Crimen económico

Desde que fue promulgada la Constitución en 1917, tal como se redactó originalmente el artículo 27, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos son del dominio directo de la Nación; son propiedad de los mexicanos (para que no les vengan con el cuento de que Cárdenas lo expropió para “beneficio de todos los mexicanos”).

Dado que los hidrocarburos en el subsuelo son de nuestra propiedad, está en nuestro interés obtener, socialmente, el mayor beneficio posible de su extracción. Está en nuestro interés y de las generaciones futuras de mexicanos que la riqueza no renovable que está en el subsuelo, a la hora de extraerse se transforme en otra forma de riqueza física y humana, una que genere un flujo continuo y creciente de ingreso. La pregunta entonces es cuál es el uso que se le tiene que dar a la renta petrolera, definida como la diferencia entre el precio de venta del petróleo y gas y los costos totales de extracción.

Como apunté, los hidrocarburos en el subsuelo forman parte de la riqueza nacional, pero son un recurso que a medida que se va extrayendo se va agotando. Así, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas ascienden a 8.000 millones de barriles de petróleo equivalente, lo que implica que a la tasa de extracción actual la reserva probada se agotará en aproximadamente nueve años. México nunca fue, no es y menos aún será un país petrolero.

Entonces, dado que las reservas se irán paulatinamente agotando, desde un punto de vista de política pública y partiendo de que el objetivo es maximizar para los mexicanos el rendimiento presente y futuro de esa riqueza no renovable, es que la renta petrolera se tiene que utilizar únicamente para convertir la riqueza petrolera no renovable en riqueza renovable; solo hay tres destinos posibles.

El primero es destinar una parte de la renta petrolera a invertir en proyectos de infraestructura como transportes, comunicaciones, infraestructura urbana y transmisión de electricidad que tengan una tasa de rentabilidad social positiva, una tasa que más que cubra el costo de oportunidad social de los fondos públicos (con este criterio ninguno de los tres proyectos insignia de este gobierno, el aeropuerto, el tren maya y la refinería, lo cumplen). Si no hay proyectos de inversión que cumplan con este requisito, los recursos deberán invertirse en un fondo que genere intereses.

El segundo destino es invertirlo en el sistema educativo que atiende a la población infantil y juvenil es decir, convertir la riqueza petrolera en capital humano. Es esencial para ello que el diseño del sistema educativo sea uno que privilegie un servicio educativo de alta calidad y que dote a los alumnos de un conjunto de conocimientos y herramientas que se traduzcan en una alta productividad cuando se incorporen al mercado laboral, no uno dedicado a adoctrinar a los alumnos. Tiene que ser un sistema en donde tanto alumnos como profesores sean continuamente evaluados como requisito para corregir deficiencias y fallas en la instrucción y el aprendizaje.

Finalmente, un tercer destino es constituir un fondo de recursos que puedan ser utilizados para solventar déficits inesperados, significativos y transitorios en las finanzas públicas o en nuevos proyectos con una alta tasa de rentabilidad social. Este es el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, mismo que este gobierno decidió utilizarlos casi en su totalidad para financiar tres proyectos con valor presente social negativo.

Canalizar la renta petrolera a estos destinos tiende a garantizar que la riqueza no renovable se transforme en riqueza renovable, una que incremente el potencial de crecimiento de la economía que a su vez se traduzca en flujos crecientes de ingreso nacional. Por el contrario, usar la renta petrolera para financiar proyectos con rentabilidad social negativa, como lo está haciendo este gobierno, es destruir parte de la riqueza nacional. Un crimen económico.

Hay además otro crimen económico del cual el presidente López está tan orgulloso de perpetrarlo que hasta se lo presumió al presidente Biden: utilizar la renta petrolera para subsidiar la gasolina y peor aún no solo para los automovilistas mexicanos, también para los estadounidenses. López debe pensar que los mexicanos somos tan ricos que destruir la riqueza petrolera en subsidios a la gasolina es un lujo que podemos darnos. Criminal.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 18 de julio de 2022.