pero los agentes dicen que el número de pronto escaló a cientos y miles.

Lo agentes advirtieron a sus superiores sobre la cantidad de ventas y el aumento de la violencia en la frontera, pero se les dijo que la operación había sido aprobada por la sede de la AFT. También se les dijo que si no les agradaba la idea, podían buscar empleo en el Condado de Maricopa como oficiales de detención, con un salario anual de $30.000.

Dodson dio a conocer esta información luego de enterarse que dos de las armas de fuego aparecieron en la escena del crimen, un remoto valle donde el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado en un intercambio de disparos. Dodson dio una emotiva entrevista a la reportera Sharyl Attkisson, para las cámaras de CBS, claramente perturbado por el asesinato de Terry.

La presunta mala conducta de la ATF es aun más preocupante cuando se considera en el contexto de la guerra contra las drogas en México. El problema, sin embargo, no son los comerciantes legales de armas en EE.UU.

Los medios de comunicación —por ejemplo, Reuters— han informado ampliamente que “nueve de cada diez armas” encontradas en las escenas de crimen en México provenían de comerciantes de armas estadounidenses, pero esta afirmación ha sido refutada: la estadística toma en cuenta sólo las armas rastreadas por el FBI. Tal seguimiento es posible sólo si las autoridades mexicanas le entregan un arma al FBI y solamente entregan armas que fueron diseñadas para el mercado civil estadounidense (el único tipo de arma que el FBI está equipado para localizar). Una vez que todas las armas recuperadas en México se incluyen, sólo el 17 por ciento procede de comerciantes estadounidenses.

Hay un montón de lugares donde los carteles pueden comprar armas además del mercado al por menor de EE.UU. Una buena porción de las armas mostradas a la prensa no pueden ser compradas legalmente en EE.UU. sin la aprobación de la ATF y el principal oficial de la policía en la localidad (como sucede con los rifles de cañón corto, por ejemplo). Las granadas propulsadas por cohetes y las nuevas ametralladoras no están disponibles en las ferias de armas. Más controles de armas impuestos a los usuales compradores estadounidenses no tendrían ningún efecto sobre la capacidad de los carteles de comprar estas armas de calibre militar.

Para adquirir tales armas, los carteles colocan anuncios de reclutación para convencer a los militares y a los policías mexicanos de que abandonen sus puestos de trabajo y miles lo han hecho con armas en las manos. Las guerras pasadas en Latinoamérica también han creado un mercado negro saludable, del cual los carteles pueden aprovecharse. Todavía queda la cuestión de las exportaciones estadounidenses de armas, pero estas, cuando son legales, son supervisadas por el Departamento de Estado.

El Congreso debería poder asumir que las leyes de control de armas vigentes ya están siendo aplicadas. Ese no parece ser el caso. El Congreso debería averiguar por qué y el público debería considerarlo la próxima vez que el Procurador General Holder o el presidente mexicano Felipe Calderón digan que una nueva prohibición de armas de asalto es necesaria.

Este artículo fue publicado originalmente en National Review Online (EE.UU.) el 21 de marzo de 2011.