Costa Rica: ¿Reforma fiscal o paquete de impuestos?

Si bien en campaña afirmó que no hablaría de más impuestos mientras la economía se encontrara débil, la presidenta Laura Chinchilla y su ministro de Hacienda, Fernando Herrero, están a las vísperas de presentar un ambicioso paquete tributario, aun cuando los principales indicadores de actividad económica muestran signos preocupantes de desaceleración. Las razones de por qué nos encontramos en una seria situación fiscal —y si la solución del gobierno es la adecuada— merecen un amplio debate este año.

Primero hay que aclarar que el agudo déficit fiscal del país —el más grande de América Latina según la Cepal— ha sido ocasionado por un aumento desmedido en el gasto público en los últimos tres años, y no por una caída en el ingreso como lo ha querido presentar el ministro Herrero.

De hecho los ingresos del gobierno central como proporción del PIB cayeron en apenas un 7% del 2008 al 2010, mientras que el gasto aumentó durante dicho período un 28,7% —un incremento sin parangón en los últimos 30 años—.

Por lo tanto, cualquier solución al problema fiscal debe necesariamente empezar por controlar el aumento en el gasto público, ya que de otra manera los nuevos impuestos serán destinados a pagar más gasto y el país continuará por la misma senda de inestabilidad fiscal.

Incremento del gasto

Lamentablemente, la administración Chinchilla no da muestra alguna de austeridad: el presupuesto ordinario para el 2011 —el primero elaborado por este gobierno— incrementa el gasto un 10% en términos reales con respecto al año anterior.

El ministro Herrero aún no ha presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley tributaria, pero sus principales componentes son esbozados en una presentación suya titulada “Un tributo a Costa Rica: Hacia una propuesta de reforma fiscal”. El contenido de esta sirve para comprobar que lo que pretende el gobierno no es una reforma fiscal comprehensiva que resuelva de manera definitiva los problemas financieros del país, sino que se trata de un simple paquete de impuestos que en el mejor de los casos serviría de parche para reducir el déficit fiscal en el corto plazo, sin siquiera aspirar a eliminarlo.

Tan solo veamos los números: según datos de la Contraloría General de la República, los ingresos fiscales en el 2010 equivalieron a un 14,8% del PIB, mientras que los gastos representaron un 20,2%. Aun si el proyecto tributario de Herrero alcanzara su objetivo de elevar la recaudación en un 2,5% del PIB —lo cual es una gran suposición dados los antecedentes de otros paquetes de impuestos— la brecha entre ingresos y egresos es tan amplia que dejaría un déficit fiscal significativo. Peor aún, este se agravaría rápidamente si, como lo indica la evidencia, el gobierno es incapaz de escapar de la presente vorágine de gasto.

Prueba de ello es que de las 32 diapositivas de la presentación de Herrero, tan solo dos hacen referencia al gasto público (el resto hablan de aumentar impuestos): la primera indica que una reducción estructural del gasto equivalente al 2% del PIB implicaría ya sea la eliminación del 25% de la planilla estatal, el cese en el pago de intereses sobre la deuda, o el desembolso de únicamente el 15% de las pensiones, entre otros escenarios fatalistas.

De esta forma, Herrero descarta cualquier recorte substancial de los egresos, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido el más grande de la historia moderna de Costa Rica. En la segunda diapositiva, Herrero limita su compromiso de control del gasto a decir que en los próximos años los “gastos corrientes” crecerán a la misma tasa del PIB, es decir, simplemente restringirá su aumento al ritmo de crecimiento de la economía.

Curiosamente, Herrero solo menciona el “gasto corriente”, dejando de lado al “gasto de capital”, que a partir del presupuesto del 2011 —gracias a una triquiñuela contable de Hacienda tendiente a evadir las disposiciones legales sobre control del déficit— incluye además egresos en educación, salud y vivienda. De tal forma, una proporción cada vez mayor del gasto público quedaría fuera del dizque compromiso gubernamental de controlar los egresos.

Poco creíble

Resulta poco creíble el argumento de Herrero de que recortar el gasto público causaría una seria conmoción social. En los últimos meses y años hemos sido expuestos a una gran cantidad de noticias que demuestran el alto nivel de despilfarro y abusos en el sector público: en el 2009 nos enteramos de la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, un ente que en el gobierno pasado había gastado más de $27 millones en “asesorías de puentes” sin haber arreglado uno solo.

Instituciones obsoletas como el IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal), IDA (Instituto de Desarrollo Agrario), CNP (Consejo Nacional de Producción), etc., le generan pérdidas al fisco todos los años en el orden de los miles de millones de colones sin que nadie proponga cerrarlas. Tan solo en diciembre pasado el gobierno les dio plaza permanente a 5.000 empleados interinos (antes de anunciar el “congelamiento” del empleo público para el 2011). También se anunció que el gobierno le inyectará $2,6 millones a Coopemontecillos (una empresa privada con amplias influencias en el partido oficial, el Partido Liberación Nacional) para que modernice sus instalaciones. Los ejemplos de gastos superfluos son abundantes y la administración Chinchilla no muestra la más mínima voluntad para eliminarlos. ¿Con qué legitimidad puede entonces pedirle a los costarricenses más impuestos?

Una “reforma fiscal” que no contemple medida alguna de reducción del gasto público —el principal factor detrás del elevado déficit— constituye un simple y llano paquete de impuestos. Además, se trata de un proyecto contraproducente que no solucionará la delicada situación fiscal del país y más bien promete agravarla. Como ha dicho el comediante político estadounidense P.J. O’Rourke, darle más impuestos a un gobierno que gasta a manos llenas es como darle alcohol y las llaves del carro a un adolescente. Simplemente no se hace.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 14 de enero de 2011.